Rogelio Soto Ibarra
Expediente 1093/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Rogelio Soto Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, dado que éste es de orden público, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En sentencia dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes le devolviera la cantidad de... En proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de mérito, sin que hubiese sido necesario requerir a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve informó sobre dicho cumplimiento, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento, la que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se advierte que: La ejecutoria de que se trata quedó cumplida, en virtud que el delegado de la Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, acreditó que el diecinueve de agosto del año en curso, hizo entrega al representante legal de la quejosa de un cheque por la cantidad de... En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se determina lo siguiente: El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha transcurrido, sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. -Vista 3 días cumplimiento- Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el delegado de la Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes y anexos, con el que se da cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector y remite las constancias relativas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. (III)
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1093/2019-III, promovido por Rogelio Soto Ibarra, contra actos del Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes; y, RESULTANDO Fecha de presentación de la demanda en la Oficialía de Partes Común: dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Nombre de la parte quejosa: Rogelio Soto Ibarra. Autoridad responsable: Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. Actos reclamados: Cobro de derecho de alumbrado público. Auto de admisión: veintidós de julio de dos mil diecinueve. Señaló antecedentes: SÍ Existe tercero interesado: NO Se le dio intervención al Ministerio Público. SÍ Se solicitó informe justificado: SÍ Se fijó fecha de audiencia constitucional: SÍ Se solicitó incidente de suspensión: NO CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del Acuerdo General 18/2017, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde este órgano de control de la constitucionalidad ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Certeza o negativa del acto reclamado. El Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes negó la existencia del acto que se le reclamó. Sin embargo, su negativa queda desvirtuada porque dicho tema fue abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 92/2006-SS., entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la que consideró que si la Comisión Federal de Electricidad actúa en un plano de coordinación y como auxiliar de la administración municipal correspondiente, es inconcuso que es precisamente al Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría correspondiente, que resulta ser la de Finanzas Públicas, en quien recae la atribución del acto que se le reclama como cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si la parte quejosa acompañó a su demanda el aviso recibo relativo al servicio 109 081 204 979 y reporte de pago de servicios correspondiente que obran dentro del sumario, y de los que se aprecia que el once de julio de dos mil diecinueve realizó el pago del derecho de alumbrado público correspondiente; es inconcuso que se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, la Hacienda Pública se administrará libremente por el Ayuntamiento y el único órgano facultado para recibir los ingresos y canalizar los egresos, será la Secretaría de Finanzas y sus cajas recaudadoras; de tal manera que, como se dijo, corresponde a la autoridad responsable recaudar el importe respectivo. Por ende, la negativa que realiza la autoridad responsable de haber emitido el acto que aquí se reclama queda desvirtuada. TERCERO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer motivos de improcedencia y este juzgador no advierte, de oficio, la actualización de alguno. CUARTO. Consideraciones preliminares. Previamente a abordar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, mediante los cuales controvierte el acto concreto del cobro del Derecho de Alumbrado Público, se exponen las siguientes consideraciones. Para justificar el cobro y pago del derecho de alumbrado público, la parte quejosa exhibió como pruebas de su intención el aviso recibo relativo al servicio 109 081 204 979 y reporte de pago de servicios correspondiente; documentales a las que se confiere valor probatorio de indicio, conforme a los numerales 133, 197 y 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; que adminiculadas generan convicción de que la parte quejosa realizó el pago por concepto de derecho de alumbrado público. Al resultar procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de cobro y pago del derecho de alumbrado público, se procederá a analizar la constitucionalidad del mismo. QUINTO. Estudio de fondo. La parte promovente argumenta esencialmente que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional. Lo sintetizado es fundado. El artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y, por su parte, el 115, fracción III, inciso b), prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno. Por su parte, el Máximo Tribunal ha sostenido que si en las leyes locales se incluye una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual está reservado al Congreso de la Unión, acorde con lo prescrito en el artículo 73, fracción X y XXIX, párrafo 5°, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esas normas invaden la esfera y atribuciones exclusivas de la Federación, en lo relativo al legislar y aplicar sobre contribuciones en materia de energía eléctrica. Sobre el tema, se inserta la jurisprudencia P./J. 6/88, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 134, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." En consecuencia, al haberse establecido criterio jurisprudencial temático sobre el particular, el cual sigue vigente de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 fracción I, de dicha ley. Ahora, el derecho por servicio de alumbrado público en el municipio de Aguascalientes se forma con una unidad normativa derivada de los artículos 138 y 138 Bis de la Ley de Hacienda del municipio de Aguascalientes y la correspondiente ley de ingresos municipal, en el caso lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Ingresos del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2019; al disponer, en el orden indicado: "Artículo 138.- Los Derechos a que se refiere este capítulo se causarán y liquidarán de acuerdo a las tarifas que la efecto establece la Ley de Ingresos del Municipio. (ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 1995) Artículo 138 bis.- Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1,2,3,OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994. Los derechos de alumbrado público se cubrirán en un 10% del importe de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de este derecho; los importes que resulten será (sic) recaudados por conducto de la Comisión Federal de Electricidad adicionando su monto en las facultades de los consumidores. Mensualmente la Comisión Federal de Electricidad presentará estado de cuenta de las aplicaciones al Ayuntamiento para su análisis y aprobación". "Artículo 93. En la determinación del Derecho de Alumbrado Público se observará lo dispuesto en la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, en relación a que para su cobro se atienda a la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad y a las siguientes consideraciones: I. Es objeto de este Derecho, la prestación del servicio de alumbrado público, se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga en los sitios contemplados en el artículo 138 bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. II. Serán sujetos del pago de Derecho de Alumbrado Público, los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público, consumidores de energía eléctrica clasificados en las Categorías Tarifas DB1, DB2, PDBT, GDBT, GDMTH, GDMTO, DIST y DIT. III. La base de este Derecho no podrá exceder de un 10% del importe de energía eléctrica, mismo que serán recaudados a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple dicha dependencia en los términos de sus atribuciones. IV. La base a que se refiere la fracción III, de este Artículo, se aplicará al consumo de energía eléctrica de las redes de alumbrado público del Municipio de Aguascalientes, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza, mantenimiento y renovación del alumbrado público y luminarias. V. El Derecho de Alumbrado Público se causará de acuerdo con lo que se disponga la presente Ley y de conformidad a la normatividad de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes." Del contenido de los citados dispositivos legales se observa que entre ellos tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la determinación de los componentes del derecho por servicio de alumbrado público, pues en los últimos dos preceptos se determinan los elementos del tributo, con remisión expresa del primero de los artículos invocados a la ley de ingresos correspondiente, para la determinación o liquidación de la tarifa o tasa correspondiente al citado derecho, la que se determina precisamente en el artículo 93 invocado. En ese sentido, el artículo 93 de la ley de ingresos, establece como sujetos pasivos de la obligación tributaria a los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público, consumidores de energía eléctrica clasificados en las Categorías Tarifas DB1, DB2, PDBT, GDBT, GDMTH, GDMTO, DIST y DIT. También se obtiene del precitado numeral 93, fracción III, que la tasa de este derecho no puede exceder de un 10% del importe de energía eléctrica, mismo que será recaudado a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple en los términos de sus atribuciones. Por lo tanto, es evidente que los invocados preceptos establecen una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de derecho, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público que presta el Municipio. No obstante, la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho se rompe con el contenido del artículo 93, en especial, en la fracción III, de la ley de ingresos referida, al regular que la base para el cálculo de este derecho son los consumos de energía eléctrica, a los que se aplicará una tasa que no podrá exceder de un 10%. De ello se advierte que se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad, denotativo de capacidad contributiva ajeno a la actividad del ente público y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energía. Este conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es el que servirá para el cálculo del tributo, que se liquidará con base en el consumo de energía eléctrica e irá variando según aumente o disminuya dicho consumo. El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine. Por tanto, no obstante que se denomina a la contribución de mérito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal. En similar sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 25/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, marzo de 2004, página 317, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." En consecuencia, lo que procede es conceder la protección constitucional para los siguientes efectos. SEXTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 77, fracción I, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional solicitado por Rogelio Soto Ibarra, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, consistente en el cobro de derecho de alumbrado público, efectuado por $8,015.83 (ocho mil quince pesos 83/100 moneda nacional) respecto al servicio 109 081 204 979, con fecha de facturación de treinta y uno de mayo a treinta de junio de dos mil diecinueve. De tal forma que se le deberá devolver a la parte quejosa dicho monto que enteró por derecho de alumbrado público. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73,74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rogelio Soto Ibarra, contra el acto reclamado consistente en el pago del derecho de alumbrado público que le atribuye a la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, para los efectos precisados en el sexto considerando de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la secretaria Ana Carolina Reyna Schulte, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 1093/2019-III. Juez Secretaria Sofía
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -Delegados y domicilio- Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa, y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto.(III)
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