Rogelio Silva Juárez

Expediente 607/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
607/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Silva Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 23 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO Y EL PROVEÍDO DE 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "(SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 23 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO) VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 607/2022, promovido por., contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, se admitió a trámite el asunto, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió el informe justificado, y se señaló parte tercera interesada. El representante social de la Federación adscrito no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, se apersonó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: A) Ostentándose tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil 55/2021, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, el auto que solicitó el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva y su requerimiento, para ejecutar la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis ubicado en ..., con motivo de lo sentenciado en el procedimiento del que aduce no ser parte. B) La reserva de la tercería coadyuvante que promovió en el controvertido natural. TERCERO. Existencia. El Juez Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias allegadas de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. I. El tres de marzo de dos mil veintiuno, ... promovió juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión) en contra de ., demandando la declaración judicial de que tiene mejor derecho para poseer el departamento ..., en consecuencia la desocupación y entrega del inmueble, así como el pago de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) como indemnización de la reparación del daño y los gastos y costas del juicio. II. El once de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda por el Juez Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, bajo el expediente., III. Previa declaración de rebeldía, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva condenatoria. IV. Dicha resolución fue confirmada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca., V. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se requirió a la demandada el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva. VI. El veintiséis siguiente, se asentó la imposibilidad para realizar tal requerimiento, en virtud de la negativa de las personas que se encontraban en el inmueble. VII. Misma imposibilidad tuvo lugar el ocho de junio de dos mil veintidós. VIII. Por escrito de ocho de abril de dos mil veintidós., promovió tercería coadyuvante y de asociación con la parte demandada, en la que solicitó la declaración judicial de que tiene mejor derecho para poseer el bien que la actora. IX. Mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós se reservó tal ocurso, para ser acordado una vez que obren los autos principales a la vista del juzgador, pues se precisó que fueron enviados a la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México. X. Conviene señalar que., promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la resolución que confirmó la sentencia definitiva, además de no haber sido llamado al procedimiento natural y se ostentó como tercero extraño por equiparación, respecto de lo cual el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se declaró legalmente incompetente, por lo que de ello conoció el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien tuvo por no presentada tal demanda. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. Previo a determinar lo conducente, debe precisarse que los actos que reclama el quejoso requieren una separación por cuanto a su estudio, toda vez que por un lado, se duele de cuestiones inherentes al juicio natural y de otro, respecto de la tercería coadyuvante que promovió. Así, tales actos reclamados derivan de procedimientos autónomos, donde la materia de la controversia es distinta, pues incluso la tercería se tramita por cuerda separada. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2005051, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 498, que señala: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Ahora bien, se actualizan las causales de improcedencia de tales actos según su naturaleza. I. Con relación al acto en el que se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México controvierte el auto que solicitó el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva y su requerimiento, para ejecutar la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis ubicado en ..., con motivo de lo sentenciado en el procedimiento del que aduce no ser parte. Se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que la peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE."1 El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, intitulada "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."2 En el particular, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México y reclama particularmente el auto que solicita el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva y su requerimiento, para ejecutar la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis ubicado en ..., con motivo de lo sentenciado en el procedimiento del que aduce no ser parte. Por tanto debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho de posesión que afirma fue infringido con el acto reclamado. Para solventar esa carga procesal, manifestó que es poseedor del inmueble materia del litigio, lo cual puede ser materia de 1 Consultable en la página 582, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995. 2 Visible en la página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; de título: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." 3 Que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho No obstante, el accionante de amparo omitió allegar elementos de convicción idóneos con los que acredite de forma fehaciente tener el derecho de posesión sobre el inmueble materia de la litis, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. Es así, en razón de que no se aportaron pruebas que revelen algún derecho a su favor respecto del inmueble ubicado ..., del que afirma tener derechos. Sin que sea óbice las documentales anexas a la demanda, consistentes en la copia certificada del instrumento notarial 34,819, mediante la cual., realizó su testamento público abierto, en el que se instituyó como herederos a., y ., Ello, pues en primer lugar la sola declaración de la autora de la sucesión no tiene los alcances de justificar su interés jurídico, pues para ello debieron aportarse otros medios de convicción en los que conste por ejemplo, la aceptación de la herencia, al tratarse de una expectativa del derecho, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado; es así, dado que existe la posibilidad de que aun nombrado como tal, ceda consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 36/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 178449, Novena Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, que señala: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Asimismo, tal documento es insuficiente para sostener plenamente que esa localidad es parte de la masa hereditaria porque no se identificó a tal inmueble dentro de esa declaración de voluntad, es decir, no se advierte un derecho sobre el predio que pretende defender. 12 Sin que pase inadvertido que se encuentra una copia de la credencial para votar de la de cujus, en la que se aprecia como su domicilio el ubicado en ..., en virtud de que tal documento solo sirve para ejercicios electorales y no representa derechos sobre el bien. Aunado a que dichas localidades difieren en el nombre de la colonia del inmueble de mérito, pues en el juicio de origen lo es el ubicado en ...; mientras que el quejoso refiere en su demanda el que se encuentra en ...; y, el que se advierte en el aludido testamento corresponde a ...; todos de la Alcaldía .... Con relación al comprobante del impuesto predial, este solo acredita la circunstancia de pago de un impuesto federal respecto del predio en comento. Y con relación al folio real número ..., del bien ubicado en ..., solo prueba la inscripción del inmueble ante el registro público de la propiedad y el comercio, en razón de que lo ahí asentado, únicamente se trata de inscripciones declarativas, no así constitutivas de derechos. Es aplicable la Jurisprudencia VI.2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Registro digital: 204711, Novena Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 306, que señala: "COMPRAVENTA, LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ EN LOS CONTRATOS DE. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad no constituye un elemento esencial de validez en los contratos de compraventa ni en los actos solemnes como los testamentos, a virtud de los cuales se opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque como lo sostiene la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias entre las que puede citarse la pronunciada en el diverso amparo número., promovido por., la inscripción en el Registro Público de la Propiedad según la legislación mexicana, no significa traslación de dominio como acontece en Alemania y en Suiza, donde se considera la inscripción como constitutiva de derechos, siendo en México puramente declarativa, ya que la traslación de dominio se hace por el acto jurídico celebrado entre las partes y la inscripción no es más que la declaración de lo que se realizó en ese acto." Además de que, dicha captura refiere un inmueble distinto al que pretende defender el quejoso, pues la colonia es diversa. Por lo que, si el peticionario prescindió de exhibir un documento de fecha cierta, que acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. Luego, con los documentos exhibidos por la parte quejosa, no es dable tener por acreditada la causa generadora de la posesión que ostenta sobre el inmueble litigioso, pues no se reúnen las características referidas en párrafos previos. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO." 4 Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin 4 Consultable en la página 1787, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito."5 Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente el impetrante tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil 5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, Novena Época, Materia Civil. común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional."6 Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, la documental 6 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de Febrero de 2002, página 5, en materia civil, de la novena época, con número de registro ofrecida por la parte quejosa es insuficiente para demostrar la posesión que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés."7 Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado 7 Publicada con el número 297, visible en la página 245 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso."8 Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por cuanto a dicho acto. II. Respecto a que el impetrante señala como reclamo la reserva de la tercería coadyuvante que promovió en el controvertido natural; es improcedente el juicio toda vez que se actualiza la causal a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia 8 Visible con el número 853, en la página 581, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. 9 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de constitucional, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado, partes vinculadas y estado procesal del controvertido de origen, no se actualizan, pues la quejosa ha participado en el proceso natural al promover la tercería coadyuvante. Por ello, previo a la instauración del amparo, el accionante está obligado a agotar el recurso de apelación, para combatir la determinación reclamada; lo anterior, en términos de los artículos 688, 696, 950, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad10. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" 10 "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. [.] Artículo 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. [.] ARTICULO 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Es así, porque de los numerales citados deviene que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el proveído destacado, pues por medio de éste se puede obtener una sentencia donde se determine su confirmación, revocación o modificación; por lo que al no haberse agotado, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la referida causal de improcedencia. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.I.C. J/100 C (10a.), de la Décima Época, emitida por los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, página 1790, Materias(s): Civil, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR REGLA GENERAL, CONTRA RESOLUCIONES QUE OMITAN ACORDAR UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LA JURISPRUDENCIA EXENTEN DE SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el recurso de apelación procede no sólo contra los autos que determinen una situación jurídica específica que perjudique a alguna de las partes en la controversia, sino también cuando en ellos exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador al dictarlos y con ello se agravie al justiciable; medio de impugnación cuyo agotamiento estará exento de interponerse en los supuestos en que la ley o la jurisprudencia obligatoria lo prevean, en atención a la naturaleza del acto reclamado, a la materia de la controversia o a las partes involucradas en el procedimiento respectivo." En el caso, el acto reclamado es el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós donde se reservó la tercería coadyuvante que planteó el quejoso, para ser acordado una vez que obren los autos principales a la vista del juzgador, pues se precisó que fueron enviados a la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México. Proveído que debió impugnarse a través del recurso de apelación señalado, en razón de que es el medio eficaz para controvertir alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador al emitir su determinación y con ello se agravie al justiciable, como se advierte de la Jurisprudencia PC.I.C. J/100 C (10a.), Registro digital: 2021500, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, página 1790, que señala: "RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR REGLA GENERAL, CONTRA RESOLUCIONES QUE OMITAN ACORDAR UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LA JURISPRUDENCIA EXENTEN DE SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el recurso de apelación procede no sólo contra los autos que determinen una situación jurídica específica que perjudique a alguna de las partes en la controversia, sino también cuando en ellos exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador al dictarlos y con ello se agravie al justiciable; medio de impugnación cuyo agotamiento estará exento de interponerse en los supuestos en que la ley o la jurisprudencia obligatoria lo prevean, en atención a la naturaleza del acto reclamado, a la materia de la controversia o a las partes involucradas en el procedimiento respectivo." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto del acto precisado. SEXTO. Disposiciones para garantizar el acceso a la justicia. De acuerdo al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad y tomando en consideración lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, en cuanto a que su grado de visión es nula, el suscrito, como ajuste razonable, determina que: I. El impetrante deberá señalar por escrito o por comparecencia, dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de esta sentencia, si tiene conocimiento del sistema braille, es decir, si sabe leerlo. II. En caso de que lo anterior resulte afirmativo, se ordena la implementación del sistema de escritura braille de la presente resolución, debiendo remitirse de manera inmediata al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que sea transcrita en tal alfabeto, a fin de que una vez hecha la traducción, sea notificada al peticionario de amparo. III. De ser negativo, esta sentencia deberá notificarse personalmente al quejoso, dándose lectura integral de la misma. Asimismo, se reiteran los ajustes señalados durante la tramitación del presente juicio de amparo, consistentes en: 1. A petición del quejoso, se le dará lectura y será explicada cualquier determinación que se dicte dentro del presente juicio, en el recinto de este órgano jurisdiccional; para lo cual se le expedirán las autorizaciones necesarias para facilitar su ingreso al juzgado. 2. Dado que el accionante en su demanda no autorizó profesionistas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia, sino únicamente para oír y recibir notificaciones, queda expedito su derecho para indicar se le proporcione un defensor de oficio del Instituto de Defensoría Pública. 3. Todas las notificaciones personales que se emitan en la secuela del presente juicio, se les dará lectura, por parte del actuario o secretario, en caso de entenderse directamente con el quejoso, a fin de entéralo debidamente de la determinación relativa. 4. Se empleará por parte de la actuaría el correo electrónico proporcionado para darle aviso de las notificaciones por lista emitidas; aclarando que ello no convalida la notificación por ese medio, pues esto se entiende solo como un medio de informar sobre la existencia de una determinación que carece de notificación personal. Lo anterior, pues debe garantizarse que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil, como en el caso es la presente resolución. Es aplicable la Tesis: 1a. CCXVI/2018 (10a.) Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2018631, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 309: "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS DIMENSIONES JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL. Para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza un lenguaje amplio y robusto, que implica la obligación del Estado de que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que aquéllas puedan participar efectivamente en los procedimientos, ya sea directa o indirectamente, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, la autorización que prevé el artículo convencional citado de utilizar "incluso mediante ajustes de procedimiento" para garantizar ese derecho, indica no sólo que no están prohibidos otros tipos de ajustes o medidas, sino que su implementación es obligatoria mientras sean necesarios y razonables para lograr el pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y la posible afectación a derechos de terceros. Ahora bien, el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo referido tiene tres dimensiones que el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su acceso a la justicia sea efectivo. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por., contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en esta resolución.". "(PROVEÍDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022) Glósese la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta las imposibilidad que tuvo para notificar al vigilante o administrador del edificio ubicado en la localidad que refiere el proveído de ocho de diciembre del año en curso, por las razones que expresa, en consecuencia, túrnese nuevamente los autos al Actuario del juzgado para que se constituya nuevamente en el domicilio1, a fin de notificar al quejoso Rogelio Silva Juárez la sentencia de veintitrés de noviembre del año en curso. Ahora bien, de acuerdo al numeral 21 último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que practique la diligencia encomendada.".

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