Rogelio Silva González
Expediente 584/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rogelio Silva González
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 584/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos de la circular CCJ/05/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 584/2016-I-B, promovido por Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Rogelio Silva González, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y su presidente ejecutor; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Rogelio Silva González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y su presidente ejecutor. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de ocho siguiente; se fijaron las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta de resolver el incidente de liquidación de laudo promovido en el conflicto laboral 1122/09. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Para emplazar a las autoridades responsables se giraron los oficios 19459/2016 y 19460/2016, los cuales les fueron notificados el doce de abril de dos mil dieciséis. Sin embargo, no rindieron su informe justificado. Entonces, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. No se hicieron valer ni este juzgador advierte que opere alguna. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis del concepto de violación que expresa la parte quejosa, mismo que no se transcribe en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Tal consideración se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En suma, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable viola su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. El concepto es infundado, por las razones que se dan a continuación. Como quedó apuntado, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la falta de informe justificado establece la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario, pero ello no releva al quejoso de acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. El presidente de la Junta exhibió copia certificada del auto de admisión de doce de enero de dos mil diez, dictado en el expediente 1122/09 (foja 26); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicha documental demuestra que el quejoso es parte en el conflicto del que emana el acto reclamado, lo que acredita su interés jurídico, en términos del artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, por analogía, se aborda la jurisprudencia 2a./J.50/97, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. A través de esa tesis, la Segunda Sala resolvió que la omisión de la autoridad de dictar laudo, no es inconstitucional en sí misma, sino que su inconstitucionalidad depende de tres condiciones: 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; 2) Que el juicio se encuentre en estado de resolución y; 3) Que haya transcurrido el plazo que la ley establece para su dictado. La jurisprudencia 2a./J.50/97 dice a la letra: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Entonces, si la omisión de la autoridad de dictar laudo no es inconstitucional en sí misma, por similitud, la falta de resolución de un incidente de liquidación de laudo tampoco lo es, porque también precisa que se reúnan condiciones procesales para que pueda resolverse -como se verá más adelante-. Luego, ya que el acto reclamado por el quejoso no es inconstitucional en sí mismo, tiene la carga de probar su inconstitucionalidad. En el caso concreto, si bien el quejoso acredita ser parte en el conflicto 1122/09, del que emana la omisión reclamada, no menos cierto es que no está demostrada la existencia del trámite del incidente de liquidación de laudo cuya falta de resolución reclama y menos que éste se encuentra en estado de resolución y que venció el plazo legal para que la Junta lo resolviera; de tal suerte que la omisión de la Junta de dirimir el incidente de liquidación de laudo, reclamada por la parte quejosa, no puede estimarse violatoria de su derecho a recibir justicia pronta, consagrado por el artículo 17 de la Carta Magna. Así, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Silva González, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra en autos el exhorto 208/2016 ordenado por auto de once de abril de dos mil dieciséis, a fin de emplazar a la parte tercero interesada Antonio Rodríguez Medrano; en mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.Ser*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 13398/2016 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual remite el exhorto 157/2016, del índice de este Juzgado, debidamente diligenciados, por lo tanto, dense de baja en el libro de gobierno correspondiente y acúsese recibo a las autoridades oficiantes. Ahora bien, fórmese el cuadernillo provisional respectivo, en virtud de que el juicio de amparo 1478/2018-IV, se encuentra en proyecto de resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Rogelio Sanchez Gatica2233/2013
- Rogelio Sánchez Romero394/2018
- Rogelio Sanchez Romero1037/2018
- Rogelio Santos Sánchez Huicochea895/2017
- Rogelio Silva González1264/2016
- Rogelio Silva Gonzalez23/2016
- Rogelio Trujillo Franco1393/2014
- Rogelio Trujullo Bahena478/2020
- ROGELlO SÁNCHEZ ROMERO2025/2017
- Roger Indili Ruíz2731/2014
- Rolando Ernesto Samper Mendoza532/2023
- Rolando Herrera León147/2017