Rogelio Rubio Flores

Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
920/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Rubio Flores

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 920/2021-II. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a los quejosos por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 920/2021-II. Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por el que devuelve diligenciado el despacho 226/2021, orden 356/2021, del índice de este juzgado. En dicha comunicación, se ordenó notificar a , como representante común de los quejosos, el proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de protección. Dicho acuerdo fue notificado por lista (previo citatorio) el veintinueve de septiembre último pasado. Por lo tanto, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Asimismo, se deja insubsistente el apercibimiento de multa impuesto al juez oficiante, en el proveído de diecisiete de septiembre del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 920/2021-II. Puebla, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que suscribe *, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalías General de la República, adscrito a la ciudad de Tehuacán, licenciado Edgar Andres Munive Osorio..., se tiene como representante común de los quejosos a Rogelio Rubio Flores, porque así lo solicitaron .., se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano..., la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por los quejosos comprende una orden de aprehensión librada en su contra dentro de la carpeta de investigación * , así como su ejecución. Pero la emisión de dicho mandamiento la atribuye únicamente a un agente del ministerio público, mientras que -afirman- el mismo será ejecutado por el Comandante de la Policía Federal Ministerial adscrito a la ciudad de Tehuacán. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional En el sistema de justicia penal acusatorio, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades de carácter administrativo (como lo son las señaladas como responsables) la emisión de una orden privativa de la libertad, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que a razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo menciona que, se han presentado unas personas a sus domicilios aduciendo que los buscan para presentarlos ante el Agente del ministerio Público Federal. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlos o detenerlos. Ahora, aun si el representante social los llegara a citar con la calidad de personas investigadas, primero, tendría que cumplir con la obligación de darles a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarles su entrevista a fin de incorporarlas como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarles algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que los peticionarios del amparo, en su caso, se apersonen ante dicha autoridad, aquellos se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que les sean facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarán en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si los quejosos reclaman la orden que el agente del Ministerio Público ha dado para recabarles su entrevista, con independencia de la calidad con la que los cite (testigos o imputados); es inconcuso que, ese acto de molestia tampoco les produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden privativa de libertad reclamada a la autoridad ministerial. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho, contra la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación *, reclamada a la autoridad administrativa señalada como responsable, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se les hace saber a los quejosos que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. En atención a que el domicilio señalado por los quejosos, en la demanda de amparo, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado y la zona conurbada, se le requiere al representante común de los mismos para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio para tales efectos en la ciudad de Puebla (o zona conurbada). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como domicilio procesal las listas de este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si hubiese omitido señalar por escrito un domicilio procesal. Ahora, dado que el domicilio indicado en la demanda está ubicado en calle* Tehuacán, Puebla, ..., se ordena librar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Estado de Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, dentro del plazo de tres días, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, se constituya en el referido domicilio y le notifique al quejoso *, por sí mismo y como representante común de los quejosos, el presente proveído -del que se remite una copia autorizada-. Notifíquese; de manera personal al representante de los quejosos (por despacho); y cúmplase.

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