Rogelio Ronquillo Sánchez y Otros.
Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2023
Partes del expediente
- Rogelio Ronquillo Sánchez
- Yerania Arizmendi Tafoya
- Rogelio Ronquillo Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción III, 20, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a los quejosos ** en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, para que proporcionaran la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable en el presente juicio Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin que realizaran manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a los quejosos en dicho auto, por lo que se declara la inexistencia de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para efectos del juicio en que se actúa, suspendiéndose toda comunicación con ella. En ese orden, toda vez que se declaró la inexistencia de la única autoridad responsables señalada por los quejosos Rogelio Ronquillo Sánchez y Yerania Arizmendi Tafoya, dentro del presente juicio, procede la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas;" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" En efecto, de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, será autoridad responsable para los efectos del amparo aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, establece como requisito de la demanda el señalar a las autoridades responsables, al ser parte en el juicio de amparo, acorde a lo dispuesto en el diverso 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, pues como tales deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas, jurídicamente no es posible que el Juez de amparo se pronuncie al respecto. Así las cosas, la determinación de qué autoridades deben ser llamadas como responsables cuando alguien promueve amparo en su contra, debe hacerse precisándose, en primer lugar, cuáles son los actos autoritarios que le afectan a los quejosos, por tanto, resultarán responsables todas las autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que los quejosos tendrán la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el contenido del informe justificado; o bien para el caso de que el Juez de Distrito advierta la participación de alguna autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, podrá requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo señalarla como responsable. Por tanto, como se dijo anteriormente los quejosos señalaron como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad respecto de la cual en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa la denominación actual y correcta, en virtud de la razón de imposibilidad realizada por el actuario judicial adscrito, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, no se tendría como tal en el sumario constitucional en que se actúa, por lo que al no haber formulado manifestación alguna al respecto, en auto de esta fecha, se dejó de tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Así las cosas y atendiendo a que la parte quejosa no señaló de manera correcta a las autoridades a las que se les atribuyen los actos que por esta vía se impugnan, ni precisó la denominación correcta de las mismas, tampoco señaló alguna otra con tal carácter; por tanto, este juzgador jurídicamente se encuentra imposibilitado para abordar el análisis de los actos controvertidos, pues no se señaló como autoridad responsable a quien corresponde ordenar y/o ejecutar el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/205, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, con registro 208065, que a la letra refiere: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Máxime que, conforme a lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable corresponde al quejoso, no es factible suplir la deficiencia de la queja en este aspecto, toda vez que el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, no autoriza cambiar los sujetos de la relación procesal, sino únicamente suplir los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos, así como los preceptos vulnerados con el acto que por esta vía se impugna; habida cuenta que dicha fatiga procesal recae en la parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página quinientos sesenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." En tales condiciones, y toda vez que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que, al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés se deja sin efectos. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE 23 DE MAYO DE 2023, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 451/2023, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 24 DE MAYO DE 2023, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: MESA IV. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a los quejosos ** en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, para que proporcionaran la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable en el presente juicio Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin que realizaran manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a los quejosos en dicho auto, por lo que se declara la inexistencia de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para efectos del juicio en que se actúa, suspendiéndose toda comunicación con ella. En ese orden, toda vez que se declaró la inexistencia de la única autoridad responsables señalada por los quejosos Rogelio Ronquillo Sánchez y Yerania Arizmendi Tafoya, dentro del presente juicio, procede la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas;" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" En efecto, de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, será autoridad responsable para los efectos del amparo aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, establece como requisito de la demanda el señalar a las autoridades responsables, al ser parte en el juicio de amparo, acorde a lo dispuesto en el diverso 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, pues como tales deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas, jurídicamente no es posible que el Juez de amparo se pronuncie al respecto. Así las cosas, la determinación de qué autoridades deben ser llamadas como responsables cuando alguien promueve amparo en su contra, debe hacerse precisándose, en primer lugar, cuáles son los actos autoritarios que le afectan a los quejosos, por tanto, resultarán responsables todas las autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que los quejosos tendrán la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el contenido del informe justificado; o bien para el caso de que el Juez de Distrito advierta la participación de alguna autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, podrá requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo señalarla como responsable. Por tanto, como se dijo anteriormente los quejosos señalaron como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad respecto de la cual en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa la denominación actual y correcta, en virtud de la razón de imposibilidad realizada por el actuario judicial adscrito, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, no se tendría como tal en el sumario constitucional en que se actúa, por lo que al no haber formulado manifestación alguna al respecto, en auto de esta fecha, se dejó de tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sub-Fiscalía General de Justicia Especializada en Homicidios y Agentes de Investigación y Grupos de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Así las cosas y atendiendo a que la parte quejosa no señaló de manera correcta a las autoridades a las que se les atribuyen los actos que por esta vía se impugnan, ni precisó la denominación correcta de las mismas, tampoco señaló alguna otra con tal carácter; por tanto, este juzgador jurídicamente se encuentra imposibilitado para abordar el análisis de los actos controvertidos, pues no se señaló como autoridad responsable a quien corresponde ordenar y/o ejecutar el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/205, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, con registro 208065, que a la letra refiere: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Máxime que, conforme a lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable corresponde al quejoso, no es factible suplir la deficiencia de la queja en este aspecto, toda vez que el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, no autoriza cambiar los sujetos de la relación procesal, sino únicamente suplir los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos, así como los preceptos vulnerados con el acto que por esta vía se impugna; habida cuenta que dicha fatiga procesal recae en la parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página quinientos sesenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." En tales condiciones, y toda vez que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que, al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés se deja sin efectos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos en el presente juicio, se aprecia que en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se le practicara de dicho auto, proporcionara las denominaciones correctas de las autoridades que señaló como responsables; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa fue notificada a través de los correos electrónicos que señaló en su escrito de demanda, sin que a la fecha haya acusado recibo del mismo. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa señaló también el domicilio físico ubicado en Horacio Zúñiga novecientos tres, interior doscientos cinco, Colonia Morelos en Toluca, Estado de México, comisiónese al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el aludido domicilio y notifique a la parte quejosa, el proveído de tres de abril del año en curso. En ese sentido, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las once horas del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y a su vez, se fijan las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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