Rogelio Rojas Jiuménez
Expediente 767/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rogelio Rojas Jiuménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que en el expediente obran documentos originales, conforme al artículo décimo primero del referido acuerdo se requiere a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En consecuencia, y en términos del artículo 6o del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se previene a la parte quejosa, para que en caso de que sea su deseo comparecer a recoger dichos documentos, lo informe a este órgano jurisdiccional con la anticipación debida, a fin de que se genere el código QR respectivo para que pueda ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal, y éste les sea proporcionado, para lo cual también es menester que manifieste el nombre de la persona que lo acompañará a la cita, proporcione una cuenta de correo personal y de número de teléfono, y manifieste si se trata de una persona vulnerable ante la situación del coronavirus, o si padece de algún tipo de discapacidad. En el entendido de que estimarlo oportuno, las partes interesadas también se encuentran en facultad de agendar ellas mismas dicha cita y generar el código QR respectivo, en la página del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, debe precisarse que una vez que cuenten con la cita correspondiente, de conformidad con los artículos 6º, último parrado y 7º, ambos del precitado Acuerdo General, la visita al órgano jurisdiccional tendrá una duración de veinticinco minutos como máximo, además de que la persona que comparezca a la entrega de los mencionados documentos, deberá respetar las medidas de sana distancia conforme la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En consecuencia, deberá acudir puntualmente a la cita que se les conceda y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia, sin poder dejar el mismo hasta que termine su estadía en el inmueble. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 767/2021-K. procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Con relación a ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en el oficio ***, por el cual se le pide haga el retiro de cualquier estructura y/o toldo de su domicilio, en el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de derechos fundamentales dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado. Ahora bien, en su demanda de amparo, el inconforme hace consistir el acto reclamado consistente en el oficio ***, por el cual se le pide haga el retiro de cualquier estructura y/o toldo de su domicilio. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado el quejoso manifiesta que el oficio por el cual le fue requerido haga el retiro de cualquier estructura y/o toldo de su domicilio, le fue notificado el nueve de agosto del año en curso. Luego entonces, fue a partir del nueve de agosto de dos mil veintiuno, que el quejoso tuvo conocimiento completo y exacto de la fecha en la que se le hizo tal requerimiento, de tal manera que desde esa fecha estuvo en posibilidad real para impugnar el acto que combate, a través de los medios que la ley le otorga para ello, y en su caso, mediante el juicio constitucional, para así demostrar la violación al derecho que presumiblemente se transgredió en su contra. De lo anterior resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el nueve de agosto del presente año, por lo que el plazo para presentar la demanda fue del diez al treinta de agosto de dos mil veintiuno, por ende, es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. De lo anterior se colige que la demanda se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Por tanto, si la parte quejosa no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en la solicitud que les hizo a las autoridades responsables mediante escrito de veintisiete de agosto del año en curso, a efecto de que le expliquen lo relativo al retiro de cualquier estructura y/o toldo de su domicilio, pues dicha situación manifiesta que le preocupa. Este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo a la quejosa. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor de la peticionaria un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos de la quejosa. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la Ley de la Materia, que estatuyen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que el inconforme reclama la falta de contestación a su escrito de veintisiete de agosto del año en curso, por el cual le solicita a las autoridades responsables, se le de una expliquen a lo relativo al retiro de cualquier estructura y/o toldo de su domicilio, pues dicha situación manifiesta que le preocupa. Ahora bien, a efecto de evidenciar que la petición de amparo intentada no encuadra en el supuesto que prevé la Ley para considerar la existencia de un agravio personal y directo, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, la parte quejosa tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Por cuanto hace a la afectación que de ese derecho realice la autoridad responsable, es preciso dejar asentado que el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "(.) Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." En ese orden, si la parte quejosa presentó su escrito el veintisiete de agosto de del año en curso, cuya omisión de proveer constituye el acto reclamado en esta vía, y acude al juicio de amparo por la presunta omisión de que a la fecha, las autoridades responsables, han omitido acordar dicho ocurso, es evidente que lo hizo sin permitir que transcurriera el término legal para que las autoridades emitan el acuerdo respectivo y se lo notifiquen; es decir, sólo siete días después de presentado su escrito, por lo que se reitera, que su reclamo está encaminado a combatir una pretendida conducta omisiva de la autoridad responsable, sin permitir que ésta disponga del término que la ley le otorga para pronunciarse y, en su momento, notificar al interesado. Conforme a lo expuesto, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del quejoso, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquélla no ha sido afectada por un acto u omisión de la autoridad responsable. Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. En otro ámbito, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en avenida ***, número ***, colonia ***de Tlaxcala, Tlaxcala. Asimismo, téngase a ***y***, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a ***, ***, *** y ***, dado que no cuenta con cédula inscrita ante dicho sistema computarizado. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacer públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, se hace del conocimiento a las partes para que manifiesten si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales al hacerse pública la presente; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva a que la sentencia respectiva se publique con supresión de datos. Se instruye al Secretario encargado del expediente para ingrese en el módulo Sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el presente proveído cuidando los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En la inteligencia de que es responsabilidad del Secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución.
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