Rogelio Rodriguez Meneses
Expediente 462/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rogelio Rodriguez Meneses
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Hidalgo; en cumplimiento a los autos de dieciséis de febrero y veintisiete de abril de la presente anualidad, exhibe en copias certificadas las constancias que anexa a su oficio. Con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la parte quejosa las documentales que se anexan al oficio que se provee, mismas que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Finalmente, con el contenido de las documentales en comento dese vista a la parte quejosa para que su perito en materia de identificación, traslape y coincidencia de rutas de autotransporte de pasajeros, este en aptitud de emitir su dictamen pericial, tal y como fue ordenado en auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho -foja 295 a 297, Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Rogelio Rodríguez Meneses, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 462/2018-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de una justicia pronta y expedita, en virtud de que el Juez responsable, no ha resulto sobre el cierre de la etapa de la preparación y desahogo de pruebas dentro del expediente 186/2016. III. El juicio de amparo es improcedente en virtud de que la omisión que refiere el quejoso no le causa un perjuicio de imposible reparación al estar el expediente de origen en trámite y que el juicio civil es de estricto derecho, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquel que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En ese orden de ideas, es claro que el acto que se reclama en este asunto, no actualiza el supuesto para considerarlo como de imposible reparación; máxime cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo, entre otras cosas, que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que los actos de imposible reparación, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Esto es, son dos, las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento : "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Por ende, como en el caso concreto la peticionaria de amparo, se duele en esencia de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional consistente en la omisión de que el Juez responsable, resuelva sobre el cierre de la etapa de la preparación y desahogo de pruebas dentro del expediente 186/2016 ya que le veintitrés de febrero del año en curso, se admitieron por parte de los codemandado todas y cada una de sus pruebas fijándose día y hora para el desahogo de las confesionales ofrecidas, quedando notificados los mismo el uno de marzo de dos mil dieciocho; asimismo, se autorizó el requerimiento al servicio al Servicio de Administración Tributaría de la Administración Local de Pachuca, para que informara de las declaraciones del aquí quejoso de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, feneciendo el término según el artículo 1401 del Código de Comercio para el ofrecimiento de pruebas el veintitrés de marzo del año en curso. Sin embargo, aun cuando alega violaciones al artículo 17 de la Ley Suprema; resulta inconcuso que las omisiones que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de "omisiónes" autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo; es decir, la omisión de proveer respecto del cierre del periodo probatorio. Lo expuesto, a pesar de que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la aquí quejosa es parte. Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente se duele de la omisión de una justicia pronta y expedita, en virtud de que el Juez responsable, no ha resulto sobre el cierre de la etapa de la preparación y desahogo de pruebas dentro del expediente 186/2016; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; lo que no se actualiza, dado que el juicio de origen de que se trata, es de estricto derecho y a petición de parte agraviada, en cual cuál podría promover para impulsar el procedimiento en su caso. Aunado a que el juicio civil es a instancia de parte y de estricto derecho, por lo que el aquí quejoso puede promover el cierre del periodo probatorio ante la autoridad responsable y con ello seguir la secuela procesal para la integración del juicio de origen. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. En el entendido de que del análisis integral de la demanda, no se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. (...) Notifíquese.
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