Rogelio Rinconi Quintero
Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rogelio Rinconi Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el juicio de amparo promovido por *****, por derecho propio, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, y el original del incidente de suspensión corre la misma suerte, toda vez que en este último se concedió la suspensión definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en los Distritos de Mina y Cuauhtémoc, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, un tomo de pruebas y los discos de audio y video que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de la Jueza Mixta de Paz del Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, mediante el cual informa que mediante oficio 190 devolvió el despacho 149/2021, orden 394/2021; lo anterior, en virtud de que en audiencia del diecinueve de julio de dos mil veintiuno se tuvo por recibida dicha comunicación oficial y se proveyó lo conducente. Por otra parte, tomando en consideración que del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el lapso de tres días que se otorgó al tercero interesado de identidad reservada con iniciales *****, para que señalara lugar en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del nueve de junio de dos mil veintiuno y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
2. En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 254/2020-2, promovido por*******, por derecho propio, el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y en obvio de repeticiones innecesarias reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, da cuenta en este momento con el oficio registrado con el folio 6143, a través del cual el Juez Mixto de Paz de San Miguel Totolapan, Guerrero, devuelve diligenciado el despacho 149/2021, número de orden 394/2021. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, dese de baja la referida comunicación oficial del libro de gobierno respectivo, acúsese recibo y se tiene por emplazado al tercero interesado de identidad reservada con iniciales ****. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. Sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 254/2020-2; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito recibido en este Juzgado el treinta de diciembre de dos mil veinte, ****** demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero. II. En auto del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en los artículos 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto consiste en: - El auto de vinculación a proceso dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial C-31/2020, por el delito de secuestro agravado. TERCERO. El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con residencia en Coyuca de Catalán, con competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc y el Director del Centro Penitenciario de Coyuca de Catalán, Guerrero, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo cual se tienen por ciertos; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la carpeta judicial C-31/2020 que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, procede entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. QUINTO. No se transcriben los motivos de disenso, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta esta sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. El quejoso en sus conceptos de violación alega lo siguiente: - Que el juez responsable transgrede en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, 16, 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Que el juez responsable no verificó los elementos subjetivos, objetivos y normativos para acreditar la existencia del delito de secuestro agravado. - Que no existen en la carpeta de investigación medios de convicción idóneos que demuestren que cometió el delito de secuestro agravado. - Que es incongruente que el juez responsable le otorgara valor probatorio a la testimonial de María de los Ángeles Vergara Díaz, toda vez que el mismo generaba incertidumbre ya que los datos aportados por la misma eran discrepantes. Lo que sustentó con el criterio de rubro: "TESTIGOS DE OIDAS" y "TESTIGOS. INVEROSIMILTUD DE SUS TESTIMONIOS EN FORMA DETALLADA Y SIMILAR, DESPUES DE VARIOS MESAS DE OCURRIDOS LOS HECHOS". - Que de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción V, apartado "A", la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, lo cual no fue justificado por el Ministerio Público para poder comprobar la conducta típica y antijurídica que se le formula. - Que el juez responsable realizó una inexacta aplicación del principio de presunción de inocencia cuya eficacia no parte de pruebas aisladas sino de datos únicos que proporcionen ese conocimiento de la verdad lo cual un indicio aislado no podrían hacerlo. - Que no se cumplen con los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso que prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los elementos de prueba eran insuficientes e inverosímiles. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la defensa del quejoso, analizados de manera conjunta, dada su estrecha relación, aun suplidos en la deficiencia de la queja, dado que se estima que del estudio de la resolución reclamada la misma se encuentra dictada conforme a derecho. En principio debe destacarse que en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Al respecto, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "ARTÍCULO 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso --- (.) El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. (.)." Sobre esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, entendiendo como tales aquellos elementos de convicción recabados en la fase indagatoria que resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. En ese contexto, el juez instructor -al emitir el auto de vinculación a proceso- o bien, el tribunal de apelación -al pronunciar la resolución de segunda instancia- no valoran las pruebas legalmente aportadas a la causa, sino únicamente se basan en los datos de prueba aportados que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para justipreciar los medios de convicción que no fueron tomados en consideración ni valorados, ya sea por el juzgador natural, o bien por el tribunal de alzada, al emitir la resolución judicial en su respectivo ámbito de competencia. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado debe hacerse también con base en los datos de prueba que fueron aportados por el ministerio público en la audiencia de formulación de imputación. Conviene acotar que el auto de vinculación a proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 19 constitucional reformado, no se puede analizar a la luz de las reglas y consideraciones legales que rigen el auto de formal prisión a que aludía ese precepto en su anterior redacción. Al respecto, se destaca que son claras las diferencias entre ambas instituciones, tanto de fondo como de forma; y en ese sentido, la fundamentación y la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso como el que originó la determinación que aquí se reclama. Para clarificar lo anterior, conviene señalar que una resolución judicial de esa naturaleza tiene como antecedente básico la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, bajo la vigilancia garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para decretar la vinculación a proceso del inculpado, lo que no es seguro, sino que ello depende del resultado de la investigación. En esta línea de pensamiento, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 16 de esa propia legislación, que establece: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos rectores que han de observarse para vincular a proceso, los cuales se encuentran previstos en su artículo 316, que establece: "ARTÍCULO 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Al respecto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, transcrito en párrafos precedentes, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Sala responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese contexto, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Novena Época, Diciembre de 2005, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". En acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado; al igual que el tribunal de apelación al analizar la determinación que emita el juzgador de primer grado. Es decir, las citadas autoridades judiciales cumplirán la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la defensa del quejoso, ya que el Juez responsable únicamente debía atender el hecho o los hechos ilícitos, y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En efecto, se arriba a tal conclusión, en atención a que para el dictado del auto reclamado, el juez responsable estimó que se verificaba como hecho circunstanciado que: El ocho de diciembre de dos mil veinte, el juez de origen resolvió la situación jurídica del imputado, decretando auto de vinculación a proceso; en el entendido de que el juez de control estimó que la fiscalía acreditó el hecho delictuoso y la probable participación, bajo el hecho circunstanciado de que: "Siendo aproximadamente las veintitrés horas del día nueve de julio del año dos mil trece, la victima de iniciales ********junto con dos amigos ***** y *****"N" se encontraban platicando y tomando unos refrescos en las afueras del Rastro Municipal del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, lugar a donde llegó una camioneta doble cabina, de la marca Nissan color rojo, de la cual ****, *****, ******, ****, **** y ******, descendieron en compañía de los sujetos de apodos "*****" y "*****", así como otras personas más del sexo masculino, portando armas largas con las cuales amagaron a las víctimas y fue el sujeto de apodo "el tequilero" quien les gritó "ya se los cargó la verga hijos de su puta madre, porque ustedes no quieren jalar con nosotros", inmediatamente los empezaron a golpear hasta derribarlos en el suelo, amarrándolos de las manos hacia atrás y de los pies con cuerdas de laso, para posteriormente subirlos a la caja posterior de la unidad, diciéndoles "el tequilero" los vamos a matar hijos de su puta madre, porque ustedes no quieren jalar con nosotros", enseguida el otro sujeto de apodo "el vago" les dijo "si los vamos a matar porque como dice el jefe, ustedes no quieren jalar con nosotros hijos de su pinche madre, se los va a cargar la verga", llevándoselos privados de su libertad para ingresarlos a una aula de una escuela abandonada de la comunidad de Los Manguitos, perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero; el día doce de julio del año dos mil trece, aproximadamente a las siete horas de la mañana, el sujeto apodado "*****" se comunicó con la ofendida de iniciales ******* madre de la víctima, al número *****para exigirle la cantidad de ***mil pesos 00/100 m. n.) a cambio de su libertad, negociación que prosiguió durante los días quince y diecisiete de julio del año dos mil trece; finalmente, a las diez horas de la mañana del día diecisiete de julio del año dos mil trece, la ofendida ******. entregó la cantidad de $*******, al señor******, en el kiosko ubicado en la plaza municipal del municipio de San Miguel Totolapan, quien llegó acompañado de varios sujetos entre estos el señor **** y cuatro féminas, entre estas la señora ******, y posteriormente el señor *****entregó el dinero al sujeto de apodo "***", y ese mismo día alrededor de las quince horas, la víctima fue dejada en libertad junto con sus acompañantes". Hechos que materializan el delito de de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El aludido hecho circunstanciado se basó en los siguientes datos de prueba, para así acreditar los elementos del delito, siendo los siguientes: 1. La entrevista de la víctima de identidad reservada con iniciales ***** 2. La entrevista del testigo presencial de hechos el C. ***. 3. La entrevista a la ofendida de iniciales **** 4. El dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense 5. El dictamen en materia de psicología Datos de prueba que ciertamente consideró idóneos para establecer la existencia del hecho delictuoso, en virtud de que se trata de actuaciones que fueron practicadas por autoridad en ejercicio de sus funciones y atribuciones, lo que da seguridad jurídica a dicha diligencia procesal. En efecto, en el acto reclamado sí se apreció el hecho delictuoso cierto y los datos expuestos conforme a la sana crítica, en virtud de que al ponderar los citados datos se explicó en lo individual por qué se estimaban idóneos y pertinentes, así como en su conjunto eficientes para acreditar el delito de de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expresando de manera razonada y lógica cómo se complementa la información que cada uno de ellos aporta para constatar la existencia del hecho delictuoso por el que en su momento se dictó vinculación a proceso. En ese sentido, este órgano de control constitucional coincide con el Juez responsable en estimar que existen datos suficientes y contundentes que establecen que se cometió un hecho ilícito, pues al respecto expresó en lo que interesa, que los elementos del hecho ilícito se evidenciaban con los datos de prueba mencionados, argumentando que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar el evento delictivo que nos ocupa; de ahí la ineficacia de los conceptos de violación en estudio. Se precisa también que esa autoridad jurisdiccional emitió su determinación apegada a derecho, motivo por el que de ninguna manera se advierte que esa resolución y que es la primordialmente reclamada en la presente instancia constitucional carezca o adolezca de la fundamentación y motivación que toda determinación jurisdiccional debe contener. Aunado a que el juez responsable, se insiste, debidamente tuvo por acreditados los elementos mínimos y necesarios para confirmar el auto de vinculación contra el solicitante de la protección constitucional. Además, conviene reiterar que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, con registro 2007811, que indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." En ese contexto, se estima que la resolución del ocho de diciembre de dos mil veinte, emitida en la carpeta judicial C 31/2020, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, cumplió con los requisitos de forma y de fondo que exige el artículo 19 constitucional, analizados bajo el estándar probatorio que se rige sólo por el grado de razonabilidad de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía. En ese orden de ideas, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por los motivos expuestos en el considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el despacho 149/2021, número de orden 394/2021, enviado al Juez Mixto de Paz de San Miguel Totolapan, Guerrero, para emplazar a juicio al tercero interesado de identidad reservada con iniciales ****. Por tanto, requiérase a la aludida autoridad para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe el trámite dado a dicho despacho. Se le apercibe que de incumplir con lo ordenado, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de diez unidades de medida y actualización. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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