Rogelio Pérez Moreno

Expediente 964/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
964/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Pérez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de seis de diciembre del presente año, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del dispositivo 2°, de la Ley de la materia, se declara que el auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento en torno al incidente de suspensión, en razón que en este asunto no se aperturo incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual rinde su informe justificado, de los anexos que acompaña al mismo, a lo que interesa, se advierte que remite copia certificada de lo siguiente: Escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho, firmado por el promovente del juicio de amparo. Auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad responsable, tuvo por recibido el escrito descrito en el numeral que antecede; proveyendo de conformidad la expedición de copias de la sentencia definitiva de doce de julio del año dos mil dieciséis, no así del auto que la declara ejecutoria, relativo al juicio de origen 1268/2010-1, de índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá: En efecto, el peticionario destaca como acto reclamado la abstención de la responsable para dar respuesta al escrito de petición de fecha doce de septiembre del año en curso. Sin embargo, como se expuso anteriormente, el tres de diciembre pasado, en el expediente 1268/2010-1, se dictó un acuerdo través del cual se dio respuesta al escrito de petición de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, elevado por el aquí quejoso; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". La improcedencia advertida se actualiza, ya que como se vio al analizarse la causal invocada, la conducta omisiva de las autoridades responsables, ya fue subsanada, con el dictado del acuerdo respectivo y su notificación. En esas circunstancias, la omisión que dio origen a este juicio de amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, y con ello quedó satisfecha la prerrogativa tutelada por la norma constitucional que se consideró vulnerada; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, en términos de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está fijada para las diez horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente. Lo proveyó Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Alondra Robles Girón, secretaria que da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al presente juicio de amparo y solicita que se le expida copia de la sentencia que en su caso se emita. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por realizadas tales manifestaciones en calidad de alegatos, las que, de ser procedente, se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Con relación a la copia solicitada, dígase a la citada representante social que en la audiencia constitucional, se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Edgar Herrera Borja, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito signado por ********************, mediante el cual informa que el cheque entregado a la parte quejosa en comparecencia de cinco de noviembre del año en curso, fue cobrado satisfactoriamente; en atención a su contenido, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que como se advierte del auto de veintiuno de febrero del año en curso, sólo se le reconoció el carácter de autorizado del quejoso para oír notificaciones e imponerse de autos, no estando autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni acredita contar con autorización para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Marlon Iván López Ríos, secretario que da fe.

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