Rogelio Pérez Monroy

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Pérez Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de febrero del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con los numerales 97, fracción I, inciso a), y 98 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, primero de marzo de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito signado por el autorizado del quejoso; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, expídansele las copias que solicita en su escrito, previa razón de recibo que se deje en autos; asimismo, se autoriza a la persona que designa para recibirlas. Se precisa al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas de lunes a viernes, a fin de que acuda a solicitar la reproducción de las copias que solicita en el ocurso que se provee. En la inteligencia que, debido al límite máximo de la duración de la cita (25 minutos), así como al esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de las mismas se efectuara en una fecha posterior, previa comunicación que se entable con la secretaría de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  3. Principal

    REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de enero y seis de febrero del presente año, mediante circulares números SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Por otra parte, en la fracción II de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que los días dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, serían inhábiles pero laborables bajo el esquema de trabajo contenido en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el cual se suspendieron plazos y términos; asimismo, se estableció que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En esa tesitura, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte se remitió el exhorto 77/2020-II-F número de orden 178, al Juez de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey en turno, con la finalidad de emplazar a la tercero interesada ...a este juicio de amparo; así como, en auto de doce de marzo de dos mil veinte, se tuvo al Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por acusando recibo de la referida comunicación, sin que a la fecha se haya devuelto, no obstante que por acuerdos de ocho de septiembre, veintiséis de octubre, veintiséis de noviembre, once y dieciocho de diciembre, todos de dos mil veinte y veintiséis de enero del año actual, se hubiere solicitado su devolución. En tal virtud, toda vez que a pesar de los múltiples requerimientos, así como las llamadas realizadas, no se ha recibido la comunicación oficial en comento, mediante oficio que derive del presente proveído, solicítese nuevamente al referido Juzgado Federal, vía interconexión, que de no existir inconveniente alguno, informe a este órgano jurisdiccional el tratamiento dado a la comunicación oficial de mérito, o bien, si es que tuvo algún inconveniente para diligenciarlo y devuelva el aludido exhorto en el estado en el que se encuentre, ello, para determinar lo que en derecho corresponda en cuanto al emplazamiento del tercero interesado señalado en el párrafo que antecede; en la inteligencia que en el órgano a su cargo le correspondió el número de exhorto 42/2020-II-A número de orden 42/2020. AUTORIZACIÓN DE LOS ACTUARIOS PARA FIRMAR OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...el auto de dieciocho de febrero del año en curso que dice:"Identificación Promoventes. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estiman de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 71/2021-J. Desechamiento de la demanda. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, se desechará de plano la demanda; tal como lo estipula el precepto 113 de la propia ley: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. De un análisis integral a la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, lo siguiente: La resolución interlocutoria pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 970/2019 y notificada al quejoso el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Dicha determinación resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto que admite la prueba pericial ofrecida por Raúl Ramírez Tavera, demandado en el juicio de origen y señalado como tercero interesado en el presente juicio de amparo. Cuestión previa. En principio, resulta necesario destacar que el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil instaurado por el aquí quejoso en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Actualización de causal de improcedencia. Respecto del acto reclamado precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto dictado dentro del juicio de origen que no es de imposible reparación. En efecto, los preceptos antes mencionados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107: El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del último de los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo es procedente contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; de modo que, al interpretar esta disposición en sentido contrario, en relación con la hipótesis genérica de improcedencia prevista en el primero de los numerales citados, se obtiene, que dicho sumario será improcedente en contra de actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Ahora bien, a fin de comprender el concepto de irreparabilidad mencionado, conviene destacar que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia, que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Así, precisó el Máximo Tribunal que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, destacó el Pleno de la Corte, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, la determinación de que se duele el quejoso, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto que admitió la prueba pericial ofrecida por el demandado en el juicio de origen, no es de las consideradas de imposible reparación. Lo anterior, habida cuenta que no afecta de manera real y actual, derechos sustantivos de la parte quejosa, tales como el patrimonio, la libertad, la vida, etcétera; sino que produce consecuencias estrictamente procesales o adjetivas. Ello, debido a que la posible infracción procesal en que pudiera haber incurrido la responsable, tiene por efecto que se continúe con el juicio ejecutivo mercantil en el que el quejoso es parte actora y, de ser el caso, en su momento, se desahogue la prueba pericial ofrecida por su contraparte. Aspecto, que podría subsanarse en caso de que se dicte sentencia favorable a sus intereses y, en caso contrario, podría ser impugnable como violación procesal en amparo directo en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo. En consecuencia, como el acto reclamado es de naturaleza jurídica intraprocesal adjetiva y reparable, ya sea en sentencia o en amparo directo, es indudable que sus efectos no son de imposible reparación, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 4ª. 12,sustentada por la Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 335, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO INDIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación comedita durante el procedimiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia descrita, respecto de las resoluciones reclamadas, lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido para la suscrita juzgadora ni es obstáculo a la anterior determinación, que la parte quejosa haya sido omisa en proporcionar mayores datos del acto reclamado, como la fecha del dictado de la interlocutoria que reclama, así como el sentido de esa determinación y la fecha en que se dictó el auto que recurrió en vía de revocación; pues aun considerando que dichos datos hubieran sido aportados en su escrito de demanda, no constituye información determinante para un cambio de sentido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otra tesitura, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por cuanto hace a la persona restante, se le autoriza en términos restringidos, por no contar con dicho registro. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano