Rogelio Patricio Viera Ayala

Expediente 97/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
97/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Patricio Viera Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el toca relativo al recurso de queja civil 30/2018, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho; agréguese al expediente en que se actúa el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a la parte quejosa que el punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja a que este toca se refiere". Ahora bien, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el testimonio de cuenta, en el sentido de que este juzgado de Distrito proveyera con plenitud de jurisdicción sobre la demanda promovida por Rogelio Patricio Viera Ayala, contra los actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y Delegado del Registro Público de la Propiedad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo, se procede a proveer sobre el particular. En ese sentido, como lo estableció la superioridad en la ejecutoria de cuenta, del análisis integro de la demanda de amparo se deriva que el acto destacado es el emplazamiento del quejoso Rogelio Patricio Viera Ayala, al juicio 228/3°/2017, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, diligencia que dio origen a los diversos actos señalados consistentes en el procedimiento derivado de ese juicio, la sentencia definitiva ahí pronunciada, su ejecución y la inscripción del embargo en el folio registral electrónico 12615, del Distrito Judicial de Galeana, correspondiente al inmueble denominado el Guiñote, ubicado en Llano Real Municipio de Benito Juárez, Guerrero. Luego, como quedó establecido en la propia ejecutoria dictada en el Toca de Queja Civil 30/2018, fue correcto el proceder de este órgano de control constitucional al prevenir al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, por ser la autoridad ejecutora de uno de los actos reclamados, es decir, del emplazamiento efectuado en el juicio 228/3°/2017; y para el caso de no desahogar dicha prevención, hacer efectivo el apercibimiento respectivo en el sentido de tener por no presentada la demanda únicamente por lo que a dicha autoridad. En mérito de lo anterior y como de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de catorce de febrero del actual, se tiene por no presentado el escrito de desahogo de trece de febrero pasado; en consecuencia, procede ahora dilucidar sobre la procedencia del juicio de amparo únicamente por lo que ve a los actos ya precisados, es decir, el emplazamiento de Rogelio Patricio Viera Ayala, al juicio 228/3°/2017, así como las actuaciones posteriores derivadas de ese juicio, como la sentencia definitiva, su ejecución y la inscripción del gravamen del embargo en el folio registral electrónico 12615, del Distrito Judicial de Galeana, reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, Guerrero. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, a partir de lo reseñado con antelación, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I , ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu. Lo anterior se estima así, porque -como lo precisó el tribunal de alzada- desde la presentación de la demanda quedó evidenciada la participación de la autoridad que ejecutó el acto -emplazamiento- que a su vez, dio origen a los diversos que se suscitaron dentro del juicio 228/3°/2017, hasta el dictado de la sentencia como de los actos de ejecución respectivo, entre ellos, la inscripción del gravamen en el folio registral electrónico 12615, por lo que no es factible suponer que con posterioridad podrá advertirse la participación de una autoridad distinta, es decir, que se actualice lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo. De ese modo, si se parte del hecho de que el argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, de ello se sigue que es el proceso la sustancia del debate en la sede constitucional, por lo que los efectos de una eventual sentencia amparadora tendrían por consecuencia vincular al juez responsable para que deje insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento reputado como irregular ; sin embargo, esto último no sería jurídicamente factible en virtud de que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ello, porque para arribar a ese resultado necesariamente debe ponderarse la legalidad o no del citado emplazamiento, lo cual ya no podrá verificarse en el transcurso del juicio pues es inconcuso que con los informes que llegaren a rendir las autoridades originalmente señaladas como responsables no podrá advertirse la participación de una autoridad distinta que hubiere llevado a cabo dicho llamamiento a juicio; por lo que a ningún fin práctico conduciría sustanciar el juicio si se arribaría al mismo resultado; situación que pone de relieve que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación en sentido contrario, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Notifíquese personalmente....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO D EFECHA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO....

  3. Principal

    ... ES NOTIFICACIÓN PESONAL...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.

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