Rogelio Paredes Perez

Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
906/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Paredes Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Destino del expediente, es destruible en tres años. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, ****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público de Litigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio , Zona «B», región «C», de la Fiscalía General del Estado con sede en Cortázar, Guanajuato; y, Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, sede Celaya, base Apaseo el Grande. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 906/2021-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Respecto al Agente del Ministerio Público: La solicitud de declararlo como sustraído de la acción de la justicia; y, La petición de celebrar audiencia de restitución de inmuebles a los ofendidos. Referente al juez: La determinación de veinticuatro de noviembre del año en curso, dictada dentro del proceso penal *** del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado, con sede en Apaseo el Grande Guanajuato, en la cual se fijaron las nueve horas con quince minutos del treinta de noviembre siguiente, para el verificativo de la audiencia de sustracción de la acción de la justicia y restitución de inmuebles. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Caso en concreto. Así, el procedimiento de origen de los actos reclamados es de índole procesal penal oral y éste se encuentra en la etapa intermedia, tal como se advierte de los antecedentes del acto reclamado narrados por el quejoso en la demanda constitucional bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Por lo que, cuando el imputado reclama al Ministerio Público actos durante la etapa de investigación intermedia en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. ***** Definitividad por los actos atribuidos al juez. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos.**** Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Así, se desprende que si el solicitante del amparo ****, señala como acto reclamado la determinación de veinticuatro de noviembre del año en curso, dictada dentro del proceso penal *** del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado, con sede en Apaseo el Grande Guanajuato, en la cual se fijaron las nueve horas con quince minutos del treinta de noviembre siguiente, para el verificativo de la audiencia de sustracción de la acción de la justicia y restitución de inmuebles; es indudable que en su contra procede el recurso de revocación.**** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII y XXIII del ordinal 61, ésta última en relación con los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio.**** Atento a la determinación asumida, no es el caso formular mayor precisión con relación al escrito presentado por el quejoso referente a la situación de salud que asevera le aqueja, aunado que precisó también que tal circunstancia la hizo ya del conocimiento de la autoridad que señaló como responsable.

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