Rogelio Pacheco Gutiérrez

Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
957/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Pacheco Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 957/2019. DESECHAMIENTO. De la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.- Señalo como acto de autoridad la omisión de continuar la integración de la carpeta de investigación número * por el delito de LESIONES DOLOSAS POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO; así como la omisión de informar al suscrito el estado que guarda la carpeta de investigación en comento." Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. La porción normativa indicada, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, esto, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el que no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. En suma, se determinó que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Ahora bien, para el estudio del acto reclamado, no se cumple con el agotamiento del principio de definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En ese orden de ideas, es importante señalar que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; de tal forma que los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del ministerio público en la fase de investigación, por lo que, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. De ahí que el principio de definitividad, establezca una causa de improcedencia de la acción constitucional que impide el análisis de los actos que se reclamen, esto en razón de encontrase relacionado íntimamente con los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, aunado a que su justificación radica en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo."

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