Rogelio Ortiz Gomez

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Ortiz Gomez
  • Juez de Oralidad Penal En Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede, se advierte que la resolución de cuatro de mayo del dos mil dieciocho, no fue recurrida dentro del término legal por las partes a quienes pudiera irrogar perjuicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó el juicio, y se concedió la medida cautelar provisional, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********** en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerativo tercero. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese y efectúense las anotaciones de rigor en el libro y sistema correspondientes.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Menor Mixto en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 67/2018-I, del índice de este tribunal; dese de baja y háganse las anotaciones respectivas en el libro y sistema correspondiente. Acúsese recibo. Se destaca que se considera sin diligenciar la comunicación recibida, ya que de las constancias de notificación realizadas al quejoso *********, se desprende que únicamente se le hizo del conocimiento lo decretado en proveído de siete de marzo pasado, en el cuaderno principal, no así respecto del auto emitido en la misma data en el incidente de suspensión. Por ende, en términos de lo determinado en el expediente principal el veintidós de marzo pasado (mediante lista que se fije en los estados), notifíquese al peticionario de la tutela federal el proveído de siete del citado mes y año. Sin que sea el caso acordar en el expediente principal lo relativo al despacho 66/2018-I que adjunta, dado que el veintidós de marzo pasado, se proveyó lo conducente, al haberse recibido vía fax. En atención a lo ordenado, se notifica el auto referido que en lo conducente dice: A).- Formación del incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y el auto admisorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 186/2018-A1, promovido por **********, contra actos del Juez de Oralidad Penal en esta ciudad y otras autoridades. B).- Solicitud de informes previos. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán informar, en su caso, si el hecho ilícito que se atribuye a la quejosa es delito patrimonial y a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, para cuyo efecto remítaseles copia simple de la demanda. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se reclama, en su informe previo señalen: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa. II. Las características procesales y situación económica de la parte impetrante; y, III. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. C).- Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y tres minutos del once de marzo de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia de este incidente. D) Denominación de autoridades. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo); se apercibe al peticionario de la tutela federal que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte impetrante estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. E).- Materia de la suspensión. Por tratarse de un asunto de naturaleza penal derivado de procedimientos en los que se desconoce si ya se aplica el nuevo sistema penal; el pronunciamiento sobre los efectos de la suspensión de los actos reclamados será, según sea el caso, con la anterior o la vigente Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone el segundo párrafo del artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. Apoyo lo anterior, la tesis con datos de identificación: Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo IV; Pág. 2783. I.9o.P.133 P (10a.). Cuyo rubro reza: ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO Y DE LA DEMANDA NO SE ADVIERTE EL DELITO POR EL QUE FUE DICTADA NI BAJO QUÉ SISTEMA PENAL (TRADICIONAL O ACUSATORIO ADVERSARIAL) SE INICIÓ EL PROCESO DE LA QUE DERIVA, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO, EN BENEFICIO DEL QUEJOSO, CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y ESTABLEZCA LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR BAJO ESOS DOS SISTEMAS Con fundamento en lo previsto por los artículos 124 y 136 de la anterior Ley de Amparo y 138 de la vigente, procede conceder al quejoso Rogelio Ortiz Gómez la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que fue solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derecho humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dado oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando de que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, tras una ponderación de la apariencia del buen derecho, de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría al promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso por el tiempo que se le privara de ella. Lo anterior, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de aprehensión, reaprehensión o presentación forzada girada en su contra, y su ejecución, que reclama; ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones para que surta efectos la medida cautelar: 1) Que el delito que se le imputa a la parte quejosa no sea de los calificados como graves por la legislación penal aplicable o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, no implique prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional; 2) Como medida de aseguramiento, otorgue, garantía por la cantidad de cinco mil pesos ($5,000.00), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, preferentemente en billete de depósito expedido a su nombre por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, dentro del plazo de cinco días conforme a lo dispuesto en el artículo 136 párrafo cuarto de la anterior Ley de Amparo; y, 3) Se presente dentro de tres días siguientes ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado a rendir su declaración ministerial o preparatoria o para los efectos legales a que haya lugar, y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento del que derive; en el caso de que la orden reclamada haya sido emitida por una autoridad distinta a las responsables, el plazo se computara a partir de la notificación del informe en que conste dicha circunstancia. Apercíbase a la parte impetrante, que de no acreditar que cumplió con dichas prevenciones en el término de cinco días, dejará de surtir efectos la medida otorgada de conformidad, con lo dispuesto por el numeral 139 de la anterior ley y 166 de la actual. Ahora, en caso que el delito imputado a la peticionaria de la tutela federal sea de los calificados como graves por la legislación penal o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, que sea de los que tienen prisión preventiva oficiosa en términos del numeral 19 constitucional, la suspensión solo surtirá efectos que una vez aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar de reclusión por lo que ve a su libertad personal, y a disposición de la autoridad que haya librado la orden por lo que hace a la continuación del procedimiento. Asimismo, se reitera que una vez que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden aprehensión, reaprehensión o presentación forzada librada en su contra y su ejecución), con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, el incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable, dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efecto legales la notificación del informe previo que dicha autoridad rinda, y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de un término igual, con el apercibimiento que de no hacerlo así dejara de surtir efecto la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expedita las facultades de las autoridades señaladas como responsable ejecutoras, para llevar acabo la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.149/2007, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, registro número 170432, del siguiente epígrafe: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ Así también, sustenta lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.16/97, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, registro 198729, del semanario judicial de la federación y su gaceta, que al rubro dice: MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATANDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL El monto de la garantía señalada para que surta efectos la medida cautelar indicada, se fija de manera discrecional por no contar con más datos que los proporcionados en el ocurso inicial; y atendiendo al número de autoridades señaladas como responsables, lo que se traduce en un mayor riesgo de que la accionante pueda sustraerse de la acción de la justicia dada la cantidad de procedimientos que presumiblemente se le instruyen; sin perjuicio que el monto de la garantía pueda ser modificada con posterioridad en atención a los informes que rindan las autoridades responsables y de acuerdo a las pruebas que obren en el sumario, de conformidad a lo que dispone el artículo 168 de la vigente Ley de Amparo y 124 bis de la anterior. En la inteligencia que la presente medida cautelar, no surtirá efectos si se trata de ejecutar una orden que haya sido o sea materia de otro juicio de amparo o se sorprenda a la impetrante en flagrante delito o infringiendo la normatividad de Policía y Buen Gobierno. En el entendido que si la quejosa opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá contener en forma expresa la renuncia de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso que se haga efectivo el cobro de la cantidad sancionada, y deberá someterse en forma expresa a lo que sobre el particular dispone la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la suma depositada para que surta efectos la suspensión no genera intereses, rendimientos ni contraprestación alguna a favor del depositante, de conformidad con los artículos 28 y 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. F) Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a costa de la quejosa, copia certificada del presente proveído en un solo tanto, ya que con eso se ve cumplida su petición y no justifica la necesidad de más juegos de copias. G) Notificación. Por única ocasión se ordena notificarle en el domicilio calle****, del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, el que al encontrarse fuera de la sede de este juzgado federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez Menor Mixto en Apaseo el Grande, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente auto,

  4. Principal

    Vista la copia del oficio SEADS/470/2018 signado por el secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el órgano colegiado en mención determinó readscribir al suscrito, Günther Demián Hernández Núñez, como titular de este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis del mismo mes y año. En razón de ello y de que el presente juicio se encuentra en trámite, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales que correspondan. Orienta, por las razones ahí invocadas, la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, página 312, julio de dos mil diez, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se señalan las once horas con treinta y tres minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

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