Rogelio Orta Leyva

Expediente 351/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
351/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2016

Partes del expediente

  • Rogelio Orta Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido y glosa a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, con el que remite los autos originales del juicio de amparo 351/2016-I-C, en virtud de que la parte recurrente no se inconformó con el auto que desechó por extemporáneo el medio de impugnación interpuesto, por lo que ha quedado firme el citado proveído. Se ordena acusar de recibo y hacerlo del conocimiento a la parte quejosa. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintidós de julio del año en curso, fue desechado; lo anterior para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Rogelio Orta Leyva, interpone recurso de revisión, en contra del auto de desechamiento de veintidós de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con residencia en Tijuana, Baja California, el original del juicio de amparo 351/2015-I-C, junto con el ocurso original y una copia simple de éste, para los efectos legales correspondientes. Con diversa copia del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de amparo para que la parte QUEJOSA, acudiera a éste juzgado a notificarse del AUTO de veintidós de julio de dos mil dieciséis, sin que lo haya hecho, el suscrito Actuario Judicial, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de veinticinco de julio dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **a, por derecho propio, contra actos de: 1. Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 351/2016-I-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: "La resolución de "incompetencia" de fecha 10 de junio del 2016, dictada oficiosamente por dicha autoridad responsable dentro del expediente laboral número 279/2016; misma que bajo protesta de decir verdead, me fue notificada en día 30 de junio del 2016; y por medio del cual la junta se declara ilegalmente incompetente para conocer y resolver el juicio laboral antes mencionado." Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Acorde a lo anterior, como se dijo, el acto aquí reclamado se hace consistir en la resolución emitida en la audiencia de diez de junio de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 279/2016, instaurado por la quejosa en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por medio de la cual la responsable se declaró oficiosamente incompetente y se ordenó remitir los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. Dicha actuación tiene el carácter de acto intraprocesal, pues se relaciona con la ausencia de las condiciones objetivas que deben reunirse en la autoridad jurisdiccional para el conocimiento y resolución del asunto sometido a su potestad, esto es, con la falta de un presupuesto procesal, por lo que se traduce en una violación puramente adjetiva que únicamente repercute en el proceso y no genera a los involucrados una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con el dictado de una sentencia de fondo que le resulte adversa a la quejosa, de lo que se sigue que el perjuicio de tales determinaciones se encuentra condicionado al desenlace de la contienda de origen. Razón por la cual, se estima que la resolución aquí impugnada, torna improcedente el juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que la fracción VII del artículo 107 de Ley de Amparo, prevea como única excepción a la improcedencia del juicio de amparo intentado en contra de violaciones formales acaecidas dentro de juicio, que el acto de autoridad se haga consistir en la determinación de inhibir o declinar la competencia, supuesto que el legislador separó del resto de las actuaciones intraprocesales y dispuso taxativamente que podía ser combatido en la vía indirecta del medio de control constitucional. Empero, según lo ha estimado el Alto Tribunal, aquella disposición no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad. En ese sentido, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Luego, la resolución mediante la cual una Junta de Conciliación y Arbitraje estima carecer de competencia para conocer de un asunto y ordena remitir los autos al organismo en cuyo favor la declina, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse. En efecto, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del medio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico." Asimismo, la jurisprudencia IX.2o. J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que a la letra señala: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." De ahí que se concluya que lo aquí reclamado no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha resolución sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales desaparecerían en caso de que el órgano a favor de quien se declina la competencia no aceptarla. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rogelio Orta Leyva. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Por último, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que indica a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Hernán Eguía Medrano, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el cinco de julio de dos mil dieciséis, según se advierte del oficio número CCJ/ST/3211/2016, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, en virtud de que la titular se encuentra disfrutando del período vacacional correspondiente al primer semestre de dos mil dieciséis, asistido de la Secretaria Yesica Karina Amador González, quien certifica que las promociones que generaron el presente acuerdo y éste se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. HEM/YKAG/Ely**

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