Rogelio Orozco Aguilera
Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Orozco Aguilera
- H. Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Juan Carlos Duran Arreguin, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Rogelio Orozco Aguilera, carácter que acredita en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 150/2018. DESECHAMIENTO Vista la demanda promovida por Juan Carlos Duran Arreguin, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Rogelio Orozco Aguilera, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V -interpretada en sentido contrario-, y 172 fracción V, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en el auto de la resolución interlocutoria del incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones de tres de julio del dos mil diecisiete, y que pone fin incidente de previo y especial pronunciamiento, ordenándose levantar la suspensión del procedimiento, dictado dentro del expediente laboral número 230/2012, en el que entre otras situaciones se dio tramite al juicio de origen y con ello impidió que la parte aquí quejosa ratificara y ofreciera pruebas dentro del citado incidente, todo lo anterior dentro de los autos que integran el juicio laboral 230/2012, tramitado ante Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de lo que se advierte que la parte quejosa lo que se duele es la resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento, por el cual lo que pretende es nulificar la notificación por la cual le comunicaron fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, sin que pase desapercibido que aun no se ha dictado el laudo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio 230/2012; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la parte aquí quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V (aplicado en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo; y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Juan Carlos Duran Arreguin, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Rogelio Orozco Aguilera, demanda que es presentada contra del Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. USO DE MEDIOS. Por otra parte, por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados a las personas que manifiesta únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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