Rogelio Naranjo Espinoza
Expediente 974/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Naranjo Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, agréguense los cuadernos del incidente de suspensión respectivos y por lo que ve al original del juicio ordinario civil 381/2017 y el toca I-274/2018, con tales constancias fórmense tres cuadernos de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, el cual se ordena conservarlo por separado y tenerlo a la vista al momento de resolver dentro del diverso juicio de amparo 927/2018-II. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
MORELIA, MICHOACÁN, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 1018, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado a este Juzgado Federal el exhorto 1563/2018 (269/2018-D)-II, por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, notificara a los terceros interesados Juan, Luis, Raúl, Graciela y Javier, todos de apellidos Espinoza Ayala y el Notario Público Número 151, en el Estado de Michoacán Licenciado José Luis Heredia Serna, el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, se tiene legalmente notificada a la parte tercera interesada del auto antes mencionado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 6993/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso 1736, suscrito por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, a través del cual rinde el informe justificado que le fue solicitado, por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 6683/2018, signado por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que por determinación de doce de noviembre del año en curso, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda, por no tratarse de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías, promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el acto consistente en: ".RECLAMO LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA, EL DÍA 08 DE OCTUBRE EL (sic) 2018, DENTRO DEL TOCA I-274/2018, QUE REVOCO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN MI CONTRA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 381/2017, POR EL JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL LA PIEDAD, MICHOACÁN." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 974/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. En el caso no es necesario requerir a la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que ya obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, ni emplazar a la parte tercera interesada, toda vez que dicha constancia ya obra en autos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberá estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251, de la ley en consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a Juan Espinoza Ayala, con domicilio en calle Lerdo de Tejada, número 109, colonia Las Colonias; Luis Espinoza Ayala, con domicilio en calle Arteaga, número 52, colonia Centro; Raúl Espinoza Ayala, con domicilio en calle José María Cazares, número 307, colonia Las Colonias; Graciela Espinoza Ayala, con domicilio en calle Apolo, número 327, colonia Ciudad del Sol; Javier Espinoza Ayala, con domicilio ubicado en calle Enrique Ramírez, número 254, colonia Doctor Miguel Silva y Notario Público Número 151, en el Estado de Michoacán, licenciado José Luis Heredia Serna, con domicilio en Portal Morelos, número 18, interior 18, zona Centro, todos de La Piedad, Michoacán; por tanto, toda vez que los domicilio de los terceros interesados, se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno, con sede en La Piedad, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, emplace a juicio a los terceros interesados de referencia, haciéndoles saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, deberá correrles traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, asimismo deberá requerirlos para que señalen domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. De igual forma, hágase del conocimiento del Juez requerido, que no es óbice para la diligenciación del citado despacho, que lo reciba con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional indicada en el mismo; en virtud que es necesario que se realice dicha notificación para resolver el presente juicio de amparo; por lo que una vez que sea diligenciado, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Para tener un mejor manejo del expediente, con los cuadernos de pruebas que adjunta la autoridad federal en cita, se ordena abrir dos cuadernos de pruebas, debidamente identificados, relacionados con el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Aguascalientes, número 234, colonia Isaac Arriaga, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Vladimir Pérez Heredia, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 3692755 que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Alejandro Sepúlveda Alanís, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 6683/2018, signado por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que por determinación de doce de noviembre del año en curso, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda, por no tratarse de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías, promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el acto consistente en: ".RECLAMO LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA, EL DÍA 08 DE OCTUBRE EL (sic) 2018, DENTRO DEL TOCA I-274/2018, QUE REVOCO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN MI CONTRA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 381/2017, POR EL JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL LA PIEDAD, MICHOACÁN." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 974/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. En el caso no es necesario requerir a la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que ya obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, ni emplazar a la parte tercera interesada, toda vez que dicha constancia ya obra en autos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberá estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251, de la ley en consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a Juan Espinoza Ayala, con domicilio en calle Lerdo de Tejada, número 109, colonia Las Colonias; Luis Espinoza Ayala, con domicilio en calle Arteaga, número 52, colonia Centro; Raúl Espinoza Ayala, con domicilio en calle José María Cazares, número 307, colonia Las Colonias; Graciela Espinoza Ayala, con domicilio en calle Apolo, número 327, colonia Ciudad del Sol; Javier Espinoza Ayala, con domicilio ubicado en calle Enrique Ramírez, número 254, colonia Doctor Miguel Silva y Notario Público Número 151, en el Estado de Michoacán, licenciado José Luis Heredia Serna, con domicilio en Portal Morelos, número 18, interior 18, zona Centro, todos de La Piedad, Michoacán; por tanto, toda vez que los domicilio de los terceros interesados, se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno, con sede en La Piedad, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, emplace a juicio a los terceros interesados de referencia, haciéndoles saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, deberá correrles traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, asimismo deberá requerirlos para que señalen domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. De igual forma, hágase del conocimiento del Juez requerido, que no es óbice para la diligenciación del citado despacho, que lo reciba con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional indicada en el mismo; en virtud que es necesario que se realice dicha notificación para resolver el presente juicio de amparo; por lo que una vez que sea diligenciado, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Para tener un mejor manejo del expediente, con los cuadernos de pruebas que adjunta la autoridad federal en cita, se ordena abrir dos cuadernos de pruebas, debidamente identificados, relacionados con el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Aguascalientes, número 234, colonia Isaac Arriaga, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Vladimir Pérez Heredia, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 3692755 que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Alejandro Sepúlveda Alanís, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 6683/2018, signado por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que por determinación de doce de noviembre del año en curso, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda, por no tratarse de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías, promovida por ROGELIO NARANJO ESPINOZA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el acto consistente en: ".RECLAMO LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA, EL DÍA 08 DE OCTUBRE EL (sic) 2018, DENTRO DEL TOCA I-274/2018, QUE REVOCO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN MI CONTRA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 381/2017, POR EL JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL LA PIEDAD, MICHOACÁN." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 974/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. En el caso no es necesario requerir a la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que ya obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, ni emplazar a la parte tercera interesada, toda vez que dicha constancia ya obra en autos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberá estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251, de la ley en consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a Juan Espinoza Ayala, con domicilio en calle Lerdo de Tejada, número 109, colonia Las Colonias; Luis Espinoza Ayala, con domicilio en calle Arteaga, número 52, colonia Centro; Raúl Espinoza Ayala, con domicilio en calle José María Cazares, número 307, colonia Las Colonias; Graciela Espinoza Ayala, con domicilio en calle Apolo, número 327, colonia Ciudad del Sol; Javier Espinoza Ayala, con domicilio ubicado en calle Enrique Ramírez, número 254, colonia Doctor Miguel Silva y Notario Público Número 151, en el Estado de Michoacán, licenciado José Luis Heredia Serna, con domicilio en Portal Morelos, número 18, interior 18, zona Centro, todos de La Piedad, Michoacán; por tanto, toda vez que los domicilio de los terceros interesados, se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno, con sede en La Piedad, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, emplace a juicio a los terceros interesados de referencia, haciéndoles saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, deberá correrles traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, asimismo deberá requerirlos para que señalen domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. De igual forma, hágase del conocimiento del Juez requerido, que no es óbice para la diligenciación del citado despacho, que lo reciba con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional indicada en el mismo; en virtud que es necesario que se realice dicha notificación para resolver el presente juicio de amparo; por lo que una vez que sea diligenciado, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Para tener un mejor manejo del expediente, con los cuadernos de pruebas que adjunta la autoridad federal en cita, se ordena abrir dos cuadernos de pruebas, debidamente identificados, relacionados con el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Aguascalientes, número 234, colonia Isaac Arriaga, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Vladimir Pérez Heredia, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 3692755 que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Alejandro Sepúlveda Alanís, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Rogelio Ithiel Valdéz Hoffay Valencia433/2021
- Rogelio Jairo Muñoz Belmonte209/2021
- Rogelio Martínez Oros962/2016
- Rogelio Martínez Valdéz427/2019
- Rogelio Muñoz García799/2023
- Rogelio Naranjo Espinoza729/2021
- Rogelio Navarro Torres1440/2023
- Rogelio Perdomo Morales322/2020
- Rogelio Rafael Lugardo Salado447/2017
- Rogelio Romero Pahuamba1051/2019
- Rogelio Romero Pahuamba557/2018
- Rogelio Rosas Mora1062/2021