Rogelio Moreno Juárez
Expediente 364/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Moreno Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, así como el contenido de la certificación que antecede, de los que se advierte que ha concluido el término de cinco días previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada, interpusiera recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso f), de tal ordenamiento jurídico, en contra de la determinación de doce de mayo de dos mil veintitrés, que desechó de plano el incidente de daños y perjuicios, transcurrió del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 355, 356 y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA ROGELIO MORENO JUÁREZ, MEDIANTE AVISO DE 14/03/2022, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA EL AUTO DE 09/03/2022;...Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de marzo de dos mil veintidós. FEBRERO- MARZO 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 21 NOTIFICA 22 SURTE EFECTOS 23 (1) INICIA 24 (2) 25 (3) 26 INHÁBIL 27 INHÁBIL 28 (4) 1 (5) 2 (6) 3 (7) 4 (8) 5 INHÁBIL 6 INHÁBIL 7 (9) 8 (10) TERMINA Ana Lilia Domínguez Pérez .6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.79 11/03/24 :54:58 FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el Ana Lilia Domínguez Pérez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.79 11/03/24 17:54:58 libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. Del estado de autos se desprende que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N-864550, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); garantía que le fue fijada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Por tanto, resulta pertinente requerirle a efecto de que, una vez que venza el plazo de SEIS MESES previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, comparezca en este Juzgado de Distrito, con documento oficial que la identifique, a recoger la garantía exhibida en el incidente de suspensión, apercibida que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años, posterior al vencimiento del referido plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 50, parte in-fine, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la garantía de que se trata prescribirá en favor del Erario Federal. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO DE SENTENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2°, agréguense a los autos los oficios de cuenta, enviados por el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales, acusa recibo del comunicado 2602/2022, en que se notificó la sentencia dictada el catorce de febrero del año en curso, en el presente juicio de amparo. Circunstancia de la que este Juzgado de Distrito toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta localidad, turnado el día siguiente hábil a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia esta ciudad, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad responsable siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: El juez tercero de primera instancia en materia civil, de este Distrito judicial de Uruapan. EL C. Secretario de Acuerdos del juzgado tercero civil. La actuaria del juzgado tercero civil. y EL C. Secretario De Seguridad Pública Municipal. ACTOS RECLAMADOS: ". De las citadas autoridades responsables reclamo el auto de fecha 5 cinco de agosto del año en curso pronunciados dentro del expediente número ******************** dentro de juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble que promueve Eskarle cristina Villaseñor Mondragón frente a Guillermina adame Basilio donde señalan fecha para el día 23 veintitrés de septiembre del Año en curso a las 11 horas donde pretenden dar posesión real y material del predio a la del cual soy propietario eskarle cristina Villaseñor Mondragón por ende, ilegales e injustos actos consistentes en la inminente privación de mi propiedad, posesión y derecho, mediante molestias a mi persona, familia, domicilio, papeles, establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforma a las reyes expedidas con anterioridad al hecho, y sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, todo ello derivado de la emisión del anticonstitucional y, por ende, el ilegal e injusto auto de fecha 5 cinco de agosto del año en curso, pronunciados dentro del expediente número ********************, de índice del responsable juzgado tercero de primera instancia en materia civil de la demarcación judicial Uruapan, Michoacán, relativo al juicio ordinario civil.". La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercera interesada a Esckarle Cristina Villaseñor Mondragón y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; no se tuvo como autoridad responsable al secretario de acuerdos adscrito al Juzgado responsable, por las razones jurídicas ahí expuestas; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto se rindiera el informe de ley; por lo que una vez hecho lo anterior, se advirtió que únicamente le revestía el carácter de tercera interesada a Eskarle Cristina Villaseñor Uribe (nombre correcto), la cual fue legalmente emplazada, y se apersonó al presente juicio hacer valer sus derechos; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, entre otras cosas, se tuvo a la tercera interesada objetando de falso, respeto de los siguientes documentos: "1.- Contrato privado de "COMPRA-VENTA", supuestamente celebrado entre particulares, el 13 de febrero de 2013. 2.- Certificación Notarial, de 18 de febrero de 2013, donde supuestamente el fedatario público, hizo constar la ratificación de las partes de un supuesto contrato denominado "CONTRATO DE EXPEDICIÓN MÚLTIPLE y SISTEMÁTICA DE FINANZAS ANTES DESCRITO". 3.- Credencial de Elector a nombre del de cujus Jesús Villaseñor Mondragón, con número de folio 2189115832056, expedida por el Instituto Federal Electoral. 4.- Credencial de Elector a nombre de C. ******************** con número de folio 2959036124319, expedida por el Instituto Federal Electoral. 5.- Credencial de Elector a nombre de C. María Guadalupe Montaño Cruz, con número de folio 2189073502800, expedida por el Instituto Federal Electoral. 6.- Credencial de Elector a nombre de C. Esperanza Juárez Zamudio, con número de folio 2991110284456, expedida por el Instituto Federal Electoral." Por lo que en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo se reservó acordar lo conducente para el momento en que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, una vez que fue reactivado el presente sumario de derechos Humanos, se señaló fecha de audiencia, la cual luego de diferirse, tuvo verificativo a las nueve horas con catorce minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la cual se suspendió, a fin de dar trámite a la objeción de falsedad planteada; por lo que una vez que se siguió su trámite y se rindieron los dictámenes periciales de las partes y del perito oficial por parte de este Juzgado Federal, la audiencia constitucional se reanudó a las diez horas con catorce minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107 fracción VII Constitucionales, 37 y 107 fracción III, de la Ley de Amparo, 48, 49 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse la devolución de un inmueble dentro del juicio ordinario civil, sobre reivindicación de inmueble número ********************, y la parte quejosa aduce que el mismo es de su propiedad y acude al presente juicio como persona extraña al mismo, cuyos actos reclamados tendrán ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito (ciudad). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso en esencia, deben tenerse como actos reclamados, los siguientes: El auto de cinco de agosto de dos mil veinte, emitido en etapa de ejecución forzosa, dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número ********************, del indicie del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, que promueve********************frente a Guillermina Adame Basilio y otra, donde señalaron las once horas del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, para que personal del referido juzgado civil se constituyera en el inmueble ubicado en la calle prolongación Constitución, número ciento noventa, colonia Buenos Aires, de esta ciudad, y previa desocupación, poner en posesión real y material a la parte actora de dicho predio, como fue ordenado en sentencia definitiva; inmueble que el quejoso aduce ser de su propiedad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Uruapan, Michoacán. Debido a que negó el acto que se le reclama al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, únicamente respecto del acto reclamado a estas autoridades, pues de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado lo emitió diversa autoridad, lo que torna improcedente la hipótesis fáctica que contempla el diverso artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia I.5º.P. J/3 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 1363, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta Ciudad, al rendir sus informes justificados admitieron la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil, sobre reivindicación ********************, que envió el juez referido; las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Resolución incidental sobre objeción de documento. Por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se procede a resolver el incidente de objeción de falsedad de documento planteado por la tercera interesada********************parte actora en el juicio ordinario civil de origen. Así, en audiencia constitucional efectuada a las nueve horas con catorce minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de objeción de falsedad de firma a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, por el cual se objetó de falso los siguientes documentos: "1.- Contrato privado de "COMPRA-VENTA", supuestamente celebrado entre particulares, el 13 de febrero de 2013. 2.- Certificación Notarial, de 18 de febrero de 2013, donde supuestamente el fedatario público, hizo constar la ratificación de las partes de un supuesto contrato denominado "CONTRATO DE EXPEDICIÓN MÚLTIPLE y SISTEMÁTICA DE FINANZAS ANTES DESCRITO". 3.- Credencial de Elector a nombre del de cujus Jesús Villaseñor Mondragón, con número de folio 2189115832056, expedida por el Instituto Federal Electoral. 4.- Credencial de Elector a nombre de C. ******************** con número de folio 2959036124319, expedida por el Instituto Federal Electoral. 5.- Credencial de Elector a nombre de C. María Guadalupe Montaño Cruz, con número de folio 2189073502800, expedida por el Instituto Federal Electoral. 6.- Credencial de Elector a nombre de C. Esperanza Juárez Zamudio, con número de folio 2991110284456, expedida por el Instituto Federal Electoral." Es procedente el incidente de objeción de falsedad de firma planteado; lo anterior, primeramente porque se hizo valer en tiempo, además de ser la vía idónea para cuestionar la autenticidad de los documentos objetados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 22/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 24, que dice: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo". Además, siendo la demanda un documento privado en términos de los artículos 133, en relación con el 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puede ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad; es decir, en cuanto a su continente (autenticidad de firmas), por ser el documento a través del cual se pretende manifestar o exteriorizar la voluntad de ejercicio de un derecho. A efecto de dilucidar la eficacia del incidente de mérito resulta pertinente señalar que la materia del mismo es determinar la autenticidad de las firmas contenidas en el Contrato privado de "COMPRA-VENTA", de dieciséis de febrero de dos mil trece; certificación notarial de dieciocho de ese mes y año, así como las credenciales de identificación ahí exhibidas, pues la tercero aduce que no corresponden al vendedor difunto (padre de esta). Ahora bien, el artículo 122 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". Conforme al precepto transcrito, es dable la objeción de documentos en el juicio de amparo, cuando se cuestione la autenticidad de alguno de los presentados en el propio procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 27/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Octubre de 2000, página 131, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN ÉL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente". Previo a entrar al estudio del asunto de que se trata, debe resolverse la objeción de documentos planteada por la tercera interesada********************parte actora dentro del juicio de origen, en contra del contrato privado de compra- venta, que contiene el inmueble siguiente: La mitad predio urbano con construcción destinada a casa habitación ubicada en la callé prolongación constitución número 190 ciento noventa de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de Uruapan Michoacán. Con una superficie de 202.500 m2 doscientos dos metros cuadrados, que tiene las siguientes medidas y colindancias Al norte 45.00 cuarenta y cinco metros colinda con Jesús Villaseñor Mondragón, Al sur 45.00 cuarenta y cinco metros y Colinda con Francisco Martínez Solórzano. Al oriente 4.50 cuatro metros cincuenta centímetros, colinda con barranca. Al poniente 4.50 cuatro metros cincuenta centímetros colinda con la calle de su ubicación prolongación constitución. De dieciséis de febrero de dos mil trece, supuestamente certificado y ratificado ante el Notario Público Titular de la Notaría Pública Número Ciento Cincuenta y Nueve, el dieciocho de febrero de dos mil trece, mismo que adjuntó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo, por lo que una vez llegada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la misma fue suspendida, a fin de darle trámite a la objeción planteada, y una vez reanudada, para acreditar dicha falsedad, ofreció la pericial en materia de grafoscopía, a fin de demostrar que la firma contenidos en ellos no corresponde a la del puño y letra de quien supuestamente los suscribió. Para acreditar lo anterior, se desahogó la citada prueba pericial en materia de grafoscopía, la tercera interesada********************designó como perito de su parte al experto Cipriano Mercado Arroyo; mientras que, en auxilio de las labores de este juzgado, actuó el perito oficial David Martínez Ortega; asimismo la quejosa ofreció a Lorena Valladares Barragán, quienes protestaron su cargo; y una vez rendido su correspondiente dictamen, lo ratificaron. Luego, para realizar la valoración y alcance de las pruebas aportadas por las partes, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, en el que se desprende que el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación; a no ser que la ley fije las reglas al respecto. Así, del contenido de la prueba pericial en comento, se advierte que el experto oficial auxiliar de este órgano jurisdiccional, que lo es David Martínez Ortega, después de llevar a cabo un minucioso y exhaustivo análisis, de todas y cada una de las firmas consideradas como base de cotejo del Jesús Villaseñor Mondragón, con la finalidad de detectar las características que las identifican (del orden general, como particular o grupo de gestos gráficos), para posteriormente, realizar un riguroso cotejo contra las firmas suscritas en los documentos materia de dictamen, atribuidas a la persona en comento, concluyó: "PRIMERA.- LA FIRMA SUSCRITA EN EL DOCUMENTO MATERIA DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA OE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2013, FIRMA QUE OBRA AL CALCE, EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL VENDEDOR A NOMBRE DE JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON, DESCRITO AMPLIAMENTE AL INICIO DEL PRESENTE DICTAMEN, "NO PRESENTA CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS" RESPECTO DE LAS FIRMAS SEÑALADAS COMO BASE DE COTEJO DEL C. JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON. SEGUNDA.- LA FIRMA SUSCRITA EN ÉL DOCUMENTOS MATERIA DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NOTARIAL FECHA 16 DE FEBRERO DE 2013, FIRMA QUE OBRA AL CALCE, A NOMBRE DE JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON Y ROGELlO MORENO JUAREZ, DESCRITO AMPLIAMENTE AL INICIO DEL RRESENTE DICTAMEN, "NO PRESENTA CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS" RESPECTO DE LAS FIRMAS SEÑALADAS COMO BASE DE COTEJO DEL C. JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON. TERCERA.- LA FIRMA SUSCRITA EN EL DOCUMENTOS MATERIA DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE A LA FOJA DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR A NOMBRE DEL C. JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON CON FOLIO NUMERO 2189115832056, DESCRITO AMPLIAMENTE AL INICIO DEL PRESENTE DICTAMEN, "NO PRESENTA CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS" RESPECTO DE LAS FIRMAS SEÑALADAS COMO BASE DE COTEJO DEL C. JESUS VILLASEÑOR MONDRAGON, COMO SE HA ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE ESTUDIO. CUARTA.- LA FIRMA SUSCRITA EN EL DOCUMENTOS MATERIA DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO A NOMBRE DEL C. ROGELlO MORENO JUAREZ, DESCRITO AMPLIAMENTE AL INICIO DEL PRESENTE DICTAMEN, "NO PRESENTA CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS" RESPECTO DE LAS FIRMAS SEÑALADAS COMO BASE DE COTEJO DEL C. ROGELlO MORENO JUAREZ, COMO SE HA ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE ESTUDIO. Ello, dado que existía una serie de contundentes diferencias en cuanto a sus características de orden general y grupo de gestos gráficos, así como de su comparación. Además, de dicho dictamen se advierte que el citado perito expuso las diferencias que advirtió entre los rasgos físicos de la firma base del cotejo y la firma cuestionada, señalando en tablas cada una de las características físicas entre unas y otras; lo que permitió ilustrar a este juzgador sobre la autenticidad de las firmas estampadas en los documentos cuestionados . Máxime, que el referido profesionista explicó detalladamente como advirtió los anteriores aspectos y realizó un soporte fotográfico. Así las cosas, lo procedente es otorgar al referido dictamen pericial valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por las consideraciones que se precisaron con antelación. Asimismo, Cipriano Mercado Arroyo, perito de la tercera interesada********************parte actora en el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble de origen, al rendir su dictamen pericial, concluyó: "PRIMERA: COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DE GRAFOSCOPÍA REALIZADO ENTRE LA FIRMA DUBITADA QUE APARECE EN EL ESPACIO A NOMBRE DEL SEÑOR ROGELIO MORENO JUÁREZ AL CALCE DE LA DEMANDA DE AMPARO SEÑALADA COMO DOCUMENTO CUESTIONADO, LA CUAL AL COTEJARLA Y COMPARARLA GRAFOSCOPICAMENTE PARA CON LAS FIRMAS QUE SE ME SEÑALAN COMO AUTÉNTICAS DEL SEÑOR ROGELIO MORENO JUÁREZ DENTRO DEL EXPEDIENTE, SE CONCLUYE, QUE NO CORRESPONDEN NI SE IDENTIFICAN PARA CON UN MISMO ORIGEN GRÁFICO. SEGUNDA: EN BASE A LOS ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO-CIENTÍFICO APORTADOS DENTRO DEL ESTUDIO DE COTEJO, SE CONCLUYE, QUE LA FIRMA AL CALCE DE LA DEMANDA DE AMPARO BASE DE LA ACCIÓN CORRESPONDE A UNA FIRMA FALSA REALIZADA A MANO LIBRE. TERCERA: DEL ESTUDIO DE GRAFOSCOPÍA, REALIZADO ENTRE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL CALCE DEL CONTRATO DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2013 Y SU RATIFICACION A NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS VILLASEÑOR MONDRAGÓN y QUE FUERON COTEJADAS Y COMPARADAS PARA CON LAS FIRMAS QUE SE ME SEÑALAN COMO AUTÉNTICAS DEL SEÑOR JESÚS VILLASEÑOR MONDRAGÓN EN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL EXPEDIENTE, SE CONCLUYE, QUE NO CORRESPONDEN A UN MISMO ORIGEN GRÁFICO O ESCRITURAL. CUARTA: EN BASE A LOS ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO-CIENTÍFICO APORTADOS DENTRO DEL ESTUDIO DE COTEJO, SE CONCLUYE, QUE LA FIRMA CALCE DEL CONTRATO DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2013 Y SU RATIFICACION y QUE SE ATRIBUYEN AL SEÑOR JESÚS VILLASEÑOR MONDRAGÓN, ESTAS CORRESPONDEN A FIRMAS FALSAS REALIZADAS A MANO LIBRE Y PRACTICA REITERADA CON MODELO A LA VISTA. QUINTA: ES IMPORTANTE ESTABLECER QUE AL TRATARSE DE FIRMAS QUE SE NOS PRESENTAN EN COPIA FOTOSTÁTICA, EN ESTAS SE PUEDEN PERDER RASGOS Y TRAZOS PROPIOS DEL GESTO GRÁFICO DE LA PERSONA, COMO LA PRESIÓN MUSCULAR, TENSIÓN MUSCULAR, DESCARGUES DE TINTA O FORMAS DEL TRAZO, MÁS SIN EMBARGO, PREVALECERÁN ENTRE 12 Y 14 TRAZOS Y RASGO ESCRITURALES, QUE NOS PERMITEN IDENTIFICAR EL ORIGEN GRÁFICO, POR OTRA PARTE AUN CUANDO SE TRATA DE COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LOS DOCUMENTOS CUESTIONADOS, ES POSIBLE REALIZAR EL ESTUDIO EN BASE A LO QUE SE SEÑALA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2010. SUSCITADA ENTRE LAS TESIS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, DONDE LA MINISTRA OLGA MARIA SANCHEZ CORDERO, ESTABLECE, QUE ES VIABLE Y CORRECTO REALIZAR DICTAMENES PERICIALES EN BASE A COPIAS FOTOSTATICAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DEBIDAMENTE COTEJADAS." La conclusión del dictamen del perito designado por la tercera interesada, coincide con la del perito oficial, en el sentido de que advirtió diferencias entre los rasgos físicos de la firma base del cotejo y las cuestionadas; por lo que, se le otorga de igual manera, valor probatorio en términos de los artículos mencionado en párrafos anteriores. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el objeto de la prueba pericial es auxiliar al Juzgador en la evaluación de hechos o circunstancias que requieren conocimientos técnicos y especializados de los cuales carece. Por lo que, se ha estimado que los peritos actúan como verdaderos auxiliares de la administración de justicia, pues a través de sus conocimientos hacen posible el ejercicio de la labor jurisdiccional al permitir al Juez dirimir la controversia sometida a su conocimiento. Con apoyo en lo antes expuesto, se concluye que los razonamientos contenidos en los dictámenes periciales guardan apego a la lógica, en razón de que son coincidentes entre sí porque los especialistas llegaron a las mismas conclusiones; además, ambos se basan en la firmas que calzan el Contrato privado de "COMPRA-VENTA", de dieciséis de febrero de dos mil trece, certificación notarial de dieciocho de ese mes y año; así como las credenciales de identificación ahí exhibidas, no presentan correspondencia de características, esto es no son coincidentes con su matriz impresora. Conclusión a la que arriba esta juzgadora, sin que pase de inadvertido el dictamen rendido por la perito ofrecido por la parte quejosa; toda vez que como se anotó, a esta juzgadora le crea plena convicción los dictámenes rendidos por el perito oficial y el ofrecido por la tercera interesada para otorgarles pleno valor probatorio y llegar a la conclusión de que las firmas que calzan el Contrato privado de "COMPRA-VENTA", de dieciséis de febrero de dos mil trece, certificación notarial de dieciocho de ese mes y año, así como las credenciales de identificación ahí exhibidas, no presentan correspondencia de características, y por tanto no son coincidentes con su matriz impresora. Aunado a lo anterior, las opiniones contenidas en dichos dictámenes se refieren a cuestiones propias de la especialidad materia de los dictámenes, que cumplen con el objetivo de ilustrar a esta Juzgadora sobre aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. En consecuencia, una vez expuestos los motivos y razones señaladas respecto a los dictámenes rendidos por el perito del tercero interesado y el perito oficial, generan convicción a esta resolutora sobre su contenido técnico-científico. En ese tenor, es dable sostener que con los dictámenes de referencia -en los que se expusieron los razonamientos en que los peritos basaron sus opiniones, las operaciones técnicas o estudios propios de su técnica- quedó plenamente demostrado que la firma que obran en el calzan el Contrato privado de "COMPRA-VENTA", de dieciséis de febrero de dos mil trece; certificación notarial de dieciocho de ese mes y año, así como las credenciales de identificación ahí exhibidas, no fue asentada del puño y letra del vendedor Jesús Villaseñor Mondragón (cujus), pues no presentan correspondencia de características. Al respecto se cita la tesis VI.1o.C.57 C del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1122, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES. Atendiendo a la naturaleza de la prueba pericial, a la finalidad de los dictámenes de los peritos y a que al juzgador le corresponde su valoración, independientemente de que las partes objeten tales dictámenes, éste se encuentra facultado para apreciar tanto la calidad técnica de los peritos, como la de sus dictámenes pues, de lo contrario, sería tanto como concederles valor probatorio por el solo hecho de no ser objetados, lo que atentaría contra la naturaleza misma de la prueba pericial, cuyos expertos sólo son coadyuvantes del Juez, cuando los dictámenes lo ilustren sobre cuestiones que escapan a su conocimiento y, por ello, se requiere que el perito, en cuyo dictamen se apoyará una resolución judicial, demuestre ante el juzgador que tiene plenos conocimientos" Máxime que la Ley de Amparo no refiere en forma alguna a la figura del perito tercero para el caso de desacuerdo en las conclusiones de los dictámenes de las partes; sin que en el caso, proceda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en el caso específico, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 81/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 300 Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. Conforme al tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, una vez anunciada la prueba pericial, el Juez de Distrito debe designar al o a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, independientemente de que cada parte pueda nombrar a un perito para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue que la naturaleza de la pericial en el amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el juzgador. En este tenor, la Ley de Amparo es expresa al señalar la manera como debe rendirse la prueba pericial, que no es la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabe aplicar dicho código adjetivo a fin de que el Juez esté obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando exista discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional." (Lo subrayado es de este órgano jurisdiccional). Entonces, dadas las consideraciones anteriores, resulta fundado el incidente de objeción de falsedad de documento que hizo valer la tercera interesada********************parte actora en el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble de origen, circunstancia que así se determina exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo; lo cual será tomado en consideración al resolver el fondo del asunto que se trata. SEXTO. Análisis de causas de improcedencia. Ahora Precisado lo anterior, previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia, II.1º J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, esta resolutora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de afectación a su interés jurídico para accionar en la vía de amparo contra el acto reclamado. El citado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5° de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Del citado precepto se observa que quejoso es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, que en ningún caso el interés simple se podrá invocar como interés legítimo, que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo, que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en su derechos o intereses y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las normas generales, actos u omisiones no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; por ello, el quejoso debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la normas generales, actos u omisiones de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos fundamentales, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Una vez anotado lo anterior, la parte quejosa reclama de la responsable el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, emitido en la etapa de ejecución forzosa, dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número ********************, del indicie del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, que promueve********************frente a Guillermina Adame Basilio, donde señalaron las once horas del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, para que personal del referido juzgado civil se constituyera en el inmueble ubicado en la calle prolongación Constitución, número ciento noventa, colonia Buenos Aires, de esta ciudad, y previa desocupación, poner en posesión real y material a la parte actora de dicho inmueble, como fue ordenado en sentencia definitiva; inmueble que el quejoso aduce ser de su propiedad. Ahora bien, el quejoso se ostentó como tercero extraño, en su carácter de propietario del referido predio, pretendiendo acreditar la existencia de ese derecho legítimamente tutelado a su favor, con el contrato privado de compraventa de dieciséis de febrero de dos mil trece, pasado ante la fe del Notario Público Titular de la Notaría Pública Número Ciento Cincuenta y Nueve, celebrado entre el quejoso Rogelio Moreno Juárez como comprador y Jesús Villaseñor Mondragón, como vendedor. Sin embargo, el referido contrato de compraventa fue objetado por la tercera interesada********************parte actora en el contradictorio civil de origen, en el cual se declaró fundado el incidente de falsedad planteado, en virtud de que se llegó a la conclusión de que las firmas que obran en el documento objetado de falso, no fueron asentadas del puño y letra de su difunto padre Jesús Villaseñor Mondragón, así como en la certificación, ratificación y credenciales ahí exhibidas, no presentaban correspondencia de características; en consecuencia, no puede hablarse que el referido documento sea de FECHA CIERTA, ya que quedó demostrado que no es la firma del vendedor la que obra en el contrato privado de compra venta que exhibió la parte quejosa; de ahí, que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el quejoso no acredita su interés jurídico para promover la presente instancia constitucional. Por tanto, al adolecer dicho contrato de la irregularidad antes mencionada, pone de manifiesto la inexistencia de la transmisión de propiedad ahí precisada, razón por la que dicha documental carece de valor probatorio alguno para acreditar el derecho subjetivo que el solicitante de derechos humanos pretende defender con la promoción del presente juicio de amparo. Así pues, del anterior medio de convicción, se arriba a la conclusión de que no es idóneo y suficiente para acreditar la posesión fundada en justo título que arguye la parte quejosa se le trata de privar. Entonces, al no acreditarse la infracción al derecho que aduce la parte quejosa, respecto a los inmuebles que señala en su demanda de amparo; esto es, el interés jurídico para comparecer al presente juicio, consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del numeral 63 de la propia ley de la materia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 110 Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 16/94, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En la inteligencia de que el sobreseimiento ante señalado, impide a esta resolutora entrar al estudio de la cuestión de fondo en este juicio de amparo, siendo aplicable sobre el particular la tesis de jurisprudencia II.3º. J/58, publicada en la página 57, Tomo 70, del mes de Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO, IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". No constituye obstáculo a lo antes determinado, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite de este juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, toda vez que por ser las causas de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obren en el expediente, sea que la aleguen o no las partes. Tiene sustento a lo indicado, en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 377, tomo III, segunda parte-1, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. SÉPTIMO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conform|idad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Toda vez que de los dictámenes periciales emitidos por los peritos tanto el oficial y de la parte tercera interesada en los que fueron coincidentes que las firmas estampadas en los documentos a su estudio fueron "falsificados a simple vista", esto es son firmas falsas, así como a solicitud de la tercero con interés, es dable estimar que este contradictorio fue promovido con la finalidad de obtener cierta ventaja procesal indebida, que se traduce en impedir la ejecución de un fallo elevado a la categoría de cosa juzgada, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 261, de la Ley de Amparo, dése vista de tales circunstancias al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que en el ámbito de sus facultades competenciales y tomando en cuenta los hechos que podrían ser constitutivos de delito, de estimarlo pertinente, proceda conforme a derecho, acorde con el referido numeral que literalmente establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". -lo resaltado es propio-. "Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 13/2017, de la Décima Época emitida en por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." NOVENO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XII, 73, 74, 75, 76, 124 y 219, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Es fundado el incidente de objeción de documentos propuesto por la tercero interesada********************parte actora en el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número ********************, del indicie del Juzgado responsable, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el resultando primero y en términos de los considerandos tercero y sexto de este fallo. TERCERO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables.
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