ROGELIO MORA GARCIA y Otros.

Expediente 334/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
334/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2015

Partes del expediente

  • ROGELIO MORA GARCIA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "...VISTOS...SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO..." MESDA I-A

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Agréguese el informe justificado del Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, Oaxaca, para que surta sus efectos legales consiguientes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que remite como prueba dicha responsable, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora, el acto reclamado en este juicio de amparo es la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso GERARDO DE JESÚS CUBAS CRUZ o GERARDO CUBAS CRUZ, por conducto de Ignacio Vega Aguilar con el carácter de su apoderado legal, el dos de diciembre de dos mil catorce, en el que solicitó se notificara por estrados al demandado Registrador Público de la Propiedad en Huajuapan de León, Oaxaca en el juicio reivindicatorio 398/2013 diversos autos, así como su notificación (foja 9). La responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados y manifestó: "NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO toda vez que por auto de diecisiete de marzo de dos mil quince, fue proveído el escrito de IGNACIO VEGA AGUILAR de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, recibido en este Juzgado el dos de diciembre de dos mil quince (sic), mismo que fue notificado al hoy quejoso el diecinueve del presente mes y año. (.) " (Foja 22). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierta la omisión controvertida. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el diecisiete de este propio mes de marzo acordó el escrito del quejoso; también lo es que la omisión reclamada existía a la fecha de presentación de la demanda (once de marzo de dos mil quince). Ahora, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte: 1. El peticionario de amparo reclamó la falta de acuerdo de su escrito de dos de diciembre de dos mil catorce, en el que solicitó se notificara por estrados al demandado Registrador Público de la Propiedad en Huajuapan de León, Oaxaca en el juicio reivindicatorio 398/2013 diversos autos, así como su notificación (foja 9). 2. Por auto de diecisiete de este propio mes de marzo, dicha responsable acordó el escrito señalado, en el que informó al quejoso que ordenó al Actuario adscrito notificar al Registrador Público de la Propiedad en Hujauapan de León, Oaxaca ese proveído y el diverso de seis de noviembre de dos mil catorce, por medio de cédula que se fije en los estrados de ese órgano jurisdiccional (foja 23 vuelta y 30). 3. Determinación que se notificó personalmente a la parte quejosa, por conducto de un autorizado el diecinueve de marzo siguiente (foja 30). Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que el diecisiete de este propio mes de marzo, la responsable proveyó el escrito presentado el dos de diciembre de dos mil catorce, mismo que se le dio a conocer a la parte quejosa el diecinueve de marzo siguiente. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con el auto que dictó la autoridad responsable y la notificación respectiva, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V y 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar a resolver este juicio de garantías el DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (foja 16 vuelta); ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la causa de improcedencia invocada, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Tampoco es impedimento que no haya transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la responsable; pues, en la especie, no existe un fin práctico que pudiera favorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la resolución del presente juicio, una vez transcurrido dicho plazo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido de dicho informe, permite establecer que el sentido de la resolución sería el mismo." mesa I-B

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de marzo de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por GERARDO DE JESÚS CUBAS CRUZ o GERARDO CUBAS CRUZ, por conducto de Ignacio Vega Aguilar con el carácter de su apoderado legal, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y anexos consistentes en: a) Copia certificada por el Notario Público Número Cuarenta y Seis en el Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca del instrumento nueve mil ochocientos cincuenta y cinco, volumen ciento treinta y cinco; b) Copia simple del acuse de recibo del escrito dirigido a dicha autoridad recibido el dos de diciembre de dos mil catorce; presentada el once de este propio mes de marzo tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 334/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías. Tramítese SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberse solicitado. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguiente al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las CATORCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la Ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, se solicita a la responsable que en el supuesto de que acepten la existencia de los actos reclamados, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, y la denominación que indica; de resultar que no existe, se le tendrá aquí como inexistente, no se le dirigirán comunicaciones procesales; y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo; téngase por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que el justiciable anexó a su demanda de garantías, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. En cuanto al emplazamiento de la parte tercera interesada se reserva hasta que exista en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y únicamente para recibirlas, a las personas que nombra, sin las amplias facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual están obligadas en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se ordena al Secretario correspondiente que en caso de que las autoridades responsables reproduzcan sus comunicaciones, sin diverso acuerdo, realizando únicamente la certificación respectiva, deberán glosarse a los autos. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA I-B

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