Rogelio Molina López

Expediente 267/2021 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
267/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Rogelio Molina López
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
  • Cámara de Diputados
  • Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia Ciudad de México
  • Eduardo Velázquez Mendoza
  • Isael Ruiz Galarza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Queja

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se hace constar que, de la consulta al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1602/2018, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que, mediante auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual se remitió testimonio de la sentencia de diecinueve de mayo anterior, dictada en el presente recurso de queja relacionada con la Q.A. 267/2022; sin que a la fecha haya acusado recibo. Por tanto, no es necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que éste se genera al enviar el oficio relativo a través del Módulo de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración que se trata de un asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, archívese este expediente. Notifíquese

  2. Queja

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 97, fracción I, inciso a), 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1602/2018, promovido por Ramón Ayala Arellano y coagraviados. Notifíquese, y con testimonio de esta resolución, y regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ..., este asunto es susceptible de depuración, debiéndose conservar únicamente la demanda de amparo, la sentencia reclamada, la presente ejecutoria y el proveído en que se acuerde su archivo.

  3. Queja

    Encontrándose este asunto en estado de resolución, túrnese al magistrado Patricio González-Loyola Pérez, para los efectos del artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ... De conformidad con lo previsto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Judicial procede a examinar si la resolución emitida por la responsable, Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en pretendido cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo directo. En el caso, la protección constitucional se otorgó a la parte quejosa en los siguientes términos: "[.] Consecuencias del fallo. 28. En ese sentido, al resultar fundados y suficientes los argumentos hechos valer por el quejoso, lo conducente es conceder el amparo y protección de la justifica federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala analice de manera integral la demanda de la actora, tome en consideración el contenido del oficio impugnado y la contestación de demanda, para fijar debidamente la litis y proceder al análisis de la pretensión integral de la parte actora que es, el que se analice si su pensión se ha incrementado de manera debida conforme a la ley que le resulte aplicable." Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este Tribunal tuvo por recibidos los oficios: a) 17-11-2-65923/21 de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual la Tercera Sala Regional Metropolitana informó de las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, b) 17-11-2-65967/21 de misma fecha, con el cual la referida Sala remitió la resolución dictada en cumplimiento en la que se pronunció en los siguientes términos: "QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación (CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA). Esta juzgadora procede al estudio conjunto de los argumentos planteados por la parte actora en la demanda, donde reclama lo siguiente: [.] En ese entendido, esta juzgadora debe desestimar los argumentos que expuso la actora en torno a que el incremento de la pensión debe hacerse en función del salario mínimo, ya que lo normatividad aplicable al presente caso no prevé tal cuestión, sino que la pensión aumentara en relación con el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor o el sueldo de los trabajadores en activo, el que sea más favorable. En otro tenor, en estricto acatamiento o lo ejecutoria que se cumplimentó,, esta juzgadora procede a analizar si la pensión del actor incrementó o no correctamente conforme al régimen que sí es aplicable, esto es, en términos del artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales je los Trabajadores del Estado, como se dijo anteriormente. [.] En ese sentido, ya está definido el tema relativo a que la cargo de demostrar que los incrementos a la pensión sí se han realizado correctamente corresponde a la autoridad demandada, con fundamento en los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Bajo ese panorama, para resolver el presente asunto deben tenerse en cuenta tres variables: 1) los incrementos que efectivamente ha tenido la pensión que se estudia; 2) los aumentos del índice Nacional de Precios al Consumidor y 3) el acrecentamiento de los sueldos de las personas trabajadoras en activo con una plaza similar a la que desempeñaba la parte demandante. Sobre el tema, debe precisarse que el estudio se hará en relación con el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 -fecha de otorgamiento de la pensión- al 10 de marzo de 2020- fecha de la resolución combatida-, pues con posterioridad a esta última fecha la autoridad estaba impedida para pronunciarse sobre un año que no había acaecido, de manera que no hay una determinación expresa o ficta susceptible de estudiarse. [.] Pues bien, en lo que toca a la primera variable mencionada, es decir, el aumento efectivo de la pensión que se estudia, debe tenerse presente que, por ejemplo, en febrero 2020, su cuota diaria ascendía a la cantidad de S343.91 (trescientos cuarenta y tres pesos con noventa y un centavos), lo cual se obtiene de las impresiones de los comprobantes de pago de pensión traídos a juicio por el demandante, luego de dividir la cantidad mensual entre los treinta días del periodo (ver foja 88). En ese sentido, debe verificarse es si dicho monto ha aumentado correctamente. Si se parte de ahí y se tiene a la vista la impresión de los comprobantes de pago que se anexaron o la demanda, así como la información cargada en las páginas electrónicas oficiales del Instituto demandado, las cuales se consideran un hecho notorio conforme a lo previsto por el artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es posible advertir cuáles han sido los porcentajes de incremento aplicados a la pensión, mismos que se esquematizan o continuación: [.] Por consiguiente, los datos reflejados en dicho tabla exponen, pues, los incrementos que ha tenido la pensión que se estudia en el periodo que interesa. Ahora, para obtener la segunda variable, es decir, los aumentos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, esta juzgadora invoca como hecho notorio en términos del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el documento digital visible en la página de Internet del Instituto Nacional de Información Estadístico y Geografía6, (sic) consultado en la fecha de elaboración de esta sentencia, donde se contiene el documento que refleja dichos índices por el mes de diciembre (por ser el mes inmediato anterior a lo obligación del Instituto de realizar el incremento), en tanto ocupa la atención de esta juzgadora del que se advierten los siguientes datos: [.] Finalmente, para conocer la tercera variable, esto es, el aumento de los sueldos de las personas trabajadoras en activo como se expuso en líneas atrás, correspondía a la autoridad enjuiciada demostrar que incremento la pensión conforme a derecho, por lo que para ese efecto resultaba indispensable que proporcionara la información que evidenciara la forma en que han aumentado los sueldos de las personas en activo con una plaza igual u homóloga a la que ocupó el actor antes de pensionarse. Sin embargo, aun cuando la autoridad demandada tenía la carga de probar haber incrementado la pensión conforme a derecho, lo cierto es que no lo hizo de forma suficiente, pues omitió exhibir el medio probatorio idóneo del cual se desprenda el porcentaje de incremento de los sueldos de las personas trabajadoras en activo, lo que imposibilito a esta juzgadora realizar una comparativa al respecto. No es un obstáculo a la determinación alcanzada que el artículo 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevea que las dependencias y entidades trasmitirán la información al Instituto demandado, pues lo cierto es que en este caso la enjuiciada no aportó documento alguno que evidenciara esa cuestión. Consecuentemente, toda vez que la enjuiciada no demostró haber incrementado correctamente la pensión que se estudia, pues con su omisión impidió a esta juzgadora realizar la comparativa correspondiente, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos que por cuestión de orden se expondrán en el último considerando de este fallo. De acuerdo a lo narrado, se concluye que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues como se advierte de la anterior transcripción, a) dejó insubsistente la sentencia del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; y b) analizó de manera integral la demanda de la quejosa, para fijar debidamente la litis y procedió al análisis de la pretensión integral, que era si se había incrementado su pensión de manera debida conforme a la ley que resultara aplicable, motivo por el cual se concedió el amparo al quejoso. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente expediente. Lo anterior no implica pronunciamiento en el sentido de que la sala responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de dicho fallo protector, por lo que las partes están en posibilidad de impugnar dicho cumplimiento a través del medio de defensa que considere idóneo. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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