ROGELIO MARTÍNEZ REGALADO y Otros.
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ROGELIO MARTÍNEZ REGALADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que remite testimonio de la ejecutoria de trece de septiembre del año en curso, dictada en el conflicto competencial """......."""""", suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, de la que se advierte dicho tribunal de alzada determinó que el citado Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por """....""", en su carácter de defensor del directo quejoso """.......""""; además, indica que en cumplimiento al tercer punto resolutivo de la citada ejecutoria, remitió los autos del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, al citado órgano jurisdiccional a cuyo favor se fincó la competencia. Acúsese recibo. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, """........"""" destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula y libro de gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado, vía electrónica, por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que transcribe el auto de veintiséis de julio del año en curso, del que se advierte que el referido Tribunal de Alzada, acusa recibo a este órgano juridicial del oficio por el que se le remitió el original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, con motivo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el número ""......""" de su índice. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado, vía electrónica, por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, residente en Salina Cruz, por el que remite copia del proveído de once de julio del actual, dictado en el juicio de amparo ""....."" de su registro, y devuelve el expediente ""....."" del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Acúsese recibo. Ahora bien, del auto que remite la oficiante se advierte que el homólogo federal no acepta la competencia declinada a su favor al argumentar esencialmente que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la competencia de este órgano jurisdiccional, ya que al constituir el acto reclamado el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca penal ""......"", del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal ""......"" del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es competente para conocer de la demanda de amparo el juez que ejerza jurisdicción donde se incumpla la obligación de la responsable a quien se reclama. Luego, que el municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar en que tiene residencia la autoridad señalada como responsable Magistrados Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, no se encuentra dentro de los municipios que establece el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, por lo cual se encuentra fuera del ámbito de su jurisdicción. Ahora bien, respetuosamente el suscrito no comparte el criterio del Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, toda vez que si bien, el acto reclamado consiste en el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca penal ""......"", del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y dicha autoridad tiene su residencia en ámbito de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; empero, en el caso el directo quejoso ""......"", se encuentra privado de la libertad en el Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con motivo de la medida cautelar de prisión oficiosa que le fue dictada en la causa penal ""......"" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; además, que el treinta de junio de dos mil veinte, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delio de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA en la aludida causa penal. Por lo que, ya que el acto que se reclama es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad, ya que si bien, se trata de un acto negativo, el mismo tiene el efecto positivo de permitir que el juez natural continúe con el procedimiento penal, y con ello, el quejoso permanezca privado de la libertad, más cuando el hecho delictivo atribuido al imputado es el de delito de homicidio calificado con ventaja que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, merece prisión preventiva oficiosa. Además, la determinación reclamada repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de la determinación que emitió la responsable y por la que no admitió el recurso de apelación planteado. Asimismo, que son los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, quienes ejercen jurisdicción en el lugar en que reside el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien conoce del proceso penal del que deriva el acto reclamado. Por tanto, a diferencia de lo considerado por el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, y salvo una mejor opinión del Tribunal de competencia, y en virtud de que el acto reclamado se trata de un acto negativo, que tiene el efecto positivo de permitir que el juez natural continúe con el procedimiento penal, y con ello, el quejoso permanezca privado de la libertad. En consecuencia, el suscrito insiste en declinar competencia, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para lo que tenga a bien resolver con respecto a la presente contienda. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""....."", en su carácter de defensor del directo quejoso ""....."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 777/2022. Incompetencia En primer término conviene precisar que del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: El acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca penal "".....""", del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal ""...."" del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Asimismo, se toma en consideración que el directo quejoso ""....."", se encuentra privado de la libertad en el Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con motivo de la medida cautelar de prisión oficiosa que le fue dictada en la causa penal ""...."" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; además, que el treinta de junio de dos mil veinte, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delio de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA en la aludida causa penal. Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical del precepto transcrito permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En el caso, como ya se precisó el defensor del impetrante del amparo reclama de los Magistrados que integran la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca penal ""....""", del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal ""....."" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el defensor del quejoso señala, bajo protesta de decir verdad, que el quejoso ""....."", se encuentra privado de la libertad en el Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con motivo de la medida cautelar de prisión oficiosa que le fue dictada en la causa penal ""....."" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; además, que el treinta de junio de dos mil veinte, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delio de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA en la aludida causa penal. En ese sentido, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución reclamada, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser en cuya jurisdicción reside el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que conoce del proceso penal. En efecto, la resolución reclamada en el toca penal ""....."", del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal ""...."" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad, ya que si bien, se trata de un acto negativo, el mismo tiene el efecto positivo de permitir que el juez natural continúe con el procedimiento penal, y con ello, el quejoso permanezca privado de la libertad, más cuando el hecho delictivo atribuido al imputado es el de delito de homicidio calificado con ventaja que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, merece prisión preventiva oficiosa. Así, la determinación reclamada repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de la determinación que emitió la responsable y por la que no admitió el recurso de apelación planteado. Se invoca como apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 101/2012(10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2002977, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo. [Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 534, Materia(s): Común, Penal]. Por tanto, si el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, al permanecer el imputado aquí quejoso a disposición del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la ejecución material del acto negativo que produce el efecto positivo de que el quejoso permanezca privado de la libertad en el Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, corresponde al Juez de Distrito que ejerza competencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 147/2005 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 176365, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Materia(s): Penal]. Así como en lo conducente, la jurisprudencia 118/2011 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 160608, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. [Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Materia(s): Penal]. En consecuencia, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino el Juez de Distrito, con residencia de Salina Cruz, Oaxaca; pues acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, lugar de residencia del Juez de Control que conoce de la causa penal 02/2020 de la cual deriva el acto reclamado, y quienes también ejercen jurisdicción en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que resulta ser el lugar en el que reside el centro de internamiento en el que se encuentra privado de la libertad el quejoso. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el expediente principal del presente juicio de amparo y las demás copias de demanda de amparo, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizados a ""...."", con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. No obsta, que las cédulas profesionales ""....."", expedidas a favor de ""...."", no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, sin embargo, de la consulta efectuada en la liga de internet del Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx), se desprende que las citadas cédulas profesionales, se encuentran debidamente registradas ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer la licenciatura en derecho. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 2a. VIII/2020 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, Décima Época, materia(s): Común, con registro digital: 2021840 de rubro y texto siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Mientras a las restantes personas que indica, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Autorización de consulta y acceso al expediente electrónico En otro orden, respecto a que proporciona el registro del usuario "******" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se autorice pueda consultar el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" realícese el alta correspondiente del citado usuario. Correo electrónico y número telefónico Respecto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 9/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese.
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