Rogelio Martínez González

Expediente 795/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
795/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Rogelio Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil quince (fojas 33 a 35), por la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Rogelio Martínez González por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Barrita Soriano, transcurrió del dos al quince de julio de dos mil quince, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral y por otra se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    MESA VB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil quince. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil quince (foja 31), se tuvo por rendido el informe justificado del auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual negó el acto reclamado por el quejoso en los términos siguientes: "Niego el acto que se reclama de esta Autoridad, por el quejoso ROGELIO MARTÍNEZ GÓNZALEZ, que se hace consistir en: "De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral que nos ocupa", toda vez que de autos se desprende que con fecha uno de junio del presente año, se dictó el Laudo en el juicio laboral 729/2011 (2), mismo que fue notificado a las partes el día diez siguiente.". Ahora bien, en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto, que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que integran el sumario, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la misma, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia la omisión por parte de los integrantes de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 729/2011 (2), de su índice. No obstante, de las constancias de cuenta se aprecia que tal y como lo manifestó la autoridad responsable, el uno de junio de dos mil quince, se dictó el laudo correspondiente en dicho expediente laboral; lo que implica, que durante el desarrollo de este proceso constitucional cesaron los efectos de la abstención reclamada a la autoridad responsable. Por ende, al analizarse el acto reclamado con base a la referida fase procesal (dictado del laudo), es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que, al dictarse por los integrantes de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el laudo relativo al expediente laboral 729/2011 (2) de su índice, se destruyeron los efectos del acto reclamado de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular Por lo anterior, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se dictara el laudo correspondiente al juicio laboral 729/2011 (2), del índice de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se satisfizo al dictarse la resolución de uno de junio de dos mil quince; por ello, al cesar la instancia se agotó la fase procesal activada en dicho juicio y en ese sentido debe decirse que durante el trámite del amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que al emitirse el acuerdo de cuya omisión se dolía la promovente, quedaron destruidos todos los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría desvirtuarse dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página un mil doscientos treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en auto de ocho de junio de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VB] Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil quince (foja 31), se tuvo por rendido el informe justificado del auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual negó el acto reclamado por el quejoso en los términos siguientes: "Niego el acto que se reclama de esta Autoridad, por el quejoso ROGELIO MARTÍNEZ GÓNZALEZ, que se hace consistir en: "De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral que nos ocupa", toda vez que de autos se desprende que con fecha uno de junio del presente año, se dictó el Laudo en el juicio laboral 729/2011 (2), mismo que fue notificado a las partes el día diez siguiente.". Ahora bien, en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto, que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que integran el sumario, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la misma, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia la omisión por parte de los integrantes de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 729/2011 (2), de su índice. No obstante, de las constancias de cuenta se aprecia que tal y como lo manifestó la autoridad responsable, el uno de junio de dos mil quince, se dictó el laudo correspondiente en dicho expediente laboral; lo que implica, que durante el desarrollo de este proceso constitucional cesaron los efectos de la abstención reclamada a la autoridad responsable. Por ende, al analizarse el acto reclamado con base a la referida fase procesal (dictado del laudo), es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que, al dictarse por los integrantes de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el laudo relativo al expediente laboral 729/2011 (2) de su índice, se destruyeron los efectos del acto reclamado de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular Por lo anterior, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se dictara el laudo correspondiente al juicio laboral 729/2011 (2), del índice de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se satisfizo al dictarse la resolución de uno de junio de dos mil quince; por ello, al cesar la instancia se agotó la fase procesal activada en dicho juicio y en ese sentido debe decirse que durante el trámite del amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que al emitirse el acuerdo de cuya omisión se dolía la promovente, quedaron destruidos todos los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría desvirtuarse dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido.... Al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en auto de ocho de junio de dos mil quince. Notifíquese personalmente. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)

  4. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado que rinde el auxiliar de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, encargada de la presidencia por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, por medio del cual niega el acto reclamado por el quejoso; dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. De conformidad con el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que acompaña a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral 729/2011(2) de su índice; sin perjuicio de hacer relación con las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese...

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