Rogelio Marco Ramirez Olalde
Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Marco Ramirez Olalde
- Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase a la agente responsable la documental que anexó dentro del presente asunto, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obra acuse del 1885 de veintisiete de enero del año en curso, por el que se requirió a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con residencia en la Ciudad de México, para que informara si el recurso de queja que hizo valer en contra de la suspensión provisional emitida en autos la había enviado por la vía postal y en caso de no ser así de manera inmediata lo remitiera ante esa vía. Consecuentemente, a efecto de evitar mayor dilación dentro del expediente en que se actúa, reenvíese mediante estafeta el oficio 1885, en el entendido que dentro del término de tres días, se deberá realizar el rastreo de la guía que se genere con motivo de la remisión de dicho medio de comunicación. Notifíquese por lista y reenvíese el oficio 1885 de veintisiete de enero de dos mil veintidós. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 882/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Ahora bien, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado Eduardo Hernández Guerrero, con apoyo en la fracción III, inciso C del artículo 5 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicho supuesto no se actualiza en el caso. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa dicha porción normativa, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; En el caso, el acto reclamado no deriva de un juicio, sino de una carpeta de investigación, ya que consisten en los citatorios dirigidos a los quejosos, ambos de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictados dentro de la carpeta de investigación MOR/053/27597/2021 con número único de caso (NUC) 1003 2021 16211, de ahí que no se actualiza el supuesto contenido en la fracción III, inciso C del artículo 5 de la Ley de Amparo y por ende se le deja de tener a Eduardo Hernández Guerrero con el carácter de tercero interesado. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada por razón de su propia y especial naturaleza la documental referida. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó escrito de alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienes por formulados los alegatos de la agente y por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Rogelio Marco y Ma. Teresa de Jesús Ramírez Olalde, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 882/2021 y en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno la admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Tercero. Carácter de tercero interesado. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Eduardo Hernández Guerrero; y, se ordenó su emplazamiento. En proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se regularizó el procedimiento y se dejó de tener con el carácter de tercero interesado a Eduardo Hernández Guerrero. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, los actos reclamados por los quejosos a la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, son: Los citatorios dirigidos a los quejosos, ambos de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictados dentro de la carpeta de investigación MOR/053/27597/2021 con número único de caso NUC 1003 2021 16211, la cual se sigue por el delito de privación de la libertad cometido en agravio de E.H.G. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la documental que exhibió la autoridad responsable, consistente copia autentificada de la carpeta de investigación MOR/053/27597/2021 con número único de caso (NUC) 1003 2021 16211, la cual se sigue por el delito de privación de la libertad cometido en agravio de E.H.G. [un tomo]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, toda vez que entre dichas constancias se encuentran los citatorios de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, este Juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar la razón por la que se estima actualizada dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, las cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)". De la porción normativa citada en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o de la Ley de Amparo, no contempladas, de manera expresa, en las anteriores fracciones de dicho artículo 61. Mientras que, de la citada en segundo lugar, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013, determinó que era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J.93/2013, publicada en la página 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2005048 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 141-2018, emitió la jurisprudencia 1a.J. 78-2018 (10a.), visible en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2018828, la cual es del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria correspondiente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, que de una nueva reflexión, estimaba necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Asimismo, precisó que debía abandonarse el criterio reflejado en la jurisprudencia 1a.J. 93-2013 (10a.), porque conforme con las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que preveían que en caso de no acudir a la citación, se ordenaría la aprehensión del citado, en ese supuesto, incluso si la citación se realizara bajo el apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afectaría a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Que no obstaba el hecho que conforme a la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiera ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello era un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, adujo la Primera Sala, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, es evidente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a.J. 93/2013 (10a.) emitido en el año dos mil trece, donde preveía que el amparo biistancial era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación. Una vez precisado lo anterior, es necesario recordar que, en el caso en concreto, los quejosos reclaman los citatorios de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto; es evidente, que, en contra del citatorio, por medio del cual la responsable citó a los quejosos, con la finalidad de ser recabada una entrevista en calidad de imputados, también resulta improcedente el juicio de amparo. Ello, pues aun cuando en el caso en concreto, la orden de citación no fue dictada por un juez para comparecer a la audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino por el Ministerio Público responsable; las razones emitidas por la aludida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, son aplicables al caso, porque en ambos supuestos no se afecta la libertad personal de la persona citada, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere la presencia de la citada para la integración e investigación de un delito y para que, posteriormente, en caso de que el Ministerio Público decida ejercer acción penal, en el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará dicha investigación que se sigue en su contra, se formule la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. No es obstáculo a lo anterior, que en dicho citatorio la responsable hubiere apercibido a los quejosos que, de hacer caso omiso se harían acreedores al medio de apremio previsto en el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ello sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que los quejosos no asistan, sin justificación aunado a que el apercibimiento no es el uso de la fuerza pública o arresto, sino la imposición de una multa. Sin que lo anterior los deje en estado de indefensión, pues en caso de que se le imponga esa u otra medida de apremio puede combatir esa determinación, la cual se podrá impugnar por vicios propios e incluso, dará lugar a analizar la constitucionalidad del acto que le dio origen, es decir, del citatorio reclamado; además, se insiste, su imposición en su caso depende de la actitud que la agraviada asuma ante el llamado de la autoridad. En ese orden de ideas, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido que los quejosos invocan las tesis de rubros "CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" Y "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EJERCICIO DE SU FACULTAD INVESTIGADORA. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA QUE DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE LEGALIDA". Sin embargo, tales criterios fueron emitidos en los años 2007 y 2002, esto es, cuando aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Por lo tanto, los criterios invocados por los quejosos no son aplicables con base en lo dispuesto por el artículo SEXTO transitorio del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo en vigor. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rogelio Marco y Ma. Teresa de Jesús Ramírez Olalde, por su propio derecho, en contra del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este juzgado, de llevar a cabo la diligencia encomendada en proveído de diez de los actuales, esto es, entablar comunicación con el tercero interesado Eduardo Hernández Guerrero a fin de que proporcionara diverso domicilio donde pudiera llevarse a cabo su debido emplazamiento al presente juicio. Lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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