Rogelio López Gracia

Expediente 145/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
145/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Rogelio López Gracia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que si bien se concedió la medida cautelar provisional, en definitiva se negó la misma respecto la totalidad de autoridades y actos reclamados. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la administradora Oral de lo Penal del Distrito Uno, director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo, y el agente ministerial de Investigación Criminal, encargado provisional del departamento de órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, la autoridad señalada como responsable, David Martínez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado adscrito a la UTMC Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta localidad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto si bien le resulta el carácter de tercera interesada a Vanessa González Pesqueira, conforme lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, debe destacarse que el sentido de esta determinación ningún perjuicio le depara, por lo que resulta innecesario su llamado a juicio. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las ofrecidas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Rogelio López Gracia, contra el acto atribuido al juez de Control Oral Penal del Distrito Judicial Uno, de esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido electrónicamente el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Rogelio López Gracia, por conducto de su defensor particular, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se precisarán. Por acuerdo de esa fecha, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de localización, búsqueda, citación, presentación, aprehensión o detención librada contra el quejoso, y su ejecución; y, La integración de la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2021/101/58999. No pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el solicitante del amparo reclama como acto reclamado destacado el que no se le otorgue derecho a desahogar pruebas de descargo dentro de la citada indagatoria; sin embargo, no es dable tenerlo como tal, en virtud que dicha inconformidad la hace valer como una violación cometida en dicha carpeta de investigación; de ahí que no deban considerarse como tal, pues se trata en realidad, de un concepto de violación; tan es así que lo aborda como tal en su motivo de inconformidad segundo de su escrito de demanda. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.A.J/26 (8ª.), cuyo rubro dispone: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION." Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la a) orden de localización, búsqueda, citación, presentación, aprehensión o detención librada contra el quejoso, y su ejecución, pues así lo manifestaron la administradora Oral de lo Penal del Distrito Uno, director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo, y el agente ministerial de Investigación Criminal, encargado provisional del departamento de órdenes de Aprehensión, al rendir su respectivo informe con justificación. Acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, por lo que hace a la señalada como responsable, David Martínez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado adscrito a la UTMC Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta localidad, si bien fue omisa en rendir el informe justificado relativo, lo cierto es que dicha autoridad no tiene facultades para emitir órdenes de aprehensión. A mayor abundamiento, se debe precisar que dentro del incidente de suspensión derivado de este juicio de derechos, la citada autoridad negó los actos restrictivos de libertad reclamados, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, acorde a lo señalado en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Además, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa formulada por las autoridades responsables; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de título: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En consecuencia, ante la negativa de los actos restrictivos de libertad que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos atribuidos a las autoridades responsables. IV. Certeza del acto reclamado Con independencia de la decisión alcanzada precedentemente, es cierto el acto consistente en b) la integración de la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2021/101/58999, atribuido a David Martínez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado adscrito a la UTMC Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta localidad, pues si bien fue omisa en rendir informe justificado, lo cierto es que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de derechos, la citada autoridad aceptó la existencia de la citada carpeta de investigación y su integración, lo que, se reitera, constituye un hecho notorio para este juzgador, acorde a lo señalado en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Además, la veracidad del acto combatido se corrobora con las documentales que al efecto acompañó la parte quejosa, de las que se advierte la existencia de la aludida carpeta de investigación; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, respecto tal acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación con el precepto 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que no irroga perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica; En efecto, los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De los preceptos transcritos, en concordancia con el numeral 107 de la Constitución Federal, se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en un juicio de derechos fundamentales, cause perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma, o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo, aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en relación con éste o en el ordenamiento legal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas sustentadas por el Pleno y Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubros: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO." e "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". De esa forma, se ha establecido la diferencia entre interés jurídico (el cual deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante se refiere como titular); el legítimo, que es personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole; finalmente, el interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un provecho personal para el interesado, pues no supone perjuicio a su esfera legal en algún aspecto. Hecha la anterior precisión, es necesario tener en cuenta que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en esencia, delimita las obligaciones y prerrogativas que durante la fase de investigación desformalizada le confiere la Constitución a esta institución pública. Asimismo, se hace notar que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito, es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese contexto la iniciación, desarrollo y, en el caso específico, los actos encaminados a integrar una carpeta de investigación, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal; máxime que la integración de una carpeta de investigación en contra del aquí quejoso no se traduce en violación a sus derechos fundamentales, tales como la privación de su libertad, posesiones o derechos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Y, por las razones que la contienen, la diversa tesis 1a. CXXXV/2004, que reza: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." VI. Decisión En esa virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados y la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en términos del numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Rogelio López Gracia, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el agente ministerial de Investigación Criminal, encargado provisional del Departamento de Ordenes de Aprehensión, el jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa Hermosillo, el director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y la administradora del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, todos con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con sus contenidos. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito firmado por Vanessa González Pesqueira, quien se apersona ostentándose como tercera interesada, con fundamento en el artículo 5 fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. No obstante ello, dígasele que una vez que se reciba el informe justificado a cargo del agente del Ministerio adscrito en la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, se proveerá lo conducente respecto la calidad con que se ostenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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