Rogelio Landaverde Martínez
Expediente 1358/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rogelio Landaverde Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante el cual remite el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual autoriza para consultar el presente expediente e imponerse de los autos a la persona que ahí precisa. En ese sentido, téngase por recibida la petición de la parte quejosa; y, al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de radicación, en el que ya se le tuvo por hecha dicha designación en favor de esa persona, en los mismos términos que refiere en el ocurso que se atiende.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que no obran los informes ni acuses a fin de tener certeza de que fueron recibidos por las autoridades correspondientes los oficios a través de los cuales se les requirió el informe de ley; por ello y a efecto de que el juicio se encuentre debidamente integrado; lo procedente es diferir la referida audiencia constitucional y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rogelio Landaverde Martínez, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, y 14 constitucionales; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. En principio, es destacarse que del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que se trata de una copia simple obtenida de su original, ya que carece de firma autógrafa, pues, si bien contiene un signo gráfico en la parte de la firma de quien la suscribe, lo cierto es que ésta no se encuentra estampada en original. Sin embargo, en los sellos de recepción estampados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, y por la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se asentó que ese libelo constitucional sí se recibió con firma en original. Por tanto, es que debe presumirse que en esos términos fue presentada por el quejoso [original y con firma autógrafa], a fin de respetar sus garantías de legalidad y certeza jurídica y, por ende, considerar que en la demanda en cuestión sí se encuentra la manifestación de la voluntad del quejoso para instar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida1 . Registro. Regístrese la demanda de mérito en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1358/2021-VI-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. 1 Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632, registro 2000130, Décima Época. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido2 ". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el juez responsable en el juicio ordinario civil sobre guarda y custodia 832/2021, en la que, como medida provisional, se decreta en contra del actor, aquí quejoso, la separación del domicilio conyugal. b) La notificación practicada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, al ahora quejoso respecto de la referida medida provisional. 2 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77. 13/08/22 17:20:23 Una vez precisados los actos reclamados, se procede a analizar las causales de improcedencia, pues esto debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En efecto, de oficio, esta juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Del análisis del numeral transcrito, se advierte que tal hipótesis tutela el principio de definitividad que rige en materia de amparo y que se traduce en que la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, se encuentra obligada a hacer valer, en tiempo y forma, los recursos y medios de defensa ordinarios, en virtud de los cuales el acto reclamado, pueda ser modificado, revocado o nulificado, conforme a las leyes que los rijan. 13/08/22 17:20:23 Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así se encuentre previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto, a saber, los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal, o cuando se trate de persona extraña nos ocupa no se encuentran acreditadas. Asimismo, en relación a dicho principio es conveniente precisar que, conforme a los criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números P./J. 144/20003 y 1a./J. 77/2012 (10a.)4 , respectivamente, se colige que 3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común, Tesis: P./J. 144/2000, Página: 15, Registro: 190665, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ ??????????????? ese Máximo Tribunal del País considera que por recurso idóneo debe entenderse aquel medio defensa ordinario a través del cual se pueda modificar, revocar o nulificar válidamente la resolución impugnada, es decir, que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. En ese tenor, esta potestad federal advierte que la determinación reclamada consistente en la medida provisional de separación de domicilio conyugal puede ser combatida a través de la vía incidental establecida en el numeral 259, fracción I, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que dispone lo siguiente: [A]rtículo 259. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el marido informar al juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el juez decidirá en la vía incidental; Del contenido del artículo recién transcrito se obtiene, en lo que interesa, que durante el trámite de un juicio de orden familiar, y en caso de escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. 4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 77/2012 (10a.), Página: 841, Registro: 2002188, de rubro y texto: RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva. 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ urgencia, se podrán dictar las medidas provisionales que se estimen pertinentes, las cuales subsistirán mientras dure el juicio. Asimismo, se obtiene que entre las medidas provisionales que se pueden dictar, se encuentra la de separación de cónyuges, que consiste en que el juez prevenga al marido que se salga del hogar conyugal y ordene la entrega de su ropa y los bienes que le sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado, posteriormente, el marido deberá informar al juez el lugar de su residencia. De igual forma, se obtiene que en caso de que respecto de dicha medida provisional se suscitara alguna controversia, la misma deberá plantearse vía incidental para que el juez instructor decida en definitiva lo que corresponda. Por su parte, en relación a la tramitación de los incidentes suscitados en los juicios civiles, los artículos 143 a 149, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, establecen lo siguiente: [A]rtículo 143. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a las reglas siguientes. Artículo 144. Promovido el incidente, el juez, dentro de veinticuatro horas, mandará dar traslado a la parte contraria para que conteste en el término de tres días. Si se promoviere prueba, se señalará un término que no exceda de diez días, y respecto del cual no procede término supletorio. Rendidas las pruebas, el juez citará de oficio a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que se pronunciará dentro de cinco días, concurran o no las partes a aquélla. Artículo 145. Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, se procederá como previene el artículo anterior en sus partes tercera y cuarta. Artículo 146. Los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. Artículo 147. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título; las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio. Artículo 148. En la resolución definitiva de un incidente se hará la correspondiente condenación sobre costas. Artículo 149. Las resoluciones incidentales no surten efecto más que en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que se refieran a varios en cuyo caso los surtirán en todos ellos." 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ ??????????????? Del contenido literal de los numerales en cita, se colige lo siguiente: a) Los incidentes tienen la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la determinación reclamada, puesto que en éste las partes cuentan con periodo probatorio y de alegatos y en el que, previa citación de las mismas, se procederá a dictar la resolución correspondiente a la cuestión debatida b) Que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a las reglas genéricas que para tal efecto prevé el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. c) Las determinaciones que decidan en definitiva los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. Luego, si en el caso el acto reclamado consiste en la medida provisional decretada mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el juez responsable en los autos del juicio ordinario sobre guarda y custodia 832/2021, promovido por la misma parte quejosa, en la que se ordena al aquí quejoso la separación del domicilio conyugal y su ejecución, éste debió promover en la vía incidental, controversia respecto de dicha medida, tal como se establece expresamente en la fracción I, del artículo 259, del Código Civil del Estado de Tamaulipas, para que el juez natural decidiera en definitiva sobre la misma. De modo que, el disconforme antes de acudir a esta instancia constitucional debió agotar el medio de defensa ordinario a que alude la ley en estudio, el cual, como se dijo, puede modificar, revocar o nulificar la medida urgente con base en las pruebas que se ofrezcan a fin de acreditar la litis incidental. En consecuencia, al no haberse agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, cobra vigencia la causa de improcedencia en estudio respecto al primero de los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, por analogía se comparte la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS (LEGISLACION DE MICHOACAN). El artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece que la persona contra quien se dictó una providencia precautoria, podrá reclamarla en todo tiempo, antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio correspondiente, y a ese efecto se le notificará dicha providencia, en el caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo, y la reclamación se sustanciará en forma incidental. De conformidad con esta disposición, las providencias precautorias deben reclamarse en la forma que la misma indica, y por lo mismo, el amparo que se haga valer es prematuro y debe estimarse notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, y 145, de la ley orgánica respectiva5 . Asimismo, en ese sentido resulta aplicable la tesis I.3o.C.249 C, de rubro y contenido siguiente: MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida6 . Por otra parte, en relación al segundo de los actos reclamados, que se hace consistir en la notificación practicada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, al aquí quejoso respecto a la indicada medida provisional, esta juzgadora determina que, previamente a promover el presente juicio de amparo, se debió haber interpuesto en su contra incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. Tomo CI, página 2121, Quinta Época, Materias(s): Civil, Registro digital: 342426. 6 Tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Agosto de 2001, Materia(s): Civil, Página: 1363, Novena Época. 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ ??????????????? 70 y 71, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que estatuyen: [A]rtículo 70.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II.- La notificación, citación o emplazamiento surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado conforme, expresa o tácitamente; III.- La nulidad deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación en que intervenga, a partir de la resolución, emplazamiento o citación mal notificada; en caso contrario, se considerará consentida la violación; IV.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; y, V.- La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella, salvo que éstas necesariamente se basen en, o dependan de ella" Artículo 71.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. Sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarada nula, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El juez sancionará con multa al o los que aparezcan como culpables de la irregularidad. Como se ve, de la lectura de los preceptos indicados, se desprende que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, legislación aplicable al juicio de origen, establece que las notificaciones que se practicaran de forma distinta a la prevenida serán anulables a través de la promoción del incidente de nulidad de tal notificación. De ahí que la parte quejosa, previamente a la instauración del presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el invocado numeral 70, del código adjetivo civil local, pues resulta ser el medio idóneo para combatir la notificación reclamada, ya que en éste se puede verificar que dicha notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se declara la nulidad de la actuación cuestionada y, por ende, se repone el procedimiento en el juicio. Por tanto, si en la especie el quejoso no lo hizo así, a pesar de estar en aptitud de hacerlo, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen 832/2021, y el estado procesal que guarda éste último se 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ lo permite, ya que, según lo manifestado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, ese controvertido aún se encuentra en trámite. En ese sentido, resulta evidente que la demanda de amparo de que se trata deviene improcedente, en virtud de que en contra de dicha notificación que reclama no agotó el ya aludido principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y contenido es el siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa7 . A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que el juicio de amparo indirecto es un medio extraordinario de defensa, que por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades, pues si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado contempla recursos o medios de defensa por los cuales aquél puede ser modificado, revocado o nulificado, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad legal de instar la instancia constitucional. Máxime, que no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de Amparo, ya que el acto reclamado no implica un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 230246, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 356, Tipo: Aislada. 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ ??????????????? Además, el acto reclamado tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias ni impone medida cautelar restrictiva de la libertad; no es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. En el mismo sentido, el quejoso Rogelio Landaverde Martínez, no es persona extraña al procedimiento, porque bajo protesta de decir verdad, manifestó que tiene el carácter de parte actora, de ahí que sea parte formal en el proceso civil de origen. De igual forma, se advierte que la procedencia de los medios de defensa a través de los cuales pueden ser combatidos los actos aquí reclamados es clara, expresa y no sujeta a interpretación adicional; pues, como se vio, la medida provisional reclamada se encuentra establecida en el artículo 259, fracción I, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que también contempla que si hubiere oposición o controversia sobre la misma, el Juez competente deberá analizar tal circunstancia en la vía incidental relativa; aunado a que el Código de Procedimientos Civiles del Estado contempla el procedimiento incidental respectivo; por su parte, respecto del acto reclamado relativo a la notificación de dicha medida, también resulta clara su impugnación a través del incidente de nulidad establecido en el numeral 71, del aludido código adjetivo estatal. Así las cosas, se itera, que los actos reclamados no son definitivos para efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra proceden los aludidos medios ordinarios de defensa que prevé la ley que rige el procedimiento natural; por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 112, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase desapercibido para la suscrita juzgadora que la medida provisional que ordena al aquí quejoso separarse del domicilio conyugal, puede ser considerada como de imposible reparación, dada la 13/08/22 17:20:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.f4 NEYRETH DOMINGUEZ CRUZ trascendencia que tiene sobre la esfera jurídica de la impetrante, a saber, abandonar provisionalmente el domicilio en que habita. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos procesales distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, como el que se reclama en la especie, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los indicados casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, dentro de los cuales no figura el acto que se impugna en esta instancia constitucional. Lo anteriormente encuentra apoyo, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo8
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