Rogelio Jesús Galindo Serrano
Expediente 932/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jonathan Hernández Marquez
- Rogelio Jesús Galindo Serrano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que este juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad las copias certificadas anexas a su informe justificado toda vez que resultan innecesarias conservarlas en este juzgado; a quien se solicita el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, se entenderá que fue recibido a entera satisfacción. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, de la que se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente principal, al igual que el original del incidente de suspensión, de acuerdo a sus particularidades son susceptibles de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, y en el cuaderno del incidente de suspensión se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Finalmente, vista la certificación que antecede, en la que se advierte que obran documentos originales exhibidos por los quejosos; en tal virtud, con fundamento en el punto decimoprimero del acuerdo conjunto señalado en líneas anteriores, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contados a partir de aquél en que quede legalmente notificada del presente proveído, recoja los documentos a que se ha hecho mención, apercibida de que en caso de no recogerlos, los mismos serán destruidos con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
se notifica por lista al representante común de los quejosos: Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, de la que se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente principal, al igual que el original del incidente de suspensión, de acuerdo a sus particularidades son susceptibles de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, y en el cuaderno del incidente de suspensión se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Finalmente, vista la certificación que antecede, en la que se advierte que obran documentos originales exhibidos por los quejosos; en tal virtud, con fundamento en el punto decimoprimero del acuerdo conjunto señalado en líneas anteriores, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contados a partir de aquél en que quede legalmente notificada del presente proveído, recoja los documentos a que se ha hecho mención, apercibida de que en caso de no recogerlos, los mismos serán destruidos con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables.
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