Rogelio Jáuregui Rivera

Expediente 699/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
699/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Jáuregui Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el uno de agosto de la presente a anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho; contra actos del Director de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". Se reclama de la autoridad responsable la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 24 de Julio del 2017, el cual fue presentado ante Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas." Y de contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que: El Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, tiene adeudos con ********************. Mediante circular 05/2017, emitida por la Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, el diez de febrero de dos mil diecisiete, solicitó información a ********************. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, ********************, informó a la Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, los adeudos que fueron solicitados. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, ********************, presentó un escrito ante Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas; dirigido a la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, en el cual le solicita le informe sobre el estatus y proceso en que se encuentran las facturas que componen el saldo de pasivos adeudados por la referida autoridad al aquí quejoso. Hasta el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, ha omitido dar contestación al escrito presentado por ********************, el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete; lo que ahora constituye el acto reclamado. Ahora bien, se estima que el acto impugnado no agravia de manera personal y directa al quejoso y, por ende, el juicio de garantías intentado es improcedente. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 8° Constitucional, dispone: "Los Funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los Ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Lo que hace evidente, que la respuesta que debe dar el funcionario o empleado público a la petición del solicitante, debe darla a conocer en breve término. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el breve término, consiste, en un tiempo prudente para que la autoridad responsable esté en aptitud de dar respuesta congruente al peticionario, lo que implica que si no ha pasado ese lapso, no puede considerarse violado el derecho de petición que consagra el artículo 8° constitucional, lo que ocurriría si pasaran más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él. Por lo que la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto legal. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 132, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 90, del Tomo III, Parte SCJN, Sexta Época, Apéndice de 1995, que dice: "PETICION. TERMINO PARA EMITIR EL ACUERDO. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. Así, al reclamarse en la demanda de amparo una violación al derecho de petición por falta de provisión a la solicitud relativa sin que el promovente haya dejado transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad responsable pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de garantías promovida por ********************, contra el Director de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Tienen apoyo lo anterior, en la tesis XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Ténganse como autorizados a los licenciados ********************,********************y ******************** únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos correspondientes del documento que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto en las oficinas que ocupa el Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Zacatecas, que se ubican en calle ******************** ********************en la ciudad de Zacatecas.

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