Rogelio Guzmán Gómez

Expediente 1068/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1068/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Guzmán Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: ROGELIO GUZMÁN GÓMEZ, Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Rogelio Guzmán Gómez, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese con el número IV-1068/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda Es conveniente precisar que del estudio integral de la demanda analizada como un todo, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? El auto dictado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho dentro del juicio sumario civil 879/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en donde se ordenó poner en posesión real y material del bien inmueble que constituía la garantía hipotecaria, en favor de la contraparte del aquí quejoso. Cabe referir que en el auto citado, la autoridad señalada como responsable determinó poner en posesión real y material el bien inmueble que constituye la garantía hipotecaria a la parte actora; sin que a la fecha se hubiese dictado aún la sentencia definitiva pues, a decir del quejoso, dicha orden derivó de la simple solicitud que realizó su contraparte como consecuencia del contrato de mutuo con garantía hipotecaria pactado entre los contratantes, esto es Ernesto Sánchez Flores y Rogelio Guzmán Flores [siendo esta determinación jurisdiccional la que constituye el acto reclamado]. Contrato en el que, al dicho del quejoso, se estableció en una de sus cláusulas como sanción para el caso de incumplimiento de pago, la entrega real y material inmediata de dicho bien al acreedor; cláusula que debe ser revisada en sentencia, ya que el quejoso invocó su nulidad en el propio proceso. En el caso, respecto al acto reclamado antes citado se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo al acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que la responsable determinó [dentro de juicio] poner en posesión real y material a la parte actora del juicio de origen el bien inmueble dado en garantía hipotecaria ubicado en calle Junta de Zitácuaro, sin número, colonia Independencia, en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. A fin de sustentar lo anterior es necesario señalar que los artículos 676, 682 y 696 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Michoacán establecen lo siguiente: "Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte. (.) Artículo 682. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Apelación revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los relativos a los agravios expresados. (.) Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley". No se soslaya que el origen del acto reclamado se suscitó dentro de un juicio sumario civil, cuyas reglas de tramitación se encuentran contenidas en el título sexto, capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Sin embargo, el artículo 611 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, refiere lo siguiente: "Artículo 611. Las reglas del juicio ordinario se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo prevenido en este título". En ese contexto, dicho numeral refiere que en lo que no se oponga a lo señalado por dicho capítulo, se aplicarán las reglas conforme a lo que dispone el título de los juicios ordinarios; es decir, lo que no está previsto en dicho título [de los juicios sumarios], se sujetará a las reglas del otro [de los juicios ordinarios]. En ese orden, en el capítulo relativo a los juicios sumarios no existe disposición expresa que establezca la improcedencia [en dicha vía] de los recursos que el legislador estatal estableció en el capítulo relativo a los juicios ordinarios. En la especie, el quejoso señala en su escrito de demanda de amparo que se siguió en su contra un juicio sumario civil radicado con el número 878/2018 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, promovido por Ernesto Sánchez Flores. Que dentro de la tramitación del juicio sumario, la parte actora solicitó al juez responsable la entrega de la posesión real y material en su favor del inmueble que la aquí quejosa otorgó como garantía hipotecaria, en relación con el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que pactaron las partes. Ahora, tomando en consideración lo expuesto en el artículo 611, así como el 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el recurso de queja solo tendrá lugar si el juez se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o personería de un litigante antes del emplazamiento, contra la denegación de la apelación y en los demás casos que fije la ley. Así, el auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, no puede ser recurrido mediante la queja de conformidad a lo establecido por el ordinario 696 del citado Código de Procedimientos Civiles ya que no se trata de la negativa a admitir la acción legal del promovente ni el juez desconoce la personalidad o personería de los litigantes, aunado a que el juez nunca denegó un recurso de apelación invocado por la parte quejosa ya que no se hizo valer, además de que no es un supuesto en el que la ley marque alguna circunstancia particular que permitiera a la parte demandada hacer valer su recurso. Ello, toda vez que el auto reclamado constituye un acto emitido dentro del juicio de origen, en el que el órgano jurisdiccional determinó otorgar un derecho real a la parte actora, conforme al contrato pactado por las partes, por lo que se estima que dicho acto de autoridad tampoco puede ser revocado o nulificado mediante la apelación, conforme al numeral 682 del código adjetivo. Esto es así, toda vez que el auto citado no se trata de una resolución que implique un pronunciamiento de fondo que haya puesto fin al litigio planteado por las partes y, por tal motivo, puede ser impugnado a través del recurso de revocación. En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que el promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, conforme la cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. Es decir, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente recurrible, pero el promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad. En tales condiciones, toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de noviembre del año actual de acuerdo en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente respecto del acto reclamado. No se soslaya que la parte quejosa refiere que con el acto reclamado procede el juicio de amparo indirecto al ser un acto de imposible reparación, toda vez que el peticionario de amparo refiere lo siguiente: ". existe el riesgo fundado e inminente de que el suscrito pueda ser privado de sus propiedades y posesiones (antes señaladas) de una forma ilegal, lo anterior toda vez que la Autoridad señalada como responsable dentro de la presente, ha acordado favorable a tal acto, por lo tanto, en virtud de dicho riesgo inminente y fundado de violentarse los derechos humanos del suscrito con el acto reclamado." (Lo subrayado es propio). Al respecto, en forma independiente a que dicho acto sea o no de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la irreparabilidad del acto reclamado como el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de derechos humanos, por lo que para el supuesto caso de que un acto de autoridad tenga la cualidad de imposible reparación, antes de acudir al juicio biinstancial debe agotarse el medio ordinario de defensa establecido en la ley de amparo en atención al principio de definitividad, lo que en el caso no aconteció. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, libro 55, junio de 2018, tomo I, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Lo anterior, habida cuenta que el acto reclamado no es la última determinación en la etapa de ejecución en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues como quedó establecido el acto se hace consistir en el auto emitido por la responsable en el que se ordena poner en posesión real y material del inmueble otorgado en garantía a la contraparte del aquí quejoso, atendiendo a que el juicio de donde emana el acto de autoridad aún se encuentra en trámite y, por ende, sin resolución. De ahí que tampoco sería procedente el juicio de amparo indirecto contra el acto de autoridad que se combate, ya que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio biinstancial procede únicamente en contra de la última resolución de dicho procedimiento. ? Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Christian Omar Segura Alanís, Ana Lidia Martínez Anzaldo, Mary Carmen Toledo Villa y J. Guadalupe Zavala Villa, quienes gozarán de las amplias facultades que confiere, toda vez que sus cédulas profesionales están inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Y para el único efecto de imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica, dado que así lo manifestó la parte quejosa. ? Uso de medios electrónicos. En otro aspecto, como lo solicita el promovente, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA ?

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