Rogelio Gutiérrez Ramírez
Expediente 372/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rogelio Gutiérrez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha trece de octubre de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término de diez días para la interposición del recurso de revisión, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. Así mismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, deberá depurarse el original del incidente de suspensión de amparo al haberse concedido, tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por último, visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que por proveído de veintiocho de octubre de dos mil quince, se reservó acordar respecto del escrito presentado por el quejoso ante este juzgado el veintisiete de ese mismo mes y año, en relación a la devolución del billete de depósito número N 185787, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que se exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, hágasele devolución del mismo, por no ser necesaria su retención; lo anterior, previa identificación oficial y razón de recibido que obre en autos para constancia, autorizando para recibirlo a Samuel Castillo Antonio.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso *****, mediante el cual se le tienen por hechas las manifestaciones a que hace alusión en su ocurso, en relación a su conformidad con la sentencia que pone fin al juicio de amparo que nos ocupa, renunciando a cualquier recurso ordinario y extraordinario posterior; en cuanto a la solicitud de la devolución del billete de depósito número 185787, exhibido a su favor, dígasele que se acordará lo conducente una vez que quede firme el sobreseimiento fuera de audiencia decretado el trece de octubre de dos mil quince.
- Principal
......................POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFICAR AL QUEJOSO ROGELIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, EL AUTO DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, QUE DICE:... Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de uno de los corrientes, respecto a la causa de improcedencia que oficiosamente se advirtió en el presente juicio, sin que hasta la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañe ese consentimiento;" Por su parte, el artículo 17, del ordenamiento legal en cita, establece: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, como quedó asentado, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: "A) La notificación de fecha 3 de julio de del año 2013 hecha por el actuario exhortado del juzgado Tercero de lo civil Lic. Eduardo Magaña Becerra. Obrante en foja 49 dentro del juicio de origen. B) El acta de embargo suscrita por el mismo operador judicial, Actuario Lic. Eduardo Magaña Becerra de fecha 3 de julio del año 2014 en virtud de no haber sido realizada de forma personal ya que fue suscrita en dia diverso a la notificación de emplazamiento de día 3 de julio de 2013 obrante en fojas 45 y 46 del expediente de origen. C) En consecuencia de lo anterior todos y cada uno de los autos, acuerdos y resoluciones emitidos por el Juez Quinto de lo civil del partido judicial de la ciudad de Mexicali B.C. dentro del expediente 404/2014 con posterioridad a la supuesta notificación de emplazamiento de fecha 3 de julio de 2013. D) La desposesión de mis bienes que pretenden ejecutar en virtud de ser un juicio ejecutivo mercantil que tiene aparejada ejecución." Actos cuya existencia se corroboran con las copias certificadas del expediente del cual derivan los actos reclamados que la propia responsable remitió como justificación de sus actos del juicio ejecutivo mercantil número 404/2014, de los cuales se desprenden los siguientes antecedentes: Que ante el Juzgado Quinto de lo Civil, concede en esta ciudad, el señor Rosario Chong León, por conducto de su endosatario en procuración Licenciado Sergio Martín del Campo Campillo, el quince de mayo de dos mil catorce, promovió juicio Ejecutivo Mercantil en contra de Rogelio Gutiérrez Ramírez (fojas 2 a 6 del tomo de pruebas). Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil catorce, la autoridad responsable tuvo por admitida la demanda citada, se ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia de lo Civil en turno de la ciudad de Tijuana, Baja California, a efecto de que el Actuario de su adscripción corriera traslado al demandado y lo emplazara para que hiciera la contestación correspondiente (fojas 23 y 24 del tomo de pruebas). Por escrito presentado ante la responsable Juez Quinto de lo Civil, de esta ciudad, el Licenciado Sergio Martín del Campo Campillo, endosatario en procuración del actor, exhibió convenio judicial celebrado el diez de julio de dos mil catorce, entre el señor Rosario Chong León (parte actora) y Rogelio Gutiérrez Ramírez (parte demandada); a efecto de dar por terminada la controversia judicial del expediente 404/2014, promovida ante la autoridad responsable, el cual fue debidamente ratificado ante el Notario Público Número Nueve de esta municipalidad el dieciséis de julio siguiente (fojas 27 a 34 del tomo de pruebas) y elevado a la categoría de cosa juzgada en auto de doce de agosto de dos mil catorce por la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad (foja 36 tomo de pruebas). De lo anterior cabe concluir, que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra desde el dieciséis de julio de dos mil catorce, en que compareció a ratificar el convenio citado, tal y como se advierte de la foja 34 del tomo de pruebas, relativo al expediente de origen, que fue remitido por la autoridad responsable anexo a su informe con justificación; por lo tanto, perdió su calidad de tercero extraño por equiparación y desde entonces estuvo en posibilidad de promover el juicio de amparo, de ahí que se concluya que la demanda con que se formó este expediente fue interpuesta en forma extemporánea, ya que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veinticuatro de junio de dos mil quince, lo que significa que, entre la fecha en que se estima tuvo conocimiento la quejosa del aludido acto reclamado, que lo fue cuando menos el dieciséis de julio de dos mil catorce, y la diversa en que presentó la demanda de derechos fundamentales que originó la formación del presente expediente (veinticuatro de junio de dos mil quince), transcurrieron en exceso los quince días que establece la ley de la materia. Por lo anterior este juzgador esta imposibilitado tanto para pronunciarse sobre la constitucionalidad del emplazamiento impugnado, como las demás actuaciones en el juicio ejecutivo mercantil 404/2014, que en esta vía se combate, ya que el quejoso no presentó la demanda de amparo dentro del lapso de quince días, a partir de que tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento, en el cual, consintió dichos actos y la circunstancia de que haya comparecido al juicio de origen y no haya ejercido su derecho de defensa, solo le es atribuible a él mismo y conduce a consentir todos los actos de juicio que no combatió a través de los recursos ordinarios. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución. " Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es decretar y se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el emplazamiento y todas las actuaciones siguientes en el juicio ejecutivo mercantil número 404/2014 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Estado de Baja California. Son aplicables a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda" . "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala" . Sin que sea el caso emplazar al tercero interesado Rosario Chong León, toda vez que no se entró al estudio del presente juicio de amparo y la determinación descrita en párrafos que anteceden no le causan ningún perjuicio. Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil quince.
- Incidental
R e s u e l v e : Primero. Se niega la suspensión definitiva a Rogelio Gutiérrez Ramírez, contra los actos que reclama al Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del partido judicial de Mexicali, Baja California y Secretario Actuario notificador Licenciado Eduardo Magaña Becerra adscrito al Juzgado Tercero Civil del partido judicial de Tijuana, Baja California, así como del Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, en los términos expuestos en el considerando tercero. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a Rogelio Gutiérrez Ramírez, contra los actos que reclama al Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del partido judicial de Mexicali, Baja California y Secretario Actuario notificador Licenciado Eduardo Magaña Becerra adscrito al Juzgado Tercero Civil del partido judicial de Tijuana, Baja California, así como del Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, en los términos expuestos en el considerando cuarto.
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