Rogelio Gutierrez Lopez

Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Gutierrez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 426/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y remitida a este Juzgado el mismo día, Rogelio Gutiérrez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los descuentos judiciales del 11.25% de sus percepciones y otra por la cantidad de $9,036.78 (NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), acto de ordenamiento que atribuyó a las autoridades ordenadoras Jueces Primero Civil, Segundo Civil, Tercero Civil, Cuarto Civil, Quinto Civil, Sexto Civil; Jueces Primero Familiar, Segundo Familiar, Tercero Familiar, Cuarto Familiar, Quinto Familiar, Sexto Familiar, todos del Distrito Judicial del Centro; y en su carácter de autoridad ejecutora al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estima que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 426/2021, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se otorgó la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar en su carácter de tercera interesada a Librada López López. Lo cual se realizó el ocho de julio de dos mil veintiuno. Previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara el acto reclamado. Se tiene como acto reclamado: - El acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, emitido por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 323/1993, de su índice; y su ejecución por parte del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados los Jueces Primero Civil, Segundo Civil, Tercero Civil, Cuarto Civil, la Secretaria Judicial del Juzgado Quinto Civil, Jueza del Séptimo Familiar y Conclusión del Sexto Civil; Jueces Primero Familiar, Segundo Familiar, Cuarto Familiar, Quinto Familiar, Sexto Familiar, todos del Distrito Judicial del Centro; negaron la existencia del acto de ordenamiento que se les reclamó, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Así, ante la inexistencia del acto reclamado de las autoridades mencionadas, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y el Director General de Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, emitido por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 323/1993, de su índice, mediante el cual se ordenó el descuento del 11.25% del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso Rogelio Gutiérrez López, por concepto de pensión alimenticia a favor de Librada López López, que quedó establecida en la resolución de dieciocho de mayo de dos mil diez, e informara si se encuentran retenidos los pagos desde la primera quincena de febrero de dos mil doce; y su ejecución por parte del mencionado Director en su calidad de autoridad ejecutora. Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad ordenadora responsable. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, en conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la autoridad responsable en su carácter de ejecutora Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, este órgano jurisdiccional estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación en los diversos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.). De lo anterior se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/973, en la que definió lo que en la corriente institucional administrativa debe considerarse, para efectos del amparo, como autoridad, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen"., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 164/20114: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado; es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y, b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el descuento fijado a Rogelio Gutiérrez López, como concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la acreedora alimentaria Librada López López, respecto del 11.25% del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso, como jubilado del Gobierno del Estado del Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, dictado por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 323/1993, de su índice. Por tanto, es claro que no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, la ejecución del descuento reclamado no es combatible a través del juicio constitucional, sino que el actuar del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional (Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 323/1993), para lo cual, así, la forma de cumplimentarlo o, en su caso, omitirlo, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que lo efectuará o no, pero en su calidad de simple auxiliar, en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad, e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, es ilustrativa, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." En esas condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia que se analiza lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, emitido por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 323/1993, de su índice, mediante el cual se ordenó el descuento del 11.25% del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso Rogelio Gutiérrez López, por concepto de pensión alimenticia a favor de Librada López López, que quedó establecida en la resolución de dieciocho de mayo de dos mil diez, e informara si se encuentran retenidos los pagos desde la primera quincena de febrero de dos mil doce, en el presente caso, de oficio este Juzgado advierte se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general), que ese lapso se debe computar a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, de las constancias remitidas por el juzgado responsable, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento desde el veintiocho de enero de dos mil veinte, porque el acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, dictado por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 323/1993, de su índice, le fue notificado en el domicilio procesal mediante cédula el veinticuatro de enero de dos mil veinte y la recibió Daniel Cervantes Carrasco, Luego, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo que ahora combate el veintiocho de enero de dos mil veinte, y la demanda de amparo fue presentada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, resulta extemporánea, pues a esa fecha habían transcurrido más de quince días hábiles con los que contaba para promover el juicio de amparo. En efecto, el término de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo, en el caso, inició el veintiocho de enero de dos mil veinte y concluyó el diecinueve de febrero de ese año. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a SOBRESEER en el juicio, pues como se explicó para el acto aquí reclamado impera el término genérico de quince días, que prevé la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción a que se refiere el citado artículo 17 de la legislación en comento, y el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De esta manera, y ante la certeza de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado (veintiocho de enero de dos mil veinte), se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso numeral 17 de la ley de la materia, pues el plazo de quince días que prevé este último numeral, para presentar la demanda de amparo contra aquella determinación, transcurrió en exceso. Por consiguiente, al presentarse la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional el veintidós de abril de dos mil veintiuno, es indudable que su presentación se hizo en forma extemporánea. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, del citado ordenamiento. SEXTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por el Rogelio Gutiérrez López, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado Porfirio Santos Matías, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hasta el día de hoy veintidós de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    MESA V "... En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) Porfirio Santos Matías, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diversos 5/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el(la) Secretario(a) certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el(la) Secretario(a) hizo una relación de las constancias de autos. La Secretaria en funciones acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el periodo probatorio, el(la) Secretario(a) hace constar que el quejoso anexo a la demanda las siguientes documentales: 1) Constancia médica de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. 2) Copia certificada de la credencial de elector a nombre de Rogelio Gutiérrez López. 3) Dos recibos de pago. Por su parte, las autoridades responsables Juez Tercero de lo Familiar y el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, remitieron copia certificada de las constancias en las que apoyaron su informe justificado. A lo que la Secretaria en funciones acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las referidas autoridades responsables; por lo que no habiendo pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho período. Abierto el periodo de alegatos, el(la) Secretario(a) hace constar y certifica que las partes no formularon alegatos. La Secretaria en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA Lic. D. Guadalupe Reyes García EL(LA SECRETARIO(A) DE JUZGADO Lic. Porfirio Santos Matías

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano