Rogelio Gutiérrez Escamilla
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2021
Partes del expediente
- Rogelio Gutiérrez Escamilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. archívese el presente asunto como concluido. este expediente es destruible en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que, de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
- Principal
agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso -----------------------, mediante el cual, en atención al auto aclaratorio de treinta de junio anterior, manifiesta diversos antecedentes de los cuales se pueden advertir el acto que le causa perjuicio, la autoridad responsable, así como el estado procesal del expediente de origen; por tanto, este juzgador estima tener por cumplida la prevención de mérito. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo en concordancia con lo manifestado en el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente: El auto admisorio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial de desahucio -------, por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual ordenó la desocupación del bien inmueble que defiende el quejoso en este sumario, en un plazo de sesenta días naturales. Hecha tal precisión, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. En otras palabras, se considera que el acto reclamado, se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable al resolverse juicio especial de desahucio -------, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, o en su defecto, podrá combatirse como violación procesal en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la sentencia que se dicte en dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Se insiste que el acto reclamado se trata de una violación procesal toda vez que en el procedimiento de origen el quejoso puede oponer defensas y excepciones a fin de hacer valer lo que a su derecho corresponda; lo anterior se afirma, en razón de que de los artículos 2.317 y 2.318 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establecen las modalidades de dar por culminado dicho procedimiento en su beneficio, al haber realizado el pago de las rentas debidas. En ese sentido, por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente, procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente del auto que admite la demanda y ordenó la desocupación del bien inmueble que defiende el quejoso en este sumario en un plazo de sesenta días naturales, y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, lo cual puede reclamarse en caso de que le sea desfavorable el fallo que ponga fin al juicio, como ya se dijo en términos de lo previsto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe practicarse de forma personal al quejoso en términos del artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo; no menos cierto resulta que se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por -----------, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por notoriamente improcedente.
- Principal
IV.- Ahora, de la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes quejosa y terceros interesados no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. A Consideración de este Juzgador, el presente asunto carece de relevancia documental. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses. dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán ser depurados y en su momento destruidos junto con éste.
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