Rogelio Guizar Pérez
Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Guizar Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, tengase por recibido el escrito de Jorge Andres Calvillo Corral, en cuanto apoderado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento exhibido en su escrito inicial de demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvanse los documentos de referencia, previo cotejo, así como copia certificada que del mismo se deje en autos y acta de entrega que para el efecto se levante. Asimismo, dígasele que para la entrega del referido documento deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del once de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 353/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Agente Segundo del Ministerio Publico de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes descritas. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Rogelio Guizar Perez, a través de su apoderado jurídico Jorge Andrés Calvillo Corral solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Agente Segundo del Ministerio Publico de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de proveer de copias simples de todas las actuaciones que integran la carpeta de investigación MOR/053/39216/2020, radicada en la Agencia Segundo del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; asi como la omisión de acordar lo relatiivo a la petición formulada el treinta uno de marzo del año en curso, dentro de la carpeta en cita. Segundo. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veintitrés de febrero del año en curso, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de proveer de copias simples de todas las actuaciones que integran la carpeta de investigación MOR/053/39216/2020, radicada en la Agencia Segundo del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; asi como la omisión de acordar lo relatiivo a la petición formulada el treinta uno de marzo del año en curso, dentro de la carpeta en cita. Tercera. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó que no son ciertos los actos que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Lo que se corrobora con las constancias remitidas, por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado de las que se advierte por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, la Agencia Segundo del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad, dió respuesta en sentido positivo a la peticion formulada el treinta y uno de marzo por la parte quejosa. Las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Asimismo, hizo del conocimiento que el dia siete de abril de la presente anualidad, a las diez horas y a las catorce horas con veinticinco minutos, realizó llamadas telefonicas al numero 443-128-9496, (numero que dejo el apoderado jurídico del aquí quejoso como medio de notificación de la carpeta de origen) las cuales no fueron contestadas; sin embargo, el ocho del mes y año en cita, se volvió a realizar llamada teléfonica obteniendo respuesta de Jorge Andres Calvillo Corral, en la cual se le informó que se había acordado en sentido positivo su solicitud formulada el treinta y uno de marzo del año en curso, y también que el día doce de abril del año en curso, podía pasar a recoger las copias solicitadas, sin que a al fecha el apoderado jurídico de la parte quejosa haya recogido dichas constancias. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Andrés Calvillo Corral, apoderado jurídico de Rogelio Guizar Pérez, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, como lo solicita el apoderado jurídico de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que indica y téngasele autorizando para recibirlas a la persona que menciona, previo recibo que se deje en autos. Hágasele saber que para la entrega de las copias que solicita, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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