Rogelio González Sánchez
Expediente 971/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rogelio González Sánchez
Actuaciones
- Incidental
Téngase recibido el oficio 20900/2023, remitido vía juicio en línea con firma electrónica del Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite los informes previos firmados autógrafamente por el Coordinador de la Unidad Municipal y por el Inspector del Sistema Municipal, ambos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazatlán; en atención a su contenido, agréguense en autos para que obren como corresponda, en virtud de que la presente incidencia se resolvió en interlocutoria de dieciséis de noviembre del año en curso, en la que se proveyó sobre los mismos.
- Incidental
ÚNICO. SE NIEGA a********************, la suspensión definitiva solicitada, en contra de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando único de esta resolución, por las razones ahí expuestas.
- Principal
les deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. ********************TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos.******************** REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 971/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en el aviso de visita con folio 1273, expedido por la autoridad responsable, en el que se le suspende su actividad laboral (taller mecánico), que ejerce en la cochera de su domicilio particular.********************ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo.******************** SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. ********************En la inteligencia de que, por regla general, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en el juicio de amparo indirecto no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión.********************INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables los cuales deben rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifique, donde expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado.********************Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta.********************Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá a multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. ********************NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. ********************En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo.********************TERCERO INTERESADO. No fue señalado.********************PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida la prueba documental que anexa al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo.********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************,********************en esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional 2564759, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho.********************Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.********************INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde.
- Incidental
Como fue ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con el escrito de solicitud de suspensión, con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 971/2023, promovido por********************, contra actos del Coordinador Municipal de Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y otras autoridades.******************** AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente.********************INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.********************APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización.********************Asimismo, de expresar las responsables un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. ********************PRUEBAS. De acuerdo a lo previsto en el diverso ordinal 143 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida la documental exhibida con el escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al celebrarse la audiencia incidental respectiva, donde se acordará sobre su admisión y desahogo.********************ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo constituye una medida cautelar sui generis cuyo objeto principal es mantener viva la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad; tiene su fuente constitucional en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo.********************Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), a saber:********************1. SOLICITUD EXPRESA DEL QUEJOSO. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar en el capítulo de suspensión.********************2. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El requisito relativo a la existencia del acto reclamado y que se hace consistir esencialmente en el aviso de visita con número de folio ******************** de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se determinó la suspensión temporal del taller mecánico instalado en su domicilio; se encuentra colmado, con la documental que anexa consistente en el citado aviso de visita y con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso la parte quejosa respecto de su existencia.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 12, agosto de 1993, registro 206395, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." ********************3. QUE EL ACTO RECLAMADO SEA SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. En el caso, el acto reclamado respecto del cual se solicita la suspensión es de naturaleza positiva, ya que, como se dijo, consiste en el aviso de visita con número de folio ******************** de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se determinó la suspensión temporal de su taller mecánico, el cual tiene instalado en su domicilio; circunstancia que implica una conducta de hacer de la autoridad, de tal forma que es susceptible de ser suspendido.********************4. EL QUEJOSO DEBE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO (INTERÉS SUSPENSIONAL). De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. ********************Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por su especial situación en que se encuentra el gobernado. ********************En el caso, el interés suspensional que el quejoso estima afectado en forma preponderante por la orden de visita que culminó en la suspensión o clausura temporal del taller mecánico/casa habitación, instalado en el inmueble ubicado en ********************, para efectos de la suspensión solicitada, se acredita indiciariamente con el aviso de visita con número de folio ********************, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, en el que se asentó que el quejoso es el propietario de dicho inmueble, en el cual ejerce su actividad laboral.********************Documental pública reviste valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y resulta suficiente para acreditar por lo menos en forma indiciaria que el quejoso cuenta con interés para solicitar la medida cautelar de que se trata, ya que los actos reclamados pudieran trascender a su esfera jurídica.********************5. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA CITADA LEY. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.******************** A su vez, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar.******************** Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. ******************** No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. ******************** En ese contexto, corresponde al Juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. ******************** Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. ******************** Ahora bien, los artículos 5° y 6°, del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, facultan a las autoridades municipales señaladas como responsables a proteger a las personas y a la comunidad ante la eventualidad de riesgos, emergencias o desastres, provocados por agentes naturales o humanos a través de acciones que eliminen o reduzcan la pérdida de vidas.******************** Luego, si atendemos a la solicitud de suspensión del acto reclamado, que como antes se indicó, tiene como pretensión del quejoso que se le conceda para el efecto de que las autoridades responsables levanten la suspensión o clausura sobre el taller mecánico ubicado en ********************, actualizaríamos la afectación al orden público e interés social.********************Lo anterior es así, con motivo de que la prueba documental allegada por el peticionario, consistente en el aviso de visita con número de folio ********************, de diecinueve de octubre del año en curso, evidencia claramente que se determinó la suspensión temporal por lo siguiente: "se recibe el reporte de incendio en el taller/casa habitación a las 07:08 am, al lugar llego la unidad 3322, al mando de jefe de inspectores y en el lugar se encontraban las unidades 70 y 71 de Bomberos Mazatlán, la unidad 312 y la unidad 324 de Seguridad Pública, por lo que se confirmó el incendio en una vivienda, la cual es usada como taller en el que tienen vehículos en reparación y mucho material, piezas y basura en el lugar, el área afectada por el incendio fue uno de los cuartos de lámina en su techo, el cual fue consumido en su totalidad. Nota: el lugar queda suspendido y se necesita que realice limpieza general y el habilitado del lugar con sus medidas de legalidad por lo que deberá presentar un plan de trabajo para las reparaciones y habilitarlo. Se debe hacer un convenio con los vecinos afectados por el incendio y presentarlo a esta coordinación".****************************************Luego, en el propio Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mazatlán, específicamente en su artículo 50, se establece entre otras cosas que los particulares, que se encuentren en la situación del aquí quejoso -según lo relatado en el aviso de visita-, deberán implementar un programa interno de protección civil para el inmueble y revalidarlo anualmente ante la unidad municipal del sistema de protección civil; programa que no acredita el quejoso haber implementado, no obstante que bajo protesta de decir verdad refiere que su taller mecánico opera en la cochera de su casa habitación; asimismo, que la citada unidad municipal por conducto de la coordinación de protección civil, tiene a su cargo las funciones de verificación y vigilancia del cumplimiento del citado reglamento y de la ley respectiva, y, que a efecto de evitar daños conforme al numeral 144, podrá dictar medidas correctivas entre las que se encuentra la restricción de actividades, obras o servicios, cuando así se requiera, para la prevención y control de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, en tanto dicha situación prevalezca. ********************Así, de concederse la medida cautelar de manera provisional, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, puesto que, la suspensión del taller mecánico, tiene como finalidad evitar un riesgo mayor a los habitantes del referido inmueble, con motivo del incendio acontecido en dicho lugar, por ello, ordenar su levantamiento atendiendo a la afectación de la parte quejosa, se estima se materializaría la afectación al interés público en la medida que se permitiría la continuación de una actividad o giro comercial que no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con lo cual, además se pondría en peligro la seguridad de las personas que laboran en dicho lugar, las que habitan en el mismo y la de los vecinos, respecto de la cual, la sociedad está interesada se cumpla a cabalidad.********************De ahí que, es improcedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que se permita la continuación del funcionamiento del taller mecánico que defiende la parte quejosa, al ser mayor la afectación al interés social y el orden público con la concesión de la medida cautelar que la que se causa al quejoso con la subsistencia de los efectos del acto reclamado, pues acceder a su solicitud equivaldría a desatender lo previsto en el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, lo que es contrario al interés de la sociedad y afecta el orden público. ********************En esa tesitura, al no encontrarse colmado el requisito previsto en el precepto 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega al quejoso********************, la suspensión provisional solicitada.********************Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia PC.XV. J/28 K (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, página 1456, cuyo rubro y texto son los siguientes:********************"SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA PARA IMPEDIR LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE ACCIONES DE URBANIZACIÓN, DE EDIFICACIÓN Y GENERAL DE CONDOMINIOS, TODOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Para decidir sobre la suspensión de los efectos de normas generales, los artículos que la regulan deben interpretarse como un sistema normativo, lo que implica que la posibilidad de paralizarlos, prevista en el artículo 148 de la Ley de Amparo, no se circunscribe a la sola petición que al efecto realice el quejoso, sino que es necesario que con ello no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128 de la ley citada, debiendo considerarse que se produce afectación al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando, entre otras cosas, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes. Ahora, los Reglamentos de Acciones de Urbanización, de Edificación y general de Condominios, todos para el Municipio de Tijuana, Baja California, establecen diversas condiciones y exigencias con las cuales deben cumplir las edificaciones y construcciones de la citada municipalidad, así como medidas de seguridad y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Bajo esa óptica, como los reglamentos aludidos tienden a asegurar la satisfacción de ciertas necesidades a favor de la sociedad, de manera que contienen acciones dirigidas a otorgar mayor calidad y seguridad en la urbanización del Municipio de Tijuana, Baja California, no procede otorgar la suspensión definitiva contra los efectos y las consecuencias de la aplicación de dichas normas, ya que el artículo 128 citado señala expresamente que no procede conceder la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, lo que ocurriría en el caso, al afectar el interés de la sociedad, consistente en que las edificaciones se construyan con la mayor calidad y seguridad posibles, a fin de garantizar el menor perjuicio en caso de desastres naturales o sucesos análogos.
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