Rogelio García Venegas

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Rogelio García Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio respecto a todos los actos reclamados y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificadas del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    SENTENCIA, VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 68/2021-IV promovido por Rogelio García Venegas, contra actos del Congreso Local del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Rogelio García Venegas, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra las normas generales y los actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, ya que los actos reclamados están constituidos por normas generales cuya aplicación material fue realizada dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado1 . En ese sentido, analizada integramente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la intención de la parte quejosa es reclamar: 1. El proceso legislativo que culminó con la expedición del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, específicamente, los artículos 1° y 18 fracción I, II, III, IV, V, VI, y VII. 2. La ejecución que se dé a dichos numerales impugnados; y, 3. El cobro por concepto de derecho de alumbrado público, por medio del recibo de luz con el número de servicio 156 820 901 169. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman a la Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, ya que al rendir el informe justificado que le fue requerido negó haber realizado alguna gestión de cobro, lo que se corrobora con el contenido del aviso recibo que se anexó a la demanda de amparo, y la constancia de pago centralizado del servicio de energía eléctrica, se advierte que fue el quejoso quien voluntariamente realizó el pago de la cantidad que se establece en el aviso recibo, sin que se advierta que la autoridad municipal haya realizado algún acto concreto para expedirlos ni para obtener el pago respectivo, menos que el derecho de alumbrado público haya sido recaudado a través del procedimiento administrativo de ejecución, o que de alguna forma haya intervenido la Tesorero o cualquiera de sus subalternos; de ahí que tales actos deben tenerse como inexistentes. Cabe mencionar que, ante la eventualidad de que se llegara a otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, la circunstancia de que no se haya demostrado la existencia de los actos de la autoridad municipal, no la excluye del cumplimiento de la ejecutoria como así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 3a. LXX/93 de la otrora Tercera Sala2 . Asimismo, el Gobernador del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado en cuanto a la aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa que expresaron tanto el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, como el Gobernador de esta entidad federativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que fueron atribuidos a las citadas autoridades3 . CUARTO. Existencia de actos reclamados. Respecto de los actos consistente en el desahogo de las distintas etapas del proceso legislativo desde su iniciativa hasta la promulgación y publicación del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente los artículos 1 y 18 que establecen como ingreso ordinario para el Municipio en comento, el derecho de alumbrado público, son ciertos los actos que la parte quejosa reclama del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que así se desprende del contenido de los informes justificados rendidos. Habida cuenta que se trata de un amparo contra una norma general, cuya existencia es un hecho notorio4 . QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia motiva que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, las que se analizan conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. Una vez determinado lo anterior, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de dicho ordenamiento legal, toda vez que la parte quejosa no demostró que le hubiera sido aplicada alguna de las porciones normativas combatidas en este asunto (artículos 1° y 18 fracción I, II, III, IV, V, VI, y VII de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno). Los artículos en que se basa la causa de improcedencia invocada5 disponen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor de ninguna manera causen perjuicio en los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Así, tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico o legítimo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de los preceptos combatidos, sino que debe probarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de ejecución que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, se distinguen en autoaplicativas y heteroaplicativas. En la regulación del juicio constitucional esa clasificación subsiste y se relaciona con el concepto de "individualización incondicionada", que define a la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente a la esfera jurídica de la parte quejosa, sin condicionarse a ningún acto posterior de autoridad. En cambio, si la afectación a la esfera jurídica del gobernado requiere de la emisión del acto de autoridad que individualice su contenido, se estará en presencia de normas heteroaplicativas; de este modo, el juez de amparo debe considerar dicho criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional6 . Ahora, los artículos 17, fracción I, en relación con el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (este último a contrario sensu), permiten advertir la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de carácter general atento a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o, bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en la norma que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, para provocar la afectación a su esfera jurídica sin algún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, para estar en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, pues se necesita de un acto posterior que invada la esfera jurídica del particular. En este orden, se concluye que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas influyen en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o, bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de la autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas7 . Una vez expuesto esto, es necesario destacar que, en el caso concreto, el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama el artículo 18, fracciones I a VII de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, las cuales establecen lo siguiente: DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPÍTULO II POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ARTÍCULO 18. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Titulo Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda, con las tarifas mensuales siguientes: Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. CONCEPTO CUOTA MENSUAL I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico. $ 11.49 II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso de pequeño comercio o industria. $ 17.24 III. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso de mediano comercio o industria. $ 1,773.80 IV. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso de gran comercio o industria. $ 17,738.20 Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que no se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán anualmente, simultáneamente con el Impuesto Predial correspondiente, a través de recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal, la cuota en el equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como sigue: CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN A) Predios rústicos 1 V. B) Predios Urbanos 3 VI. Por la expedición del dictamen de evaluación y cuantificación para la reubicación o modificación de las instalaciones pertenecientes al alumbrado público municipal, se pagará a razón de cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En todo caso, el solicitante deberá cubrir el costo de los materiales y mano de obra que sean determinados en el dictamen; el servicio de reubicación o modificación se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de pago antes referido. Cuando se causen daños al sistema de alumbrado público municipal, se evaluará el costo y se elaborará el presupuesto para que se realice el pago en las oficinas de la Tesorería Municipal. VII. Por concepto de revisión y/o aprobación de proyectos de construcción de alumbrado público, en fraccionamientos construidos por particulares, el pago será de doce veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. [.]" En efecto, la ley citada contiene normas cuyo objeto es regular el cobro del derecho de alumbrado público, mismo que se materializa en la esfera jurídica del particular al haberse calculado el monto a pagar en el aviso recibo, por la Comisión Federal de electricidad, en el rubro precisado como DAP (derecho de alumbrado público) y, posteriormente, al realizar el pago correspondiente. En el caso concreto la parte quejosa acude a la instancia constitucional a combatir el numeral 18, fracciones I al VII de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán. Empero, contrario a lo estimado por la parte quejosa, este órgano de control constitucional estima que el aviso-recibo señalado no constituye acto de aplicación de la norma general impugnada por los motivos siguientes: En primer lugar, debe decirse que el numeral 18 de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán dispone las tarifas mensuales por el derecho de alumbrado público, para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, el numeral precisa los montos dependiendo del uso de suelo que tengan los predios registrados ante la Comisión Federal de electricidad. Ahora, el aviso recibo exhibido por la parte quejosa, es el siguiente De dicho recibo se advierte que en el apartado correspondiente al DAP se asentó el monto de $216.00 (doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), por el período comprendido del cinco de noviembre de dos mil veinte al seis de enero de dos mil veintiuno. Ahora, en le caso que nos ocupa se advierte que la prueba ofrecida no contiene la aplicación del precepto legal impugnado, pues por lo contrario se le está aplicando el precepto 18 de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán del ejercicio fiscal dos mil veinte. Lo anterior es así en virtud de que el precepto aludido en último término establecía lo siguiente: "ARTÍCULO 18. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: I. Para las personas físicas o morales [.] II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados para uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: A) En baja tensión: CONCEPTO CUOTA MENSUAL 1. En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 kwh. al mes. $ 10.80 2. En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 kwh. al mes. $ 27.00 3. En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 kwh. al mes. $ 54.00 4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes. $ 108.00 5. En nivel de consumo Alto, de más de 400 kwh. al mes. $ 216.30 Esto es, conforme a la cantidad estipulada por concepto de DAP en el aviso recibo exhibido, se aprecia que este es por la cantidad de doscientos dieciséis pesos, cuya cantidad mensual equivale a ciento dieciocho pesos identificado en el precepto 18 inciso A, número 4, ello en el entendido de que el aviso recibo de factura por períodos bimestrales, en otras palabras, el análisis del contenido del documento permite concluir válidamente, que le fue aplicada el supuesto de causación relativo al ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual, con independencia que fuera correcto o no así se desprende de la documental exhibida. Aunado a lo anterior, la circunstancia de que la cantidad coincide con dos períodos mensuales de ciento ocho pesos cada uno, esto es, no se aprecia que se hubiera cobrado proporcionalmente por lo que ve al ejercicio fiscal dos mil veinte (del cinco de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte) y ejercicio fiscal dos mil veintiuno (que comprende del uno al seis de enero de dos mil veintiuno), como para poder estimar que la norma relativa a este último le fuera aplicada, ya que ninguna operación aritmética permite estimar que haya acontecido un cobro proporcional. Esto es, en el aviso recibo que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, así como el respectivo recibo de pago, no se acredita la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirvieron de base a los cálculos que se plasman en ellos, pues los datos asentados en aquél no generan convicción a este órgano jurisdiccional sobre la norma que sirvió de base para el cálculo del derecho de alumbrado público, lo anterior pues dicha norma tiene diversas hipótesis para la aplicación y cobro de dicho concepto, por lo que para acreditar la aplicación de la norma combatida, era necesario el desahogo de prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada. Por lo contrario, la única operación aritmética que da como resultado la cantidad cobrada por derecho de alumbrado público es la aplicación del artículo 18, inciso A, número 4, mensual por el período facturado en el aviso recibo que fue exhibido por la parte quejosa. En ese sentido, se insiste, en el caso concreto, la documental exhibida por la parte quejosa no demuestra fehacientemente la aplicación de la norma combatida, sino de una diversa, la cual corresponde al ejercicio fiscal dos mil veinte y, por tanto, puede concluirse válidamente que no existe acto de aplicación respecto del artículo 18 de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Lo anterior, pues el quejoso debió acreditar fehacientemente la afectación a su interés jurídico que lo legitimara para impugnar una disposición de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, pues a través de dicho acto, es que se advertiría que la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada. Por lo contrario, la única operación aritmética que da como resultado la cantidad cobrada por derecho de alumbrado público es la aplicación del artículo 18, inciso A, número 4, mensual por el período facturado en el aviso recibo que fue exhibido por la parte quejosa. En ese sentido, se insiste, en el caso concreto, la documental exhibida por la parte quejosa no demuestra fehacientemente la aplicación de la norma combatida, sino de una diversa, la cual corresponde al ejercicio fiscal dos mil veinte y, por tanto, puede concluirse válidamente que no existe acto de aplicación respecto del artículo 18 de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Lo anterior, pues el quejoso debió acreditar fehacientemente la afectación a su interés jurídico que lo legitimara para impugnar una disposición de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, pues a través de dicho acto, es que se advertiría que la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada." De igual forma, resulta aplicable, en lo conducente y por identidad de razones jurídicas, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9 , intitulado: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN SIN QUE SE PRECISE ÉSTE, COMO ACTO RECLAMADO, NO ES DABLE JURIDICAMENTE SU ANÁLISIS Y EN CASO DE QUE SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO, ÉSTE SÓLO ALCANZARÁ A LA LEY. Si la constitucionalidad de la ley es reclamada con motivo de un acto de aplicación y del estudio integral de la demanda no se advierte que éste se reclame por vicios de legalidad ni se precisa como acto reclamado, sino sólo se hace referencia a él reclamándose la ejecución de los artículos en los que se funda, por estimarse éstos inconstitucionales, no procede sobreseer en el juicio respecto del acto concreto de aplicación al no haberse señalado como acto reclamado, ni expresarse conceptos de violación en su contra, por lo que no es dable jurídicamente su cuestionamiento en el juicio; por ende, si se actualiza alguna causa de sobreseimiento, ésta únicamente abarcará a la ley controvertida, sin que deba hacerse extensiva al acto de aplicación, ni sobreseerse por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada." De igual forma, resulta aplicable, en lo conducente y por identidad de razones jurídicas, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9 , intitulado: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN SIN QUE SE PRECISE ÉSTE, COMO ACTO RECLAMADO, NO ES DABLE JURIDICAMENTE SU ANÁLISIS Y EN CASO DE QUE SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO, ÉSTE SÓLO ALCANZARÁ A LA LEY. Si la constitucionalidad de la ley es reclamada con motivo de un acto de aplicación y del estudio integral de la demanda no se advierte que éste se reclame por vicios de legalidad ni se precisa como acto reclamado, sino sólo se hace referencia a él reclamándose la ejecución de los artículos en los que se funda, por estimarse éstos inconstitucionales, no procede sobreseer en el juicio respecto del acto concreto de aplicación al no haberse señalado como acto reclamado, ni expresarse conceptos de violación en su contra, por lo que no es dable jurídicamente su cuestionamiento en el juicio; por ende, si se actualiza alguna causa de sobreseimiento, ésta únicamente abarcará a la ley controvertida, sin que deba hacerse extensiva al acto de aplicación, ni sobreseerse de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con diez minutos del once de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo IV-68/2021, promovido por Rogelio García Venegas, por propio derecho; contra actos de: No.Autoridad responsableActos reclamados1Congreso del Estado de Michoacán.El proceso legislativo que culminó con la expedición del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, específicamente en los artículos 1° y 18 fracción I, II, III, IV, V, VI, y VII. 2 Gobernador del Estado de Michoacán. 3 Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. 4 Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán. 5 Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La ejecución que se le dé a dichos numerales impugnados; y, El cobro que por concepto de derecho de alumbrado público se hace a la parte quejosa por medio del recibo de luz con los números de servicio 156 820 901 169 El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán (vía remota), asistido de la licenciada Karla del Rosario Herrera Bacab, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe (vía remota), la declara abierta sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, la secretaria procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda; Auto admisorio de veintinueve de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obran en autos, el secretario hace relación de ellos mediante la tabla siguiente: No Autoridad Auto en el que se tuvo por recibido. Sentido 1 Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. 10/12/2020 Cierto 2 Gobernador del Estado de Michoacán, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería del Ejecutivo del Estado. 16/02/2021 Cierto 3 Secretario de Gobierno del Estado, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería del Ejecutivo del Estado. Cierto 4 Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Morelia Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega 5 Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad 26/02/2021 Cierto A continuación, se declara la apertura del período de pruebas y dentro de la etapa de admisión o desechamiento, la secretaria hace constar: Que únicamente la parte quejosa ofreció medios de convicción, los cuales fueron anexados al escrito inicial de demanda; A lo que el Juez acuerda: Se admiten y desahogan por su especial naturaleza las documentales ofrecidas por la parte quejosa, y se tiene por perdido el derecho de las demás partes a ofrecer medios de convicción; asimismo, se cierra esta etapa. Se abre el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes en alegar. Acto seguido, el Juez declara vistos los autos y dispone que cuando las labores del juzgado lo permitan, se pronuncie la sentencia respectiva. Doy fe.

  4. Principal

    Informe justificado. Visto el comunicado del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado en sentido afirmativo; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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