Rogelio García García

Expediente 1369/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1369/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Rogelio García García

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que se adjunta diligenciada la comunicación oficial ********************, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar a la parte quejosa el proveido de veinticinco de noviembre pasado. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo, aunado a que no fue solicitado. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda promovida por *****, apoderada legal de *** (personalidad que se le reconoce en términos de la carta poder que adjunta); con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 1369/2022-III. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte agraviada señala como acto reclamado: La resolución emitida el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós en el juicio laboral ****, del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el actor -aquí quejoso-contra el auto de diecinueve de septiembre del presente año, en el que se le indicó que debía estarse a las constancias que integran el citado expediente. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Hecha tal precisión, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el diverso 10*****, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Dichos numerales disponen que el amparo procede en la vía indirecta contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de ahí que para dilucidar en qué vía se puede reclamar una violación cometida en el curso del juicio de origen, habrá de distinguirse si tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 10***, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia, conviene resaltar diversos antecedentes procesales narrados en el ocurso constitucional relativos al juicio laboral ******: - Mediante proveído de veintinueve de agosto del presente año, la autoridad responsable dio vista al actor ***** con la contestación a la demanda y ofrecimiento de pruebas efectuado por los demandados. - Al tener a la vista los documentos que le fueron notificados, advirtió que faltaban diversas hojas al escrito de contestación, en particular el capítulo correspondiente de las pruebas, por lo que al objetarlas señaló: "se hace notar que en el escrito de contestación a la demanda y en especial del capítulo de pruebas, hacen falta las hojas 24, 26, 2, 30 y sucesivas, dejando en estado de indefensión a mi mandante, al no poder objetar las pruebas debidamente las pruebas (sic), por lo que deberán ser desechadas". - A tales manifestaciones recayó el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que el Secretario Instructor adscrito al tribunal responsable expuso que, derivado de que no combatió de forma correcta la situación planteada por el ahora quejoso, debería estarse a las constancias que integran el juicio laboral de origen. - Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reconsideración; sin embargo, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós se declaró improcedente ese medio de impugnación (acto reclamado), al considerarse que debió combatir mediante el incidente de nulidad la notificación que se le practicó del proveído de veintinueve de agosto del presente año. Realizada la anterior relatoría, se considera que en este caso no se ocasiona al gobernado una afectación de imposible reparación, ya que la transgresión reclamada no implica la privación de la vida, de la integridad personal, de la intimidad, de la libertad o de la propiedad; por el contrario, tal cuestión, dada su naturaleza, trastoca únicamente derechos adjetivos o procesales, ya que, en todo caso, los efectos de la resolución combatida implican que no sea subsanada la vista que se le dio con las pruebas ofertadas por su contraparte. Aunado a lo anterior, las violaciones de que se duele la parte quejosa pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, situación ante la cual las consecuencias de los alegados perjuicios se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Empero, en el supuesto de que no obtenga sentencia favorable, podrá hacer valer las transgresiones manifestadas como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente o en última instancia puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 10, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Federal, 10, 11 y 12, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se reflejaría la trascendencia de la violación procesal. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 3/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 10********************, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma resulta ilustrativa la jurisprudencia 3a. 20/90 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que expresa: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 10******************** constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 10, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y notificación por exhorto Tomando en consideración que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano; con fundamento en el artículo 2********************, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la ********************, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda notifique personalmente este proveído a ****, apoderada legal de *****, en el domicilio ubicado en ..., corriéndole traslado con copia del mismo. Además, la requiera para que señale un usuario para recibir notificaciones vía electrónica a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan); con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días, legalmente computados, sin ulterior acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 2, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles y se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Autorizados Se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia. Consulta expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "****" y "****" la consulta del expediente electrónico, el cual está disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Solicitud de información Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 1******************** Constitucional. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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