Rogelio Gabriel Ortiz Hernández

Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Gabriel Ortiz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad contra el auto de trece de enero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia amparadora dictada en este asunto, sin que las partes lo hubieran hecho valer; por tanto, SE TIENE POR CONSENTIDA dicha determinación para los efectos conducentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, esto, con posterioridad al QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se observa que el término de tres días concedido a las partes en acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, transcurrió sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia de amparo está cumplida. I. MARCO LEGAL. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Asimismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ello además, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página doscientos cuarenta y tres, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El análisis que se efectuará debe limitarse a corroborar la existencia de todos los actos a que se obliga la sentencia protectora, para lo cual se procederá a confrontar los puntos que en su parte sustancial fueron materia de concesión, frente al informe de cumplimiento respectivo que expresó la responsable. Sin que sea válido emitir pronunciamiento sobre la legalidad de esas actuaciones; pues ello, en su caso, representa materia de estudio de diversos medios de impugnación, por lo que una declaración de cumplimiento se debe formular de manera lisa y llana, en atención a que la materia de éste consiste en cotejar el núcleo fundamental de la sentencia con el actuar de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena, es decir, sin hacer pronunciamiento sobre la legalidad de la ejecución, en atención a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página trescientos uno, con número de registro 165807, al tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En ese orden, se tiene que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, el siete de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: 1. Dejen insubsistente el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, con sede en esta ciudad. 2. Teniendo en cuenta los lineamientos apuntados respecto a las facultades de los funcionarios que integran la Comisión Ejecutiva Estatal, emita la resolución definitiva con base en el proyecto de dictamen que para tal efecto emitió el Comité Interdisciplinario Evaluador, exponiendo las razones, motivos o argumentos lógico-jurídicos en los cuales apoye su determinación. CUMPLIMIENTO En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV), por sí y en representación de los Integrantes del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEEAIV, en términos de los artículos 98 y 99 de la Ley de Victimas para el Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, realizó las siguientes actuaciones: 1) Mediante oficio CEEAIV/14095/2022 de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, remitió el dictamen del mismo mes y año, por la que determinó la compensación subsidiaria ????????????????????? como parte de la reparación integral del daño a favor del quejoso, emitido con el número de Acuerdo 14094/2022 (promoción 18350), de la que se advierte, en la parte que interesa, lo siguiente: Realizó un estudio de las afectaciones causadas por las violaciones a derechos humanos acreditadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz en agravio de la víctima, aquí quejoso. En relación a la medida de compensación, la autoridad responsable analizó su vertiente material e inmaterial; en relación con el segundo de ellos analizó el daño moral y psicológico, en el cual precisó que en el caso que nos ocupa, dicho perjuicio atendía a la afectación a la integridad personal de la víctima derivado de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no investigó diligentemente la desaparición de sus padres, afectaciones contenidas del estudio en materia de psicología realizado por el personal especializado adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, determinando que el nivel de gravedad de afectación se colocaba en moderado-leve. En razón de lo anterior, la responsable determinó otorgar por concepto de daño moral y psicológico la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). Respecto al daño material, la responsable analizó el daño emergente, del cual precisó que se advirtió del expediente integrado para tal efecto que la víctima no realizó gastos directos e inmediatos que hubiesen derivado de la violación de derechos humanos, por lo que no estimó procedente realizar la cuantificación por dicho concepto, al no acreditarse dicha afectación. Por cuanto hace al lucro cesante la autoridad indicó que no se identificaba que la víctima hubiese obtenido una interrupción en sus ingresos por la violación a sus derechos o derivado de las omisiones de investigar con diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que como se observaba de los informes ahí citados, al momento de los hechos, la víctima se encontraba estudiando, por lo que no realizaba ninguna actividad que le generara ingresos que fuesen susceptibles de ser interrumpidos. En la medida consistente en la rehabilitación la responsable señaló que la víctima ya tenía acceso a las medidas de ayuda, asistencia y atención con que cuenta dicha comisión, al estar registrada en el Registro Estatal de Víctimas con el número de folio CEEAIV/REV/811/2019. La medida de restitución fue reforzada por la responsable al indicar que de conformidad con la recomendación establecida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, era obligación de la fiscalía restablecer el debido proceso, con la finalidad de dar a conocer la verdad de los hechos y el paradero de las víctimas directas. Finalmente, en relación a las medidas de satisfacción y no repetición, la responsable señaló estar de acuerdo con lo señalado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, en el sentido de que era deber de la fiscalía responsable llevar a cabo las acciones necesarias para satisfacer, respetar y reparar la dignidad de las víctimas e iniciar los procedimientos internos de responsabilidad administrativa que resultaran, así como de realizar la capacitación eficiente de los servidores públicos. Bajo dichos razonamientos y argumentos, la autoridad responsable determinó lo siguiente: "PRIMERA. En cumplimiento a la sentencia recaída del juicio de amparo 829/2022, se deja insubsistente el Acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós que fuera emitido por el suscrito. SEGUNDA. En términos de lo dispuesto por el capítulo III, Título Octavo de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se efectuó el estudio de procedencia de acceso a los recursos por concepto de compensación de manera subsidiaria con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por violación a los derechos humanos determinados en el cuerpo de la Recomendación 59/2020 en perjuicio de la víctima Rogelio Gabriel Ortiz Hernández. TERCERA. De tal manera, esta Comisión Ejecutiva Estatal cuantificó la compensación de manera subsidiaria con cargo al Fondo Estatal a favor de Rogelio Gabriel Ortiz Hernández, víctima de violaciones a derechos humanos, por la omisión de investigar con debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acorde al contenido de la Recomendación 59/2020, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, que fuera pagada de la siguiente forma: CONCEPTO: Daño moral y psicológico. Cantidad: $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). (.)" Constancias con las que acreditó atender lo ordenado en la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintidós, debido a que dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, con sede en esta ciudad y con base a los lineamientos apuntados en la sentencia de amparo respecto a las facultades de los funcionarios que integran la Comisión Ejecutiva Estatal, emitió la resolución definitiva con base en el proyecto de dictamen que para tal efecto formuló el Comité Interdisciplinario Evaluador. Por tanto, el suscrito considera que la autoridad responsable en el ámbito de su respectiva competencia acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo, motivo por el cual PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector. III. VISTA A LA PARTES. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se observa que el término de tres días concedido a las partes en acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, transcurrió sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia de amparo está cumplida. I. MARCO LEGAL. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Asimismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ello además, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página doscientos cuarenta y tres, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El análisis que se efectuará debe limitarse a corroborar la existencia de todos los actos a que se obliga la sentencia protectora, para lo cual se procederá a confrontar los puntos que en su parte sustancial fueron materia de concesión, frente al informe de cumplimiento respectivo que expresó la responsable. Sin que sea válido emitir pronunciamiento sobre la legalidad de esas actuaciones; pues ello, en su caso, representa materia de estudio de diversos medios de impugnación, por lo que una declaración de cumplimiento se debe formular de manera lisa y llana, en atención a que la materia de éste consiste en cotejar el núcleo fundamental de la sentencia con el actuar de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena, es decir, sin hacer pronunciamiento sobre la legalidad de la ejecución, en atención a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página trescientos uno, con número de registro 165807, al tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En ese orden, se tiene que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, el siete de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: 1. Dejen insubsistente el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, con sede en esta ciudad. 2. Teniendo en cuenta los lineamientos apuntados respecto a las facultades de los funcionarios que integran la Comisión Ejecutiva Estatal, emita la resolución definitiva con base en el proyecto de dictamen que para tal efecto emitió el Comité Interdisciplinario Evaluador, exponiendo las razones, motivos o argumentos lógico-jurídicos en los cuales apoye su determinación. CUMPLIMIENTO En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV), por sí y en representación de los Integrantes del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEEAIV, en términos de los artículos 98 y 99 de la Ley de Victimas para el Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, realizó las siguientes actuaciones: 1) Mediante oficio CEEAIV/14095/2022 de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, remitió el dictamen del mismo mes y año, por la que determinó la compensación subsidiaria ????????????????????? como parte de la reparación integral del daño a favor del quejoso, emitido con el número de Acuerdo 14094/2022 (promoción 18350), de la que se advierte, en la parte que interesa, lo siguiente: Realizó un estudio de las afectaciones causadas por las violaciones a derechos humanos acreditadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz en agravio de la víctima, aquí quejoso. En relación a la medida de compensación, la autoridad responsable analizó su vertiente material e inmaterial; en relación con el segundo de ellos analizó el daño moral y psicológico, en el cual precisó que en el caso que nos ocupa, dicho perjuicio atendía a la afectación a la integridad personal de la víctima derivado de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no investigó diligentemente la desaparición de sus padres, afectaciones contenidas del estudio en materia de psicología realizado por el personal especializado adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, determinando que el nivel de gravedad de afectación se colocaba en moderado-leve. En razón de lo anterior, la responsable determinó otorgar por concepto de daño moral y psicológico la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). Respecto al daño material, la responsable analizó el daño emergente, del cual precisó que se advirtió del expediente integrado para tal efecto que la víctima no realizó gastos directos e inmediatos que hubiesen derivado de la violación de derechos humanos, por lo que no estimó procedente realizar la cuantificación por dicho concepto, al no acreditarse dicha afectación. Por cuanto hace al lucro cesante la autoridad indicó que no se identificaba que la víctima hubiese obtenido una interrupción en sus ingresos por la violación a sus derechos o derivado de las omisiones de investigar con diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que como se observaba de los informes ahí citados, al momento de los hechos, la víctima se encontraba estudiando, por lo que no realizaba ninguna actividad que le generara ingresos que fuesen susceptibles de ser interrumpidos. En la medida consistente en la rehabilitación la responsable señaló que la víctima ya tenía acceso a las medidas de ayuda, asistencia y atención con que cuenta dicha comisión, al estar registrada en el Registro Estatal de Víctimas con el número de folio CEEAIV/REV/811/2019. La medida de restitución fue reforzada por la responsable al indicar que de conformidad con la recomendación establecida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, era obligación de la fiscalía restablecer el debido proceso, con la finalidad de dar a conocer la verdad de los hechos y el paradero de las víctimas directas. Finalmente, en relación a las medidas de satisfacción y no repetición, la responsable señaló estar de acuerdo con lo señalado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, en el sentido de que era deber de la fiscalía responsable llevar a cabo las acciones necesarias para satisfacer, respetar y reparar la dignidad de las víctimas e iniciar los procedimientos internos de responsabilidad administrativa que resultaran, así como de realizar la capacitación eficiente de los servidores públicos. Bajo dichos razonamientos y argumentos, la autoridad responsable determinó lo siguiente: "PRIMERA. En cumplimiento a la sentencia recaída del juicio de amparo 829/2022, se deja insubsistente el Acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós que fuera emitido por el suscrito. SEGUNDA. En términos de lo dispuesto por el capítulo III, Título Octavo de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se efectuó el estudio de procedencia de acceso a los recursos por concepto de compensación de manera subsidiaria con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por violación a los derechos humanos determinados en el cuerpo de la Recomendación 59/2020 en perjuicio de la víctima Rogelio Gabriel Ortiz Hernández. TERCERA. De tal manera, esta Comisión Ejecutiva Estatal cuantificó la compensación de manera subsidiaria con cargo al Fondo Estatal a favor de Rogelio Gabriel Ortiz Hernández, víctima de violaciones a derechos humanos, por la omisión de investigar con debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acorde al contenido de la Recomendación 59/2020, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, que fuera pagada de la siguiente forma: CONCEPTO: Daño moral y psicológico. Cantidad: $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). (.)" Constancias con las que acreditó atender lo ordenado en la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintidós, debido a que dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, con sede en esta ciudad y con base a los lineamientos apuntados en la sentencia de amparo respecto a las facultades de los funcionarios que integran la Comisión Ejecutiva Estatal, emitió la resolución definitiva con base en el proyecto de dictamen que para tal efecto formuló el Comité Interdisciplinario Evaluador. Por tanto, el suscrito considera que la autoridad responsable en el ámbito de su respectiva competencia acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo, motivo por el cual PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector. III. VISTA A LA PARTES. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda.

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz, dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV), por sí y en representación de los Integrantes del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEEAIV, en términos de los artículos 98 y 99 de la Ley de Victimas para el Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que una vez transcurrido ese lapso se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese como corresponda.

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