Rogelio Flores Rodríguez

Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
350/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Flores Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, al que anexa testimonio autorizado de la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que declara infundado el recurso de queja administrativa 309/2018, relativo al medio de impugnación interpuesto por el quejoso Rogelio Flores Rodríguez por conducto de su autorizado, contra el proveído que desechó por improcedente la demanda de amparo que originó la formación de este expediente. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; sin que sea necesario realizar el acuse respectivo puesto que el propio sistema de seguimiento de expedientes (SISE) lo genera automáticamente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron copias certificadas del juicio de amparo 350/2018-II, así como el escrito original de agravios y copia del mismo, materia del recurso de queja interpuesto por la parte solicitante del amparo. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número de queja administrativa 309/2018. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, presentado vía SISE, signado por Oscar Muñoz Villareal, en su carácter de autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo presentada por Rogelio Flores Rodríguez, en tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniéndose la legalidad del mismo. En este sentido, atendiendo a lo dispuesto en la última parte, del párrafo primero, del artículo 101 de la Ley de Amparo y, tomando en consideración que el presente recurso fue presentado vía electrónica, remítase el informe justificado y el expediente electrónico vía SISE a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, Capital en Turno, sin necesidad de solicitar el acuse respectivo, en virtud de que el sistema lo genera automáticamente al momento de su recepción. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve de manera electrónica Rogelio Flores Rodríguez, contra el acto de la moral privada Automóviles de Valles, Sociedad Anónima de Capital Variable; que considera violatorios en su perjuicio de derechos fundamentales. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 350/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo consiste en: "La omisión de informar que el vehículo marca Ford, Línea Escape XLT, modelo 2012, a gasolina, transmisión automática 06 velocidades, color plata estelar, interiores de piel negro nocturno y con número de serie 1FMCU0D72CKA53957; y que en su sistema de asientos: piloto y copiloto no cumplía con los dispositivos de seguridad esenciales para garantizar una efectiva protección a los tripulantes; es decir, un vehículo inseguro, sin embargo, así lo comercializó la autoridad responsable." En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia que deriva de la interrelación de la fracción XXIII, del artículo 61, con la fracción I, del numeral 1, y párrafo segundo, de la fracción II, del dispositivo 5, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se precisa en el segundo de los preceptos transcritos, que tiene el carácter de autoridad responsable, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El último de los preceptos transcritos no prevé de manera específica una causal de improcedencia del juicio de garantías, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, quien temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 5° de la legislación de la materia. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable y, estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis número P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la diversa jurisprudencia número 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Sobre este contexto, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 174/2015, en sus argumentos centrales, sostuvo que respecto de los actos de particulares que puedan vulnerar derechos fundamentales, era menester remitirse al proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del que se desprende que al desarrollar las bases constitucionales establecidas por el Constituyente Reformador de la Carta Magna para ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, el legislador ordinario destacó que el concepto de autoridad debe modificarse, entre otras razones, porque hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales prerrogativas no sólo proviene del Estado, sino también emana de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias. Que lo anterior, de modo alguno implica desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo, sin embargo, precisó, "siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión". Por tal motivo, el legislador ordinario determinó que los particulares tendrán el carácter de autoridad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, del artículo 5 y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta, de modo tal que su reconocimiento, como tal dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. Así, se puede decir que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, último párrafo, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la 'responsabilidad estatal'. Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, en el cual determinó que "la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado", toda vez que las "obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales". Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitada, sino debe entenderse acotada a que exista conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo, es decir, debe atenderse a 'las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. Sobre este contexto, el acto reclamado a la moral privada Automóviles de Valles, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en la omisión de informar que el vehículo marca Ford, Línea Escape XLT, modelo 2012, a gasolina, transmisión automática 06 velocidades, color plata estelar, interiores de piel negro nocturno y con número de serie 1FMCU0D72CKA53957; y que en su sistema de asientos: piloto y copiloto no cumplía con los dispositivos de seguridad esenciales para garantizar una efectiva protección a los tripulantes; es decir, un vehículo inseguro, sin embargo, así lo comercializó la autoridad responsable, no puede ser considerado un acto de autoridad para tornar procedente el juicio de amparo. Lo anterior tomando en consideración que la empresa señalada como autoridad responsable no puede tener ese carácter, ya que el acto que se le atribuye no se encuentra en un plano de supra a subordinación en relación con la parte peticionaria de amparo, pues tal conducta no puede ser considerada como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del quejoso, además que su actuar no deriva de alguna prerrogativa concedida a la moral en una ley general. En el presente caso, es evidente que la omisión que le atribuye a la empresa privada, no se despliega a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general, por lo cual, no puede estimarse, que la moral señalada como responsable se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque la relación que entabla con el hoy quejoso, no denota una característica de supra a subordinación. En ese sentido, se está en presencia de actos derivados surgidos de una relación contractual mercantil, es decir de derechos y obligaciones que surgen de una compraventa entre particulares, que en modo alguno pueda ser interpretada a la luz de los nuevos paradigmas constitucionales como un acto de autoridad que vulnere derechos fundamentales del quejoso. Además, como se adelantó en párrafos arriba, es patente que el Estado no subroga a favor de la moral privada dentro de Ley General de Sociedades Mercantiles, un poder fáctico que de desplegarlo patentice un ejercicio de supra a subordinación que la revista con el carácter de autoridad responsable, al actuar soló en un plano de coordinación contractual con el quejoso, por lo que para dirimir sus diferencias, contrario a lo que manifiesta el quejoso en su demanda de amparo, sí existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolver las controversias derivadas del acto mercantil que realizaron. Las consideraciones que anteceden permiten concluir que el acto reclamado en la demanda de garantías, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se actualizaron todas las notas que distinguen a esos actos, en particular, no se cumplió con el elemento necesario de que dimanen de relaciones de "supra a subordinación" (entabladas entre gobernantes y gobernado). Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo II, página 1224, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por lo anteriormente expuesto, dado que se ha llegado a la conclusión de que efectivamente se actualiza la hipótesis de que los actos reclamados en el presente juicio de garantías no fueron emitidos por una autoridad de las reconocidas por la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Por otro lado, se tiene como su domicilio del promovente para oír y recibir notificación el ubicado en Avenida Juárez junto al número 201, casi esquina con calle Guerrero, zona Centro, en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Bertoldo Castillo Gómez, toda vez que cuenta con cedula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y a Oscar Muñoz Villareal se autoriza únicamente para los efectos que marca la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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