Rogelio Estopellan Carbajal

Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Rogelio Estopellan Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Finalmente, en autos obra un documento original que fue exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y durante el proceso; por tanto, hágase de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, por el termino de noventa días, contados a partir de la legal notificación, que en caso de no recabarlas en el término indicado, se destruirán en forma conjunta con el presente juicio de amparo, lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 18 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 501/2021-VII, promovido por Rogelio Estopellán Carbajal, por propio derecho, contra actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua Capital, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno, el día hábil siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Rogelio Estopellán Carbajal demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Junta Central de Aguas y Saneamiento, todas del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; Presidente y Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quienes reclamó: "A) Del H. Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama el decreto mediante el cual se expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, en particular, por lo que se refiere a la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Y la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. B) Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua se reclama el decreto de promulgación y su orden de publicación, mediante el cual se expide la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, en particular, por lo que se refiere a la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas. y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Y la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. C) Del secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua se reclama el refrendo otorgado al Decreto del ejecutivo detallado en los puntos que anteceden. La Junta Central de Aguas y Saneamiento, del Estado de Chihuahua, a quien se reclama la elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el estado. Al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y/o Director de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el estado. Al Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se reclama la creación y formulación de los lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas, por el consumo de agua potable que hace al suscrito. Al Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas, Grandes, Chihuahua se reclama la recepción de pago de las cuotas y tarifas sobre el consumo de agua potable que hace al suscrito." Los actos reclamados, los estimó vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el número de expediente 501/2021-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, por lo cual, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados tratan de ley local en materia administrativa con motivo de su aplicación a un contribuyente que tiene su domicilio fiscal dentro del ámbito territorial de esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo a las autoridades responsables consisten en: Congreso y Gobernador Constitucional del Estado: El decreto que expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. La omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. Además, para el segundo de las autoridades, la promulgación y orden de publicación del citado decreto. Secretario de Gobierno del Estado El refrendo otorgado al Decreto del ejecutivo detallado en los puntos que anteceden. La Junta Central de Aguas y Saneamiento La elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado. Director del Periódico Oficial del Estado o Director de Talleres Gráficos del Estado La publicación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado. Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, La creación y formulación de los lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas, por el consumo de agua potable que hace al suscrito. Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas, Grandes. La recepción de pago de las cuotas y tarifas sobre el consumo de agua potable que hace al suscrito. En tales condiciones, éstos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, consistentes en la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable, prevista en los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Informes, que dado su carácter de públicos por haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, solo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Luego, al no haber ofrecido el representante de la parte quejosa impetrante del amparo prueba alguna para demostrar la participación de las referidas autoridades responsables en la omisión de aprobar y discutir la Tarifa en aplicación del Decreto legislativo reclamado, por el que se aprobó la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de éstas, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo que interesa, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En otro orden, el Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, a pesar de su contumacia, el mismo no debe tenerse por cierto. Se afirma lo anterior, porque el acto concreto de aplicación de una ley, se entiende no sólo el proveniente de la autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en esa hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a cumplir con la norma. Así, en el caso, obra en autos, el recibo de pago 489630, de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, relativo al pago del impuesto predial. En ese orden de ideas, dichos documentos no pueden considerarse como un acto de aplicación por parte de las precitadas autoridades, pues de su contenido no se advierte que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden del Tesorero de la de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, sino que la parte quejosa se autoliquidó de motu proprio. Por ende, en los juicios de amparo en los que se discute la constitucionalidad de las normas que regulan la contribución del impuesto sobre el consumo de agua potable, con motivo del acto de aplicación si el propio quejoso realizó el entero de ese impuesto, no puede atribuirse este acto a diversas autoridades. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos de ejecución de las normas reclamadas que fueron atribuidos al Tesorero de la precitada Junta de Agua, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador Constitucional del Estado, consistente en la discusión, aprobación y expedición del decreto que expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable; del Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, atingentes al refrendo y publicación del mismo, y a la Junta Central de Aguas y Saneamiento, la elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado, pues así lo reconocieron expresamente en su informe con justificación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, de que la norma reclamada en esta vía constitucional no está sujeta a prueba por constituir para este juzgador un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues basta que esté publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, ante su contumacia el mismo debe tenerse por cierto. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o bien las que éste Órgano Jurisdiccional advierte de oficio en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, respecto a los actos de los que se ha evidenciado su certeza, en relación con la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial todos del Estado de Chihuahua, aducen que surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, porque la parte inconforme no combatió, por vicios propios el refrendo, la promulgación y publicación del decreto relativo. Casual que se estima fundada, atendiendo los argumentos que se expondrán en párrafos subsecuentes. El artículo 61, fracción XXIII, así como el numeral 108, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación de las normas reclamadas, el quejoso deberá señalarlas con carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Luego, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua la promulgación del decreto, al Secretario de Gobierno el refrendo y al Director del Periódico Oficial la publicación, sin embargo, el citado precepto legal no regula como requisito que se le atribuyan vicios propios a la promulgación, refrendo o publicación, puesto que tal exigencia únicamente se prevé en lo referente al refrendo o publicación de leyes, actos que aquí no se reclaman. Por tanto, es fundada la causa de improcedencia que invocó la autoridad responsable. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), visible en la página 2248, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro 2010097), que señala: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA QUEJOSA IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si la quejosa no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la tesis XXVII.3o.86 K (10a), consultable en la página: 2128, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro: 2009694), que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales la quejosa podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Por tanto, al operar dicha causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en cuanto a la promulgación reclamada al Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial de del Estado de Chihuahua. En otro orden, sobre el particular, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la Jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la impetrante del amparo consintió la aplicación de la ley reclamada, en atención a que previo a la promoción del juicio de amparo ya había realizado un diverso pago por concepto del pago de agua en los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, anteriores al de dos mil veintiuno, último que ahora tildó de inconstitucional. Es decir, la aplicación de la ley analizada ya fue consentida por la parte quejosa con los pagos previos que realizó y, por ende, el entero de los ulteriores recibos no constituye una nueva oportunidad para hacer procedente el juicio de amparo, pues se reitera, ya fue consentida la norma. Ciertamente, el precepto invocado es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." La aludida porción normativa estatuye, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente, esto es, contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la propia Ley; asimismo, señala que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Al respecto, conviene apuntar que dicha causal de improcedencia se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en que pueden reclamarse de manera destacada para no tener tal carácter. Así, en el caso, el quejoso, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en la ciudad Capital, el decreto mediante el cual se expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. En la especie, la moral quejosa consintió la aplicación de las normas que tildó de inconstitucionales, porque de acuerdo con las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado se advierte que, desde año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso ya había realizado diversos pagos por el servicio de agua potable, cuando los preceptos que tilda de inconstitucionales no fueron modificados con el nuevo decreto, es decir, fueron intocados, de tal manera que siempre ha permanecido su vigencia, de manera tal que, los actos impugnados que ahora tildó de inconstitucionales en realidad no lo son. De esta manera, si se estima que la norma tildada de inconstitucional fue reclamada con motivo de un acto concreto de aplicación posterior, por tener la naturaleza de heteroaplicativa, para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, se debe atender a la regla general prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme al cual, el plazo para formular el juicio de amparo es de quince días. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, es evidente que se formuló de manera extemporánea y, por ende, las normas reclamadas deben debe reputarse como tácitamente consentidas, respecto del quejoso, cuenta habida que no se presentó la demanda dentro del plazo previsto en artículo 17 precitado, en atención a que el amparo se promovió contra un ulterior acto de aplicación al en que entró en vigor en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque en la especie, la aplicación de la ley anualizada ya fue consentida por la parte quejosa con los pagos previos que realizó y, por ende, el entero de los ulteriores recibos no constituye una nueva oportunidad para hacer procedente el juicio de amparo, pues se reitera, ya fue consentida la norma; de ahí que la improcedencia del juicio de amparo, constituya un obstáculo para analizar el acto concreto de aplicación. Sustenta esta determinación, la tesis 1a.V/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, de Febrero de 1999, materia común, página 115, del siguiente tenor: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Asimismo, es oportuno cita la Jurisprudencia P.30, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 44, 16-18, Abril-Junio de 1989 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Asimismo, es oportuno citar la Jurisprudencia P.30, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 44, 16-18, Abril-Junio de 1989 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria. Y, la diversa Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 160 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Constitucional, cuyo epígrafe dice: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, en relación a la quejosa. En otro aspecto, no se soslaya que la parte quejosa señala que los lineamientos del sistema de cuotas y tarifas establecen como base de arranque el consumo de diez metros cúbicos, es decir, de cero a diez metros cúbicos, empero, el quejoso tiene consumo de cero metros cúbicos lo cual resulta fuera de toda proporcionalidad y equidad, vulnerando el artículo 31, fracción IV de la Constitución, pues no se fija una cantidad determinada en dinero y costo por metro cúbico. Sin embargo, la parte quejosa es genérica al impugnar los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, publicada el treinta de diciembre de dos mil veinte, pues prevé el índice de los títulos, capítulos, los artículos que integran cada uno y sus incisos y párrafos correspondientes, sin que refiera cual artículo de dicho anexo, le causa afectación, ya que deja al arbitrio de este Juzgador su búsqueda de oficio, sin embargo, ello no es aplicable, ya que en la especie, opera el principio de estricto derecho. En ese orden de ideas, se aprecia que debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la parte quejosa no formuló razonamiento alguno del que se aprecie algún concepto de violación en contra de algún artículo o precepto de los Lineamientos Sistema de Cuotas y Tarifas de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, que reclama, para demostrar la afectación que ocasiona en su esfera jurídica. Ahora bien, al respecto conviene tener presente que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De la lectura lisa y llana de la última fracción del numeral 61 transcrito, destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracción VIII, también transcrita, impone al quejoso la obligación de expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto. Entonces, aunque los conceptos de violación no deben considerarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas, deben formularse como la relación razonada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados por la parte quejosa, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dichos actos expresando la causa de pedir que se configura al manifestar los actos que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por su expedición o ejecución, así como los motivos o razones que acreditan el resquebrajamiento del orden constitucional. En síntesis, los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular la demanda de garantías, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. A partir del cumplimiento de estas premisas surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. En efecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio, sin embargo, no precisa cual precepto de los Lineamientos de que se tratan, le causa agravio. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución; de ahí que resulte innecesario el análisis de una diversa causal de improcedencia aducida por las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y motivado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rogelio Estopellán Carbajal, contra actos que reclamó de las autoridades señaladas en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta hoy siete de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

  3. Principal

    QUEJOSO: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 501/2021-VII, promovido por Rogelio Estopellán Carbajal, por propio derecho, contra actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua Capital, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno, el día hábil siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Rogelio Estopellán Carbajal demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Junta Central de Aguas y Saneamiento, todas del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; Presidente y Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quienes reclamó: "A) Del H. Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama el decreto mediante el cual se expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, en particular, por lo que se refiere a la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Y la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. B) Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua se reclama el decreto de promulgación y su orden de publicación, mediante el cual se expide la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, en particular, por lo que se refiere a la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas. y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Y la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. C) Del secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua se reclama el refrendo otorgado al Decreto del ejecutivo detallado en los puntos que anteceden. La Junta Central de Aguas y Saneamiento, del Estado de Chihuahua, a quien se reclama la elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el estado. Al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y/o Director de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el estado. Al Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se reclama la creación y formulación de los lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas, por el consumo de agua potable que hace al suscrito. Al Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas, Grandes, Chihuahua se reclama la recepción de pago de las cuotas y tarifas sobre el consumo de agua potable que hace al suscrito." Los actos reclamados, los estimó vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el número de expediente 501/2021-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, por lo cual, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados tratan de ley local en materia administrativa con motivo de su aplicación a un contribuyente que tiene su domicilio fiscal dentro del ámbito territorial de esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo a las autoridades responsables consisten en: Congreso y Gobernador Constitucional del Estado: El decreto que expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. La omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable. Además, para el segundo de las autoridades, la promulgación y orden de publicación del citado decreto. Secretario de Gobierno del Estado El refrendo otorgado al Decreto del ejecutivo detallado en los puntos que anteceden. La Junta Central de Aguas y Saneamiento La elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado. Director del Periódico Oficial del Estado o Director de Talleres Gráficos del Estado La publicación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado. Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, La creación y formulación de los lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas, por el consumo de agua potable que hace al suscrito. Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas, Grandes. La recepción de pago de las cuotas y tarifas sobre el consumo de agua potable que hace al suscrito. En tales condiciones, éstos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, consistentes en la omisión de aprobar y discutir la tarifa para el consumo de agua potable, prevista en los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. Informes, que dado su carácter de públicos por haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, solo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Luego, al no haber ofrecido el representante de la parte quejosa impetrante del amparo prueba alguna para demostrar la participación de las referidas autoridades responsables en la omisión de aprobar y discutir la Tarifa en aplicación del Decreto legislativo reclamado, por el que se aprobó la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de éstas, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo que interesa, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En otro orden, el Tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, a pesar de su contumacia, el mismo no debe tenerse por cierto. Se afirma lo anterior, porque el acto concreto de aplicación de una ley, se entiende no sólo el proveniente de la autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en esa hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a cumplir con la norma. Así, en el caso, obra en autos, el recibo de pago 489630, de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, relativo al pago del impuesto predial. En ese orden de ideas, dichos documentos no pueden considerarse como un acto de aplicación por parte de las precitadas autoridades, pues de su contenido no se advierte que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden del Tesorero de la de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, sino que la parte quejosa se autoliquidó de motu proprio. Por ende, en los juicios de amparo en los que se discute la constitucionalidad de las normas que regulan la contribución del impuesto sobre el consumo de agua potable, con motivo del acto de aplicación si el propio quejoso realizó el entero de ese impuesto, no puede atribuirse este acto a diversas autoridades. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos de ejecución de las normas reclamadas que fueron atribuidos al Tesorero de la precitada Junta de Agua, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador Constitucional del Estado, consistente en la discusión, aprobación y expedición del decreto que expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la discusión y aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable; del Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, atingentes al refrendo y publicación del mismo, y a la Junta Central de Aguas y Saneamiento, la elaboración, creación y aprobación de los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas sobre el consumo de agua potable en el Estado, pues así lo reconocieron expresamente en su informe con justificación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, de que la norma reclamada en esta vía constitucional no está sujeta a prueba por constituir para este juzgador un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues basta que esté publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, ante su contumacia el mismo debe tenerse por cierto. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o bien las que éste Órgano Jurisdiccional advierte de oficio en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, respecto a los actos de los que se ha evidenciado su certeza, en relación con la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial todos del Estado de Chihuahua, aducen que surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, porque la parte inconforme no combatió, por vicios propios el refrendo, la promulgación y publicación del decreto relativo. Casual que se estima fundada, atendiendo los argumentos que se expondrán en párrafos subsecuentes. El artículo 61, fracción XXIII, así como el numeral 108, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación de las normas reclamadas, el quejoso deberá señalarlas con carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Luego, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua la promulgación del decreto, al Secretario de Gobierno el refrendo y al Director del Periódico Oficial la publicación, sin embargo, el citado precepto legal no regula como requisito que se le atribuyan vicios propios a la promulgación, refrendo o publicación, puesto que tal exigencia únicamente se prevé en lo referente al refrendo o publicación de leyes, actos que aquí no se reclaman. Por tanto, es fundada la causa de improcedencia que invocó la autoridad responsable. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), visible en la página 2248, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro 2010097), que señala: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA QUEJOSA IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si la quejosa no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la tesis XXVII.3o.86 K (10a), consultable en la página: 2128, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro: 2009694), que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales la quejosa podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Por tanto, al operar dicha causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en cuanto a la promulgación reclamada al Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial de del Estado de Chihuahua. En otro orden, sobre el particular, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la Jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la impetrante del amparo consintió la aplicación de la ley reclamada, en atención a que previo a la promoción del juicio de amparo ya había realizado un diverso pago por concepto del pago de agua en los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, anteriores al de dos mil veintiuno, último que ahora tildó de inconstitucional. Es decir, la aplicación de la ley analizada ya fue consentida por la parte quejosa con los pagos previos que realizó y, por ende, el entero de los ulteriores recibos no constituye una nueva oportunidad para hacer procedente el juicio de amparo, pues se reitera, ya fue consentida la norma. Ciertamente, el precepto invocado es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." La aludida porción normativa estatuye, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente, esto es, contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la propia Ley; asimismo, señala que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Al respecto, conviene apuntar que dicha causal de improcedencia se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en que pueden reclamarse de manera destacada para no tener tal carácter. Así, en el caso, el quejoso, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en la ciudad Capital, el decreto mediante el cual se expide la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, la aprobación de los artículos 13 BIS, fracción IV, VI, X, 31 Sexies fracción III, XIV, que establecen las cuotas y tarifas, sobre el consumo de agua potable. En la especie, la moral quejosa consintió la aplicación de las normas que tildó de inconstitucionales, porque de acuerdo con las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado se advierte que, desde año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso ya había realizado diversos pagos por el servicio de agua potable, cuando los preceptos que tilda de inconstitucionales no fueron modificados con el nuevo decreto, es decir, fueron intocados, de tal manera que siempre ha permanecido su vigencia, de manera tal que, los actos impugnados que ahora tildó de inconstitucionales en realidad no lo son. De esta manera, si se estima que la norma tildada de inconstitucional fue reclamada con motivo de un acto concreto de aplicación posterior, por tener la naturaleza de heteroaplicativa, para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, se debe atender a la regla general prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme al cual, el plazo para formular el juicio de amparo es de quince días. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, es evidente que se formuló de manera extemporánea y, por ende, las normas reclamadas deben debe reputarse como tácitamente consentidas, respecto del quejoso, cuenta habida que no se presentó la demanda dentro del plazo previsto en artículo 17 precitado, en atención a que el amparo se promovió contra un ulterior acto de aplicación al en que entró en vigor en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque en la especie, la aplicación de la ley anualizada ya fue consentida por la parte quejosa con los pagos previos que realizó y, por ende, el entero de los ulteriores recibos no constituye una nueva oportunidad para hacer procedente el juicio de amparo, pues se reitera, ya fue consentida la norma; de ahí que la improcedencia del juicio de amparo, constituya un obstáculo para analizar el acto concreto de aplicación. Sustenta esta determinación, la tesis 1a.V/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, de Febrero de 1999, materia común, página 115, del siguiente tenor: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Asimismo, es oportuno cita la Jurisprudencia P.30, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 44, 16-18, Abril-Junio de 1989 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Asimismo, es oportuno citar la Jurisprudencia P.30, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 44, 16-18, Abril-Junio de 1989 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria. Y, la diversa Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 160 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Constitucional, cuyo epígrafe dice: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, en relación a la quejosa. En otro aspecto, no se soslaya que la parte quejosa señala que los lineamientos del sistema de cuotas y tarifas establecen como base de arranque el consumo de diez metros cúbicos, es decir, de cero a diez metros cúbicos, empero, el quejoso tiene consumo de cero metros cúbicos lo cual resulta fuera de toda proporcionalidad y equidad, vulnerando el artículo 31, fracción IV de la Constitución, pues no se fija una cantidad determinada en dinero y costo por metro cúbico. Sin embargo, la parte quejosa es genérica al impugnar los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, publicada el treinta de diciembre de dos mil veinte, pues prevé el índice de los títulos, capítulos, los artículos que integran cada uno y sus incisos y párrafos correspondientes, sin que refiera cual artículo de dicho anexo, le causa afectación, ya que deja al arbitrio de este Juzgador su búsqueda de oficio, sin embargo, ello no es aplicable, ya que en la especie, opera el principio de estricto derecho. En ese orden de ideas, se aprecia que debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la parte quejosa no formuló razonamiento alguno del que se aprecie algún concepto de violación en contra de algún artículo o precepto de los Lineamientos Sistema de Cuotas y Tarifas de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, que reclama, para demostrar la afectación que ocasiona en su esfera jurídica. Ahora bien, al respecto conviene tener presente que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De la lectura lisa y llana de la última fracción del numeral 61 transcrito, destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracción VIII, también transcrita, impone al quejoso la obligación de expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto. Entonces, aunque los conceptos de violación no deben considerarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas, deben formularse como la relación razonada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados por la parte quejosa, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dichos actos expresando la causa de pedir que se configura al manifestar los actos que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por su expedición o ejecución, así como los motivos o razones que acreditan el resquebrajamiento del orden constitucional. En síntesis, los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular la demanda de garantías, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. A partir del cumplimiento de estas premisas surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. En efecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio, sin embargo, no precisa cual precepto de los Lineamientos de que se tratan, le causa agravio. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución; de ahí que resulte innecesario el análisis de una diversa causal de improcedencia aducida por las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y motivado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rogelio Estopellán Carbajal, contra actos que reclamó de las autoridades señaladas en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta hoy siete de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los telegramas remitidos por el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Titular del Poder Ejecutivo, Secretario General de Gobierno y Responsable del Periódico Oficial del Estado, con residencia en Chihuahua, Capital, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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