Rogelio Enrique Campos Ruiz

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Enrique Campos Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual se transcribe el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del juicio de amparo *****, aparentemente promovido por ***** a favor de *****, en el que, entre otros aspectos, dicho órgano de control de la constitucionalidad se declaró legalmente incompetente por materia, para conocer del asunto que a su vez le fue declinado por parte del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en el cuaderno de varios *****, quien hizo constar que recibió la demanda a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes sin que contuviera firma electrónica; por lo que el Juez de Distrito en Materia Administrativa determinó que correspondía la competencia al Juez de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por ser naturaleza penal. Bajo esa tesitura, en razón de que el acto reclamado consiste en una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, entonces se entiende que el juicio que se recibe tiene naturaleza penal, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que del libelo de demanda que se provee se advierte que en primer término, quien aparentemente aduce ser ***** promueve a favor de *****, empero el escrito inicial no contiene la firma electrónica de dichas personas, tal y como lo hizo constar el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que la parte quejosa no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Lo anterior es así, ya que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Ahora, dado que en la demanda se aduce que ***** promueve a favor de ***** por cuanto a la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. .". En ese sentido, no se desatiende lo preceptuado en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se trata de los actos que establece el dispositivo en mención, ni se advierte la imposibilidad de quien se aduce es el directo quejoso. De los dispositivos transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos supuestos, se reclama una orden de traslado; de ahí que no se trate de alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. Lo anterior es así, ya que, si bien se reclama una orden de traslado, debe partirse de que se atribuye, entre otras, a autoridades judiciales, con lo cual no puede estimarse que se actualice una afectación a la libertad fuera de procedimiento. Además, aun cuando también se señale autoridades administrativas como ordenadoras, tampoco se puede estimar que se actualice la hipótesis de acto fuera de procedimiento, precisamente porque se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí, que se considere que el peticionario de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la supuesta orden de traslado que combate, por lo que aun y cuando tal acto afecta su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que en tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario; motivo por el cual, si dicha legislación en la actualidad prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, los actos reclamados no puede estimarse que los actos sean considerados fuera de procedimiento, ya que se insiste, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será siempre calificada con posterioridad por un juez. Sin embargo, el caso en concreto no se ajusta a las hipótesis analizadas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 154/2016 que dio origen al criterio jurisprudencial invocado, en tanto que los criterios contendientes materia de dicha controversia, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el tema relativo a si en los casos en los que se reclama una orden de traslado, sin la intervención de la autoridad judicial rectora, procede conceder la suspensión de plano, al considerarse que ésta afecta la libertad personal de manera indirecta, fuera de procedimiento, no estuvo en posibilidad de estudiar el contenido de las disposiciones legales contempladas en la legislación penitenciaria en mención. Las anteriores consideraciones se corroboran en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, consideró que la impugnación de una orden de traslado, emitida por una autoridad administrativa, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley, de ahí que no sea considerada fuera de procedimiento. Por cuanto al inciso b), atinente a que el quejoso se encuentre imposibilitado para promover, de la lectura integral de la demanda tampoco se desprende dicho aspecto, pues el solo hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad en un centro penitenciario no es motivo para ello. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal; sin embargo, quien promueve no aduce tener algún carácter específico, máxime que como se dijo tampoco estampó su huella criptográfica. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que no se tiene certeza de que quien se ostenta como parte quejosa haya promovido la demanda de amparo ante la falta de firma electrónica, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, la lista electrónica que se publica. Sin que haya lugar a tener por autorizados a las personas que se señalan en el escrito que se provee; ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario. No obstante, únicamente para que las autoridades tengan conocimiento de esta determinación, dado que el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa notificó la suspensión de plano, envíese oficio de conocimiento.

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