Rogelio Emilio Cardenas Kennedy
Expediente 519/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2016
Partes del expediente
- Rogelio Emilio Cardenas Kennedy
- Rogelio Emilio Cardenas Kennedy y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por ROGELIO EMILIO CÁRDENAS KENNEDY, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a uno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, que suscribe el quejoso ROGELIO EMILIO CÁRDENAS KENNEDY, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de noviembre del año en curso, aclara diversos aspectos de su demanda de amparo y precisa que reclama la autorización y orden de embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía, así como diversas actuaciones relativas al proceso de remate. Resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Atendiendo a dichas directrices, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la invocada legislación, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido de que si se trata de actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que en los juicios en los que se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, existen dos resoluciones que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto, y que son aquellas en las que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados y la última resolución en el procedimiento de ejecución. Es menester señalar que la resolución de que se habla es aquella en donde el Juez realiza el examen de todas las circunstancias que concurren en la fase de ejecución de sentencia, y, de ser el caso, aprobará o reconocerá el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ordenando el archivo definitivo del expediente, determinación que será la que podrá ser combatida mediante el juicio de amparo biinstancial. En el orden de ideas planteado, quien resuelve estima que -como se señaló en precedentes- en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ciertamente, del análisis del escrito que se atiende, se desprende que el impetrante señala como actos reclamados lo siguiente: ".. la autorización y orden de embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía de la cantidad adeudada en el convenio judicial presentado ante el mencionado juzgado con fecha 14 de Agosto del año dos mil doce, elevado a categoría de sentencia ejecutoriada con fecha veinte de septiembre de dos mil doce; así como la falta de notificaciones personales ordenadas por el Juzgador como el acuerdo de fecha veintitrés de junio de 2014, publicado en el boletín judicial de fecha 25 de junio de 2014, por el cual se tuvo a Rodrigo Díaz Castro, exhibiendo dictamen elaborado por el C. ingeniero Carlos Javier Figueroa Murillo, ordenándose notificación personal, la cual nunca se me notificó. Y del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, reclamó diversas inconsistencias en el procedimiento de ejecución de convenio judicial celebrado entre las partes, tales como la falta de notificación personal de los siguientes acuerdos: A).- de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que obra a fojas 154 de autos del expediente que nos ocupa en el cual se reconoce como parte actora a GUSTAVO FERNANDEZ VALDEZ, se ordena el cambio de caratula de expediente, se le tiene designando abogados y señalando domicilio procesal, ordenando notificación personal al cual nunca se realizó. B). Acuerdo de fecha 05 de julio del 2016, por el cual se tuvo al abogado procurador de la parte actora exhibiendo el avalúo actualizado respecto del bien inmueble gravado en autos, emitido por el C. Ingeniero Carlos Javier Figueroa Murillo, concluyendo que el calor del predio es por la cantidad de $1,451.000.00 ( un millón cuatrocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), ordenándose dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a sus intereses corresponda, de conformidad con el artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio, se acordó además, que como la parte demandada no designó perito de su parte dentro del término legal concedido mediante auto de fecha dos de junio del año en curso, (no existe ese auto), se le hace efectivo el apercibimiento inserto en el mismo, en consecuencia el Juzgado designó perito en rebeldía de la parte demandada; ordenando notificación personal, la cual nunca se realizó. " Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa por esta vía reclama diversas inconsistencias en el procedimiento de ejecución de convenio del expediente natural 338/2012, que derivado de la excusa planteada posteriormente se registró con el número 741/2014, entre las que destacan como se dijo el embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía en un convenio celebrado entre el quejoso y la parte actora en el juicio natural, así como diversas omisiones de notificación, actuaciones que refiere están viciadas de nulidad. En tal virtud, este juzgador estima que dicho acto, si bien es de los dictados después de concluido el juicio, no es aquel mediante el cual se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o, se ordena el archivo definitivo del expediente, ni tampoco se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. Al efecto resulta pertinente establecer el contenido de los artículos 1410 a 1413 del Código de Comercio, mismos que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo. En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo exhibido por su contraria. El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio." "Artículo 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos que se publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días." "Artículo 1412.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado. Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento. Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base. En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva." "Artículo 1412 Bis.- Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este Código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo." "Artículo 1412 Bis 1.- Tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público." "Artículo 1412 bis 2.- Una vez que quede firme la resolución que determine la adjudicación de los bienes, se dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio, dándose para ello las ordenes necesarias, aún las de desocupación de fincas habitadas por el demandado o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el uso, en los términos que fija la legislación civil aplicable. En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del contrato correspondiente dicho uso, en la primera diligencia que se lleve a cabo en términos del párrafo anterior, se dará a conocer como nuevo dueño al adjudicatario o, en su caso, a sus causahabientes." "Artículo 1413.- Las partes, durante el juicio, podrán convenir en que los bienes embargados se avalúen o vendan en la forma y términos que ellos acordaren, denunciándolo así oportunamente al juzgado por medio de un escrito firmado por ellas." En ese sentido, como se desprende los numerales antes transcritos, el procedimiento a seguir una vez aprobado el remate a fin de ordenar en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, resultando inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, que de manera principal se hace consistir en la orden de autorización y orden de embargo respecto de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía en el convenio respectivo, así como diversas inconsistencias dentro del procedimiento de ejecución respectivo, no constituye la determinación definitiva a que alude la fracción IV última párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, ni tampoco la última resolución en el procedimiento de ejecución, entendiendo por ésta, aquella que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, por lo que no se ubica en la hipótesis de procedencia de la instancia de garantías contenida en el invocado precepto legal. En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por ROGELIO EMILIO CÁRDENAS KENNEDY, contra actos de la JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, de esta ciudad, deviene notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 107, fracción IV interpretado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y habrá de DESECHARSE DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley en cita. En observancia al Acuerdo Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, procédase en su oportunidad a la digitalización del presente expediente, a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Finalmente, con fundamento en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 57 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para otorgar por escrito su consentimiento para la publicación de sus datos personales en el presente asunto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, a uno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, que suscribe el quejoso ROGELIO EMILIO CÁRDENAS KENNEDY, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de noviembre del año en curso, aclara diversos aspectos de su demanda de amparo y precisa que reclama la autorización y orden de embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía, así como diversas actuaciones relativas al proceso de remate. Resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Atendiendo a dichas directrices, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la invocada legislación, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido de que si se trata de actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que en los juicios en los que se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, existen dos resoluciones que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto, y que son aquellas en las que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados y la última resolución en el procedimiento de ejecución. Es menester señalar que la resolución de que se habla es aquella en donde el Juez realiza el examen de todas las circunstancias que concurren en la fase de ejecución de sentencia, y, de ser el caso, aprobará o reconocerá el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ordenando el archivo definitivo del expediente, determinación que será la que podrá ser combatida mediante el juicio de amparo biinstancial. En el orden de ideas planteado, quien resuelve estima que -como se señaló en precedentes- en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ciertamente, del análisis del escrito que se atiende, se desprende que el impetrante señala como actos reclamados lo siguiente: ".. la autorización y orden de embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía de la cantidad adeudada en el convenio judicial presentado ante el mencionado juzgado con fecha 14 de Agosto del año dos mil doce, elevado a categoría de sentencia ejecutoriada con fecha veinte de septiembre de dos mil doce; así como la falta de notificaciones personales ordenadas por el Juzgador como el acuerdo de fecha veintitrés de junio de 2014, publicado en el boletín judicial de fecha 25 de junio de 2014, por el cual se tuvo a Rodrigo Díaz Castro, exhibiendo dictamen elaborado por el C. ingeniero Carlos Javier Figueroa Murillo, ordenándose notificación personal, la cual nunca se me notificó. Y del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, reclamó diversas inconsistencias en el procedimiento de ejecución de convenio judicial celebrado entre las partes, tales como la falta de notificación personal de los siguientes acuerdos: A).- de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que obra a fojas 154 de autos del expediente que nos ocupa en el cual se reconoce como parte actora a GUSTAVO FERNANDEZ VALDEZ, se ordena el cambio de caratula de expediente, se le tiene designando abogados y señalando domicilio procesal, ordenando notificación personal al cual nunca se realizó. B). Acuerdo de fecha 05 de julio del 2016, por el cual se tuvo al abogado procurador de la parte actora exhibiendo el avalúo actualizado respecto del bien inmueble gravado en autos, emitido por el C. Ingeniero Carlos Javier Figueroa Murillo, concluyendo que el calor del predio es por la cantidad de $1,451.000.00 ( un millón cuatrocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), ordenándose dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a sus intereses corresponda, de conformidad con el artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio, se acordó además, que como la parte demandada no designó perito de su parte dentro del término legal concedido mediante auto de fecha dos de junio del año en curso, (no existe ese auto), se le hace efectivo el apercibimiento inserto en el mismo, en consecuencia el Juzgado designó perito en rebeldía de la parte demandada; ordenando notificación personal, la cual nunca se realizó. " Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa por esta vía reclama diversas inconsistencias en el procedimiento de ejecución de convenio del expediente natural 338/2012, que derivado de la excusa planteada posteriormente se registró con el número 741/2014, entre las que destacan como se dijo el embargo de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía en un convenio celebrado entre el quejoso y la parte actora en el juicio natural, así como diversas omisiones de notificación, actuaciones que refiere están viciadas de nulidad. En tal virtud, este juzgador estima que dicho acto, si bien es de los dictados después de concluido el juicio, no es aquel mediante el cual se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o, se ordena el archivo definitivo del expediente, ni tampoco se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. Al efecto resulta pertinente establecer el contenido de los artículos 1410 a 1413 del Código de Comercio, mismos que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo. En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo exhibido por su contraria. El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio." "Artículo 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos que se publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días." "Artículo 1412.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado. Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento. Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base. En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva." "Artículo 1412 Bis.- Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este Código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo." "Artículo 1412 Bis 1.- Tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público." "Artículo 1412 bis 2.- Una vez que quede firme la resolución que determine la adjudicación de los bienes, se dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio, dándose para ello las ordenes necesarias, aún las de desocupación de fincas habitadas por el demandado o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el uso, en los términos que fija la legislación civil aplicable. En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del contrato correspondiente dicho uso, en la primera diligencia que se lleve a cabo en términos del párrafo anterior, se dará a conocer como nuevo dueño al adjudicatario o, en su caso, a sus causahabientes." "Artículo 1413.- Las partes, durante el juicio, podrán convenir en que los bienes embargados se avalúen o vendan en la forma y términos que ellos acordaren, denunciándolo así oportunamente al juzgado por medio de un escrito firmado por ellas." En ese sentido, como se desprende los numerales antes transcritos, el procedimiento a seguir una vez aprobado el remate a fin de ordenar en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, resultando inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, que de manera principal se hace consistir en la orden de autorización y orden de embargo respecto de un bien inmueble distinto al que se dejó en garantía en el convenio respectivo, así como diversas inconsistencias dentro del procedimiento de ejecución respectivo, no constituye la determinación definitiva a que alude la fracción IV última párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, ni tampoco la última resolución en el procedimiento de ejecución, entendiendo por ésta, aquella que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, por lo que no se ubica en la hipótesis de procedencia de la instancia de garantías contenida en el invocado precepto legal. En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por ROGELIO EMILIO CÁRDENAS KENNEDY, contra actos de la JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, de esta ciudad, deviene notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 107, fracción IV interpretado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y habrá de DESECHARSE DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley en cita. En observancia al Acuerdo Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, procédase en su oportunidad a la digitalización del presente expediente, a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Finalmente, con fundamento en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 57 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para otorgar por escrito su consentimiento para la publicación de sus datos personales en el presente asunto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...."
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