Rogelio Eduardo Martínez Carrasco
Expediente 1204/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rogelio Eduardo Martínez Carrasco
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el sobreseimiento dictado en este juicio), haya recurrido el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente se ordena, la devolución del cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del juicio civil 74/2013, del índice del Juez responsable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, al que acompaña copia certificada del juicio de amparo 1179/2018, del incidente de suspensión y de seis cuadernos de pruebas, promovido por Rogelio Eduardo Martínez Carrasco, contra los actos reclamados consistentes en el auto de embargo y su ejecución, atribuidas al juez y ejecutor, del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, derivados del juicio ejecutivo mercantil número 74/2013. Se precisa que se toma como base dicho juicio natural, por ser el expediente que aparece en la boleta que anexó la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población. En cuanto a los demás juicios ejecutivos mercantiles que se anexan (273/2000, 192/2005, 582/1996, 375/2000 y 766/2003), se ordena su devolución, tomando en cuenta que el juzgado oficiante debió realizar la separación de cinco asuntos más, para que pudieran ser distribuidos aleatoriamente entre los diversos órganos judiciales de este circuito, y no hacerlo en uno solo, pues dichos juicios se encuentran desvinculados entre sí y por tanto cada uno debe ser tramitado y resuelto en forma independiente. En tales condiciones, por compartirse el criterio del juzgado de Distrito oficiante, únicamente en relación al juicio ejecutivo mercantil número 74/2013, con apoyo en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince, se acepta dicho asunto, por haber conocido previamente este juzgado del expediente de amparo 1090/2013, en el que se impugnaron actos derivados del aludido juicio de origen; acúsese recibo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1204/2018. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XI, de la ley en cita, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La fracción transcrita contempla la improcedencia del amparo, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro asunto de la misma naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, lo cual no es jurídicamente permisible. Así, la razón fundamental de la citada causa estriba en evitar una cadena de juicios del orden constitucional interminable. Bajo ese contexto, conviene señalar que de las actuaciones que conforman este juicio de amparo, se advierte que el impetrante reclama del juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y ejecutor adscrito, los actos reclamados derivados del juicio ejecutivo mercantil número 74/2013, consistentes medularmente en: i) el auto de embargo; ii) la ejecución de esa determinación. De igual forma, de la información obtenida en las páginas de Intranet del Poder Judicial de la Federación, que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del código adjetivo citado, se colige que ante este juzgado de Distrito se tramitó y resolvió el juicio de amparo 1090/2013, promovido por el propio quejoso contra diversos actos reclamados derivados del juicio ejecutivo mercantil número 74/2013. La parte medular de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, es la siguiente: "Actos reclamados: 1.- La diligencia de embargo practicada por la Ejecutora del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 74/2013, en la que se secuestró judicialmente el automóvil marca Chevrolet, modelo 1998, tipo Chevy, color rojo, número de motor hecho en México, número de serie 3G1SF2420WS206461, placas TXG9033. 2.- La orden de detención del vehículo descrito y, 3.- La ejecución material de dichos actos. (.) Ahora bien, al examinar las actuaciones que anexó la autoridad responsable al oficio 878/2013, glosado en la audiencia constitucional que antecede, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante acuerdo dictado en la diligencia de siete del actual, la juez responsable tuvo a la actora Irene Paula Vásquez Avendaño en su carácter de endosataria en procuración de Gloria Martínez Díaz, desistiendo en su perjuicio de la demanda y de la acción entablada contra el demandado Rogelio Eduardo Martínez Carrasco, motivo por el cual ordenó, por una parte, levantar el embargo trabado sobre el automóvil descrito en el párrafo precedente -lo que la Ejecutora ya cumplió- y, por otra, dejar sin efecto la detención del vehículo aludido. De lo anterior se colige que los actos de autoridad reclamados por el impetrante del amparo han dejado de dañar su esfera jurídica, toda vez que en los términos precisados, ha desaparecido el embargo que en su oportunidad existió sobre el vehículo cuya propiedad alude tener, y quedado sin efectos la orden de detención correlativa. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. (.) ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Benjamín Rodrigo Cabrera Robles contra los actos reclamados al Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y Actuaria de su adscripción; Director de Tránsito del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Comisionado de la Policía Estatal y Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, residentes en esta ciudad, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE". Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de noviembre de esa misma anualidad y se ordenó el archivo del asunto como concluido. Por tanto, de una interpretación del arábigo 61, fracción IX, de la ley en cita, se arriba a la conclusión de que al expresar los vocablos "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias en sentido amplio que emiten los órganos de control constitucional sin importar su sentido. En el caso, el peticionario agotó su instancia constitucional al haber promovido el juicio primigenio, cuyo resultado ya se mencionó. Lo que implica la inmutabilidad de lo ya resuelto, en torno a los actos que por esta vía se reclama. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de garantías. Determinación que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, ya que no se le atribuyen vicios propios de ejecución. Orienta lo decidido, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1532, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA; Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". También es aplicable la tesis I.7o.A.132 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, dado que no se opone a ésta. En otro aspecto, se tiene por designado domicilio para recibir notificaciones, a José Sánchez Miguel, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y al restante sin esas facultades. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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