Rogelio Eduardo Gómez Vital

Expediente 712/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
712/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Eduardo Gómez Vital

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecinueve. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 712/2019-III, promovido por************, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **************. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y por consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el doce de noviembre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se concedió el amparo solicitado para que la junta responsable: 1. Realice de inmediato todo lo necesario para que se desahoguen la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral *******. 2. La Junta responsable deberá enviar de inmediato oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que rinda el informe correspondiente, conminándolo a través de los medios de apremio que establece la Ley Federal del Trabajo para que lo rinda con la mayor prontitud y de no realizarlo hacer efectivos los medios de apremio correspondientes. 3. Conviene puntualizar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen no existan probanzas pendientes de desahogo y, como consecuencia de ello, la Junta responsable ordene el cierre del periodo probatorio, el cual no podrá exceder de treinta días hábiles en términos del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Seguidamente, en proveído de tres de diciembre de este año, causó ejecutoria el referido fallo protector. TERCERO. Cumplimiento dado por la Responsable a la Ejecutoria de Amparo. Por oficio JE55/DARE/2623/2019, recibido en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el doce de noviembre del año en curso, la Presidente de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente *****, en el que al no quedar prueba pendiente de diligenciar en el juicio laboral, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar Determinador de esa junta para que procediera a emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. CUARTO. Vista a las partes. En proveído de tres de diciembre del año actual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado por la responsable de mérito, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver al respecto; sin que lo haya hecho así. QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. En vista de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, el que suscribe procede a revisar oficiosamente dicho cumplimiento tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la referida autoridad responsable. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 247, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, del rubro siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA). Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ************, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues realizó lo necesario para que se desahogara la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral *****; giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que rindiera el informe correspondiente, quien así lo hizo, y al no existir probanzas pendientes de desahogo, declaró cerrada la instrucción del juicio laboral y turnó los autos al Auxiliar Dictaminador para que se procediera a emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al realizar tal actuación la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la quejosa el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ***/2019-III, ha quedado cumplida. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la autoridad responsable concerniente al cumplimiento del fallo protector. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el licenciado ***************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************* Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Por otra parte, visto el oficio *******, signado por la Presidente de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, computado legalmente para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Bajo el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare que la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 247, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 712/2019-III, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: [.] IV. ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y por consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 712/2019-III y se admitió; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El retraso en la administración de justicia por la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por la omisión de desahogar el periodo probatorio dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, derivados de la omisión de desahogar la prueba ofrecida por la parte demandada, aquí tercera interesada, bajo el número 3 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en el informe que rinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, en contravención a lo establecido por el artículo 883 de esa Ley, en los autos del juicio laboral *******, de su índice. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del cual se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Se desvirtúa negativa del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, negó la existencia del acto reclamado, en cuanto a la omisión de proveer las diligencias necesarias para la continuación del juicio laboral; sin embargo, la propia responsable refiere que el ocho de octubre de este año, emitió un oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que emita el informe solicitado, sin que a la fecha haya dado respuesta alguna, manifestación con la que se desvirtúa la negativa del acto reclamado consistente en el retraso en la impartición de justicia. Además, lo anterior se corrobora con las constancias del expediente *******, que remitió la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado y las que ofreció la parte quejosa con firma autógrafa, de las que se advierte que mediante acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve (folios 7 y 8), admitió como prueba de la parte demandada, la que ofreció bajo el numeral 3 de su escrito de pruebas, consiste en el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y ordenó se girara el oficio de solicitud correspondiente, pero no se advierte que haya sido elaborado ni que este se entregara; asimismo, es hasta el ocho de octubre de este año, esto es, seis meses después, cuando ordenó se girara de nueva cuenta al órgano asegurador para que en auxilio de esa Junta rindiera lo solicitado (foja 37), sin que hasta la fecha obre constancia de dicho informe; documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación esgrimido resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, aunque para ello tenga que suplirse en parte la deficiencia de la queja prevista para la parte trabajadora, como la quejosa, en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de 1995, página 333, que se transcribe a continuación: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones. De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia XXVII.1º. (VIII Región) J/3 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, tomo 3, Página 1830, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que indica: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé. Para evidenciar la hipótesis establecida, en necesario precisar que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en su primer párrafo, estatuye: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. [...] En lo que este análisis compete de manera específica, es necesario precisar que los artículos 686, 883 y 884 de la Ley Federal de Trabajo, disponen lo siguiente: 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. [...] De los preceptos transcritos se deriva que el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato; tan es así que las Juntas, en el mismo acuerdo en que admitan pruebas, deben señalar día y hora para la celebración de la audiencia de su desahogo, la cual deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Asimismo, en el segundo de los preceptos indicados, el legislador previó que cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considerara que no resulta posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, sin que ese periodo pueda exceder de treinta días. Finamente, se señala que si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; En la especie, de las constancias con firmas autógrafas que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, relativas al juicio laboral *******, del que deriva el acto que aquí se reclama, se advierte que el dos de abril de dos mil diecinueve, la Responsable proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para la recepción y práctica de las pruebas que admitió a trámite. Asimismo, admitió como prueba de la parte demandada, la que ofreció bajo el numeral 3 de su escrito de pruebas, consiste en el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y ordenó se girara el oficio de solicitud correspondiente, el cual no se advierte que fuera elaborado y mucho menos su entrega. Por su parte, de las constancias que la responsable remitió a este Juzgado Federal como anexo a su informe con justificación, también relativas al juicio de origen, se advierte que elaboró oficio el ocho de octubre del año que transcurre, dirigido al órgano asegurador, mediante el cual le solicita rinda el informe correspondiente, sin que se tenga certeza de su entrega y sin que hasta la fecha obre constancia de dicho informe. Las relacionadas condiciones permiten concluir, en un primer aspecto, que entre el momento en que se dictó el acuerdo de admisión de pruebas (dos de abril de dos mil diecinueve) y el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que la Junta responsable giró nuevamente el oficio en el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social rinda el informe correspondiente, mediaron más de diez días hábiles, que precisa la ley para la recepción y práctica de las pruebas que ameritan un trámite especial, ello en contravención a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Además, la responsable infringió lo establecido en el citado precepto, en el sentido de que el periodo probatorio no debe exceder de treinta días. Finamente, la Junta responsable también desatendió el contenido del numeral 884, fracción II, del Código obrero, que estatuye que cuando falte por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere la referida legislación. Esta circunstancia resulta contraria al derecho constitucional de impartición de justicia, en los plazos señalados por la ley de la materia, que se trate, pues el precepto mencionado imperativamente señala para la continuación de la audiencia en que se desahoguen pruebas debe fijarse dentro del periodo de diez días hábiles siguientes al de la fecha en que se haya determinado su diferimiento, sin que todo ello pueda exceder del plazo de treinta días. Por tanto, la responsable infringió en perjuicio del solicitante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. Así, con el propósito de hacer efectiva la tutela constitucional solicitada y los derechos humanos que se encuentran en juego, el amparo y protección de la Justicia Federal se otorga para que la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: 1. Realice de inmediato todo lo necesario para que se desahoguen la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral *******. 2. La Junta responsable deberá enviar de inmediato oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que rinda el informe correspondiente, conminándolo a través de los medios de apremio que establece la Ley Federal del Trabajo para que lo rinda con la mayor prontitud y de no realizarlo hacer efectivos los medios de apremio correspondientes. 3. Conviene puntualizar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen no existan probanzas pendientes de desahogo y, como consecuencia de ello, la Junta responsable ordene el cierre del periodo probatorio, el cual no podrá exceder de treinta días hábiles en términos del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte, que la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, donde se le requirió para que en el término de tres días computados legalmente remitiera a este juzgado copia certificada de las constancias que integran el expediente ***/2018, de su índice, a partir de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, que celebró a las diez horas del dos de abril de dos mil diecinueve, en adelante. En esa tesitura, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, computados legalmente, remita copia certificada de las constancias que integran el expediente ****/2018, de su índice, a partir de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, que celebró a las diez horas del dos de abril de dos mil diecinueve, en adelante, o bien manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Se le apercibe, que en caso de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, fracción I, en relación con los diversos artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a ocho mil sesenta pesos moneda nacional ($8,449.00). Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.

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