Rogelio Domínguez Rodríguez
Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2023
Partes del expediente
- Rogelio Domínguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el oficio cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario, debido a que se llevó a cabo el cambio de titular de la mesa 3 y 4, por lo que al momento de recepción de todos los expedientes se presentó el extravío del tomo II, respecto del expediente J/O/55-2016. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase a la autoridad responsable en vías de cumplimiento. Respecto lo solicitado por la responsable, el párrafo segundo del artículo 192, de la Ley de Amparo, establece que la autoridad debe ser requerida para que cumpla con la ejecutoria en el término de tres días. Sin embargo, el último párrafo del mismo precepto legal, faculta a este órgano de control constitucional a ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Por lo que, tomando en cuenta las circunstancias previamente establecidas; por única ocasión se otorga a la autoridad oficiante un término improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe las gestiones que se encuentra realizando para lograr el cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa en sentencia emitida en este juicio de amparo. En ese orden de ideas, se le hace saber que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en el proveído de veintiséis de abril del año en curso, esto es, que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada de amparo y se ordenó dar vista a las partes con el mismo para que manifestaran lo que a su interés convenga, sin embargo no fue generado el oficio respectivo para realizar la notificación del tercero interesado ******************** Al efecto de acuerda: Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, con copia de la promoción registrada con el folio 6390, gírese oficio al tercero interesado ante mencionado, para efectos de que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia constitucional emitida por este juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 627/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 627/2023-V. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: - El oficio D´CHIS/0165/23, por la que se negó el ingreso a la solicitud de reposición de certificado parcelario y la inscripción del contrato de enajenación de derechos y expedición de certificado correspondiente. Expuesto lo anterior, este juzgador considera que respecto del acto reclamado, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de una autoridad diferente a un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, así como cuando en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado. En ese tenor, respecto al acto que aquí se reclama consistente en el oficio D´CHIS/0165/23, por la que se negó el ingreso a la solicitud de reposición de certificado parcelario y la inscripción del contrato de enajenación de derechos y expedición de certificado correspondiente, emitida por el Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, el quejoso inobservó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que de conformidad con el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a un Tribunal Unitario Agrario conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Lo anterior concatenado con lo dispuesto en los numerales 163 a 169 de la Ley Agraria, que establecen: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Artículo 164.- En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente: I.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley; II.- Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello; III.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última; IV.- El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Artículo 165.- Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente. Artículo 168.- Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal de diversa jurisdicción o competencia por razón de la materia, del grado o de territorio, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente. Lo actuado por el tribunal incompetente será nulo, salvo cuando se trate de incompetencia por razón del territorio. Artículo 169.- Cuando el tribunal agrario recibiere inhibitoria de otro en que se promueva competencia y considerase debido sostener la suya, el mismo día lo comunicará así al competidor y remitirá el expediente con el oficio inhibitorio, con informe especial al Tribunal Superior Agrario, el cual decidirá, en su caso, la competencia." De la lectura de los preceptos trascritos se advierte que los Tribunales Unitarios conocerán por razón de territorio, entre otros, de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; asimismo, que los juicios agrarios tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las disposiciones en materia agraria, así como los que se promuevan pretendiendo la nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades de esa materia que alteren, modifiquen o extingan un derecho, fijando un trámite para su substanciación y resolución. Ahora bien, los artículos 22, fracciones I, III, inciso i) y IX, y X, 32, fracciones IV, V y XII, 33, 73 y 74, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, refieren que las Delegaciones pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; III. Calificar e inscribir: i) La transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común; [.] IX. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda; X. Cancelar los certificados parcelarios y de derechos de uso común, cuando derivado de la modificación a una inscripción proceda la emisión de nuevos certificados; Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] IV. La delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los Núcleos Agrarios; V. Los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras a que se refiere la fracción anterior; [.] XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores. Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones. Quien desempeñe las funciones de Registrador deberá ser ciudadano mexicano, Licenciado en Derecho y tener un año como mínimo de experiencia laboral en materia registral y/o agraria. Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial. Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria.". De los preceptos transcritos se advierte, que el juicio agrario fue creado para substanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, trasmitan o extingan un derecho, como lo sería la negativa de ingresar a la solicitud de reposición de certificado parcelario y la inscripción del contrato de enajenación de derechos y expedición de certificado correspondiente, la cual lleva implícita la negativa de calificar y registrar dichos documentos, pues lleva implícita la alteración por la trasmisión de derechos agrarios y la correlativa cancelación de las inscripciones de certificados de derechos agrarios anteriores a la enajenación y expedición de nuevos, en su caso; es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. En ese contexto, en la especie, el acto reclamado consistió en el oficio D´CHIS/0165/23, por el que se negó el ingreso a la solicitud de reposición de certificado parcelario y la inscripción del contrato de enajenación de derechos y expedición de certificado correspondiente, emitido por el Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. De ahí que en efecto, la resolución recaída a su solicitud de reposición de certificado parcelario y la inscripción del contrato de enajenación de derechos y expedición de certificado correspondiente es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse por medio de un juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario correspondiente, de ahí la causal de improcedencia que se invoca. Tiene aplicación por las razones que informa, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos. Así como la diversa por sus consideraciones, de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. ES OPTATIVO AGOTARLO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN DE LA ASAMBLEA RELATIVA A LA ELECCIÓN O REMOCIÓN DE ÓRGANOS EJIDALES. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente hasta el 11 de octubre de 2012, cuando el Registro Agrario Nacional niegue la inscripción de un acta de asamblea relativa a la elección o remoción de órganos ejidales, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A su vez, este último precepto indica que los interesados podrán interponer el recurso de revisión o, "cuando proceda", intentar la vía jurisdiccional que corresponda; es decir, lo optativo depende de que la vía jurisdiccional proceda sin condición alguna. En ese orden, si la procedencia del juicio de nulidad contenido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, únicamente depende de que se impugne una resolución de una autoridad agraria, en el caso los delegados del Registro Agrario Nacional; y que esa resolución altere, modifique o extinga un derecho, lo que igualmente se actualiza con la resolución negativa de inscripción del acta de asamblea aludida, porque trasciende directamente al derecho que tienen los ejidos de nombrar a sus órganos de representación y de vigilancia, así como de solicitar su registro; entonces, resulta patente que, en el caso, no existe mayor condición para la procedencia del juicio agrario, de manera que es optativo agotar el recurso de revisión, esto es, los interesados pueden elegir entre ese medio de defensa en sede administrativa o acudir desde luego ante el Tribunal Unitario Agrario. Lo anterior incluso permite, que la solución de las controversias suscitadas por la negativa de inscripción de la asamblea relativa a la elección o remoción de los órganos ejidales sea expedita. No se soslaya que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de la materia, prevé como supuesto de excepción al principio de definitividad que la legislación relativa al juicio, recurso o medio de defensa legal en contra de la determinación reclamada no exija mayores requisitos de los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión ni plazo mayor del que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin embargo, de conformidad con el artículo 166 de la Ley Agraria, no se actualiza dicha excepción. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En tal virtud, dado que la resolución reclamada es materia de un juicio de nulidad ante un Tribunal Unitario Agrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Rogelio Domínguez Rodríguez, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso pueda estimarse que la causal de improcedencia que se invoca no resulta manifiesta e indudable, dado que no existe dato, constancia o manifestación que pueda generar incertidumbre en su actualización, y por el contrario, se advierte de forma patente y absoluta, de manera que de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, aunado a que la parte quejosa anexó diversas documentales a su escrito de demanda -entre ellas el acto reclamado-, las cuales permiten sostener con mayor fortaleza la causal de improcedencia que aquí se invoca, por lo que en el caso tampoco puede considerarse que se tenga que esperar hasta "tener las constancias a la vista", pues las mismas ya fueron agregadas al libelo constitucional. V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble marcado con el número Boulevard Belisario Domínguez, número 4213, del Fraccionamiento La Gloria, Plaza La Gloria, local # 41, en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Duque de Estrada Albores, por tener registrad su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública; y en términos restringido del citado numeral parte in fine, relacionado con el numeral 24 de la ley de la materia a Guillermo Duque de Estrada Albores. Respecto del número telefónico que proporciona, se toma conocimiento de dicho datos únicamente como un medio para entablar comunicaciones no procesales. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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