Rogelio de los Reyes Castro
Expediente 1323/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rogelio de los Reyes Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
1. Archivo del asunto. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió por una parte y se negó por otra la medida cautelar en el presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se negó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se negó la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 1.5 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en ese expediente. 1.6 Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias remitidas a la autoridad responsable correspondiente, las cuales envió como complemento a su informe justificado.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1323/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se niega la protección constitucional a ********************, que reclama de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Río Grande y Administradora Local de Ejecución Fiscal en Piedras Negras de la Administración Fiscal General, ambos con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitido por el mencionado juez en el juicio ordinario civil ********************, mediante el cual declaró infundada la inconformidad contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que le impuso una medida de apremio consistente en multa, así como su ejecución y cobro por la autoridad exactora. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó la protección constitucional contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Previas aclaraciones de demanda, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo en el acta que antecede. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Río Grande y Administradora Local de Ejecución Fiscal en Piedras Negras de la Administración Fiscal General, ambos con sede en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. La sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitido por el mencionado juez en el juicio ordinario civil ********************, mediante el cual declaró infundada la inconformidad contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que le impuso una medida de apremio consistente en multa, así como su ejecución y cobro por la autoridad exactora. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y las causales de improcedencia alegada por las autoridades responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo señalaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar su existencia, en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con las documentales que remitió el juez responsable en apoyo a su informe con justificación y que formó el tomo uno de pruebas; probanza a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2 Causales de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 6. Estudio de constitucionalidad. 6.1 Conceptos de violación. La parte quejosa argumenta que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad, contenidas en los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Federal, al no cumplir con el ejercicio de congruencia y exhaustividad, debido a que a su consideración no contestó todos los agravios que hizo valer en su recurso de inconformidad y, por ende, insiste que no está fundada ni motivada la resolución reclamada en esta instancia constitucional. Agregó que el juez responsable indebidamente, a su consideración, aplicó diversos dispositivos legales del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, debido a que no realizó un estudio convencional respecto a su obligación de observar que se paguen contribuciones relacionados con los derechos registrales frente a los derechos de la gratuidad de la justicia que alegó el juez responsable. 6.2 Calificación del planteamiento. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.3 Marco legal del acto reclamado. En el asunto que nos ocupa debe destacarse que en relación con la naturaleza jurídica del acto reclamado, es importante destacar que de la lectura de los ordinales 1o, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía individual de acceso a la impartición de justicia y su gratuidad, que se rige bajo los siguientes principios: i. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. ii. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. iii. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. iv. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Aunado a lo anterior, debe sumarse el hecho, que en sintonía con el artículo 17 Constitucional, existe en la legislación estatal, concretamente los artículos 19 y 425, ambos del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, que en el caso que nos ocupa, se establece que en la práctica jurídica existe un juzgador que tiene la atribución y obligación de dirigir la marcha ininterrumpida y ordenada del proceso, decidiendo en lo conducente para que se desarrolle en forma expedita, completa, imparcial y gratuita, aplicando las sanciones que corresponda cuando trate de obstaculizarse indebidamente su desarrollo, entre ellos, los auxiliares de la justicia, que evidentemente se encuentra el titular del Registro Público de la Propiedad, obligándolo actuar y cumplir con requerimientos, bajo la excepción que establece el artículo 33 de la Ley del Instituto Registral y Catastral de Coahuila de Zaragoza. Aunado a lo anterior, las partes que se incluyen al estadio procesal de cualquier juicio, están obligados a cumplir los requerimientos que realice la autoridad jurisdiccional. Sirve de apoyo por lo que informa, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171257. Además, el citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación, si bien, resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el juez correspondiente plasme en alguna resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige, en el presente asunto, el dispositivo 17 constitucional, atinentes al establecimiento de los principios de justicia pronta, expedita y gratuita. 6.4 Caso concreto. Ahora bien, como se adelantó, los conceptos de violación realizados por el quejoso en su demanda de amparo, destaca principalmente que el juez responsable incurrió en los principios de congruencia y exhaustividad al no contestarle en su totalidad los planteamientos expuestos en su escrito de inconformidad, contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que le impuso una multa de $3,848.80 pesos, equivalentes a cuarenta unidades de medida y actualización, al haber incumplido con el diverso acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós y por ende, a su parecer no estaba fundado ni motivado su decisión al declarar infundado su recurso de inconformidad contra dicha multa. Del escrito de inconformidad signado por el quejoso, se aprecia que en su primer agravio señaló que de donde deriva la multa no encuadra dentro de los supuestos del artículo 425, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles de Coahuila de Zaragoza, ni en el artículo 17 Constitucional, ya que el requerimiento no fue para solicitar un informe relativo a los hechos relacionados con la litis. Sin embargo, contrario a lo que manifiesta el quejoso, el juez responsable si atendió dicho argumento, calificándolo de infundado, debido a que le manifestó que no le asistía la razón, destacando en primer lugar, que el aquí quejoso si formaba parte de la relación procesal en el expediente de donde deriva el acto reclamado, debido a que tenía el carácter de parte demandada en la acción reconvencional presentada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, por tal motivo contrario a lo que aseguró en su escrito de agravios, conocía perfectamente los hechos y aun así, siguió con su actitud renuente a dar cumplimiento con lo solicitado. En otro de sus agravios, el quejoso le señaló al juez responsable que un certificado como el que se le requirió, no se podía considerar como un informe, sin embargo el juzgado responsable lo calificó infundado, puesto que le hizo saber que el Registro Público de la Propiedad que él representa, tiene como una de sus principales funciones, allegar a quien así lo solicite de información, sobre el estatus legal de inmuebles, y lo que se le solicitó fue un certificado en el cual se asentaría la información referente a un inmueble, la cual solamente se encuentra en su base de datos, es decir, dicha información es de la que esa autoridad registral se encuentra obligada a proporcionar, por lo que con independencia de la forma en que se le pidió, esta no deja de ser un informe respecto a un inmueble que se encuentra en su base de datos. El quejoso, le hizo saber en su escrito de agravios que el artículo 33 de la Ley del Instituto Registral y Catastral, lo obliga a cerciorarse sobre el cumplimiento del pago de derechos para emitir un certificado, sin embargo, el juez responsable sí le contestó dicho argumento, destacando que ese arábigo tiene una excepción en la parte final del primer párrafo, que textualmente establece lo siguiente: ".a excepción de los trámites que por disposición de ley, no causen los citados derechos." Agregó que el requerimiento que combatió el quejoso se fundamentó en el artículo 19, fracción II, 425, fracción III, ambos del Código de Procedimientos Civiles de Coahuila de Zaragoza, así como el 17 constitucional y dicha normativa, se encuentra jerárquicamente por encima del reglamento que invocó el quejoso, que por lo tanto, lo obliga a una impartición de justicia gratuita, máxime que en el requerimiento que se le hizo, tiene una participación como auxiliar de la administración de justicia, debido a que el certificado que se le requirió no se le solicitó por alguna de las partes, sino por el propio órgano jurisdiccional. Hizo énfasis que el artículo 19, fracción II, del Código Procesal Civil de Coahuila de Zaragoza, claramente establece que el juez tiene como atribución dirigir la marcha ininterrumpida y ordenada del proceso, y decidir en lo conducente para que se desarrolle en forme expedita, completa y gratuita, aplicando las sanciones correspondientes a los que obstaculicen indebidamente su desarrollo. Subrayó que el artículo 1o, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de gratuidad y, dicha gratuidad, consiste en que no se debe de imponer la obligación de pago de derechos por una certificación, ya que ésta se encuentra destinada a la consecución de un procedimiento jurisdiccional, el cual resulta de orden público, por lo que, actuar en contrario, daría lugar a violaciones de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia en su vertiente de gratuidad, contenida en esa disposición constitucional. Insistió que el quejoso en su carácter de Director del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, al actuar como auxiliar de la administración de justicia, debe expedir el informe solicitado (con cualquier tipo de denominación) de manera gratuita, esto, de conformidad con el artículo 1, segundo párrafo y 17 Constitucionales. Sobre la resistencia de cumplimiento por parte del quejoso para con esa autoridad jurisdiccional, precisó que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, ordenó a ese juzgado recabar el citado certificado de libertad de gravamen, por ello, la autoridad responsable requirió en cinco ocasiones al quejoso en su carácter de Director del Registro Público de la Propiedad en Piedras Negras, para que en auxilio de las labores de ese juzgado remitiera el multicitado certificado, negándose a hacerlo si no se realizaba el pago o contraprestación del servicio. Agregó que incluso consintió la aplicación de una diversa multa por el mismo requerimiento que combatió, cuando no existía motivo para hacer el pago de una contraprestación, ya que el solicitante no era un contribuyente, pues dicho requerimiento lo hizo una autoridad judicial en ejercicio de sus atribuciones y que por ello, encuadraba perfectamente en la excepción que establece el artículo 33 de la Ley del Instituto Registral y Catastral de Coahuila de Zaragoza, obligándolo a cumplir con el requerimiento, con fundamento en los numerales 1, segundo párrafo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 19, fracción II y 425, fracción III, ambos del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sobre el tema del ejercicio de control convencional que le peticionó el quejoso realizar al juez responsable, destacó que al existir una excepción para el cobro de un certificado, no transgredió o incumplió con lo establecido en su reglamento, pero bajo la premisa de la supremacía constitucional, esa autoridad debe acatar en principio las disposiciones constitucionales, después de las leyes generales y con posterioridad, los reglamentos, máxime si su requerimiento se realizó con sustento en el artículo 17 Constitucional, en armonía con los diversos 19, fracción II, y 425, fracción III, del Código Procesal Civil de Coahuila de Zaragoza, por lo que resultaba innecesario realizar un control de convencionalidad para resolver la problemática jurídica planteada por el quejoso en su carácter de Director del Registro Público de la Propiedad en Piedras Negras. Respecto al diverso agravio que hizo valer el quejoso en su escrito de inconformidad, respecto a que el juez fue omiso en señalar la forma y manera de cómo llegó a la conclusión de fijar la multa que se le impuso, el juez responsable sí atendió dicho motivo de inconformidad. Lo anterior es así, debido a que subrayó que previo a la multa impuesta al quejoso el siete de octubre de dos mil veintidós, ya se le habían realizado cinco requerimientos, solicitándole el certificado de libertad de gravamen respecto del inmueble inscrito bajo la partida 61848, libro 619, sección I, de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, a saber, los de trece de junio, quince de agosto, treinta de agosto, trece de septiembre y veintiocho de septiembre, todos de dos mil veintidós, sin que la autoridad haya dado cumplimiento a lo solicitado, motivo por el cual, ese juez, ante la renuencia y máxime si ya se le había aplicado en una ocasión una medida de apremio consistente en diversa multa, consideró correcto aplicarle una diversa medida de apremio consistente en la multa que combatió. Agregó, que contrario a lo que aseguró el quejoso en su escrito de inconformidad, la medida de apremio se encontraba fundada y motivada, por lo que no lo dejó en estado de indefensión, porque en el proveído que recurrió se le explicó con toda claridad que los argumentos que señaló y que a su parecer le impedían dar cumplimiento con el requerimiento, no lo justificaban, pues se le reiteró que los asuntos jurisdiccionales no pueden entorpecerse por disposiciones fiscales o de carácter administrativo, también se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento que claramente se le señaló en el oficio de mérito, estaría violando el principio de una justicia pronta y expedita. Subrayó que se le hizo del conocimiento que de conformidad con los artículos 17 Constitucional, 19 y 425, ambos del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, el quejoso tenía la obligación de proporcionar la información que se le solicitó respecto de hechos relacionados con el proceso y de los que hubiera tenido conocimiento o en los que haya intervenido por razón de su cargo, y que ese juzgador tiene la atribución y obligación de dirigir la marcha ininterrumpida y ordenada del proceso, decidiendo en lo conducente para que se desarrolle en forma expedita, completa, imparcial y gratuita, además que estaba facultado para aplicar las sanciones que corresponda a los que obstaculicen indebidamente su desarrollo. También destacó que se hizo de conocimiento al quejoso que se haría efectivo el apercibimiento de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ya que, de nueva cuenta, no cumplió con lo ahí requerido y se le impuso una multa mayor a la mínima, pues en múltiples ocasiones había hecho caso omiso al requerimiento e, incluso, ya se le había multado con una menor cantidad, por tal motivo, se le impuso una medida de apremio consistente en multa de cuarenta unidades de medida y actualización. El juez responsable subrayó que la medida de apremio impuesta, contaba con la debida fundamentación y motivación, pues tomó en cuenta la pauta que obliga al titular de la acción jurisdiccional a dar celeridad a los procedimientos, que es el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, haciendo efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, que en el caso que se analizó, se impuso una multa con el objeto de lograr el cumplimiento de las determinaciones judiciales ante la conducta contumaz del obligado a realizar lo mandado, que por ello resultaba suficiente el mandato judicial que impuso como medida de apremio, el requerimiento previo de cumplimiento de dicho mandato y la conminación de imponer multa en caso de desobediencia, para que la misma se encuentre ajustada a derecho. Sobre la manifestación que hizo el quejoso en la audiencia que señala el artículo 175 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el sentido que las partes interesadas pueden tener acceso a tales documentos previa solicitud y pago de los derechos tal y como lo dispone el artículo 385 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, el juez hizo hincapié que el certificado requerido no lo solicitó una de las partes, sino que fue el órgano jurisdiccional que él representa, por lo que las partes no estaban obligadas a realizar el pago de derechos del certificado. Respecto al diverso agravio que hizo valer el quejoso, cuando aseguró que al no realizarse el pago de derechos, tendría como consecuencia la evasión fiscal en perjuicio del erario del Estado, el juez responsable sí atendió dicho argumento, pues, insistió que se encontraban ante la excepción que estable el artículo 33 del Instituto Catastral y Registral de Coahuila de Zaragoza, y por ende, el requerimiento por parte de ese juzgado, también resultaba un caso aislado que no tendría repercusión en el ámbito recaudatorio del Estado. En otro agravio, el quejoso señaló que su sistema informático no le permita avanzar si no era alimentado por un recibo de pago, sin embargo, el juez responsable le hizo saber que ese sistema era alimentado, procesado y manipulado por el propio quejoso, por lo que contaba con las herramientas necesarias para que diera cumplimiento al requerimiento solicitado. Concluyó que ante lo infundado de lo señalado por el quejoso en su carácter de Director del Registro Público de esta ciudad, declaró infundada la inconformidad planteada. 6.5 Estudio de fondo. Este órgano constitucional considera legal la determinación del Juez responsable, atendiendo que cumplió con los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación. Porque lejos de lo que aseguró el quejoso en su demanda de amparo, el juez responsable, de manera pormenorizada, separó y contestó todos los agravios que hizo valer en su recurso de inconformidad contra la multa que se le impuso, fundando y motivando cada motivo de inconformidad, como se destacó en el punto que antecede. El juez responsable destacó, en lo que aquí interesa, que el quejoso, en su carácter de Director del Registro Público de la Propiedad, estaba obligado a dar cumplimento a todos los requerimientos que le hiciera ese órgano jurisdiccional, bajo la premisa que era un auxiliar de la justicia, máxime si era parte demanda en el juicio de donde deriva el acto reclamado, aunado a que el juez está obligado constitucionalmente a dirigir el proceso y hacer valer sus determinación en caso de incumplimiento. Por ende, estaba obligado atendiendo a las disposiciones constitucionales y estatales en remitir la información que se le peticionó, sin formulismos de cómo se le peticionó (documental de informes o certificado de gravamen), máxime si existía una excepción al pago de derechos que innecesariamente el quejoso hizo valer para incumplir con lo se le peticionó en cinco ocasiones, antes de que recurriera la multa que se le impuso. Máxime, si de las constancias que obran en autos, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, finalmente el quejoso dio cumplimiento a lo que se le peticionó el juez responsable, sin el pago de derechos que indebidamente estaba solicitando para su cumplimiento. 6.5.1. Control de convencionalidad. Este órgano jurisdiccional, también considera acertado la decisión que hizo el juzgador sobre el tema del ejercicio de convencionalidad, por los siguientes motivos. 6.5.1.1 Control judicial interno de convencionalidad. Es una potestad conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales y una obligación para el Poder Judicial de los Estados parte de la Convención Americana para verificar la congruencia entre actos internos con las disposiciones del derecho interamericano derivado de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y ratificado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, es una forma de hacer vigentes, por vía de la actuación jurisdiccional nacional, los contenidos de la Corte Americana de Derechos Humanos y de su respectiva jurisprudencia. Es una manifestación concreta de la recepción del orden jurídico convencional internacional en el derecho interno que permite fortalecer el estado constitucional democrático, la vigencia efectiva de los derechos humanos y la armonización del ordenamiento interamericano. Derivada de este ejercicio puede darse una convalidación, o en su caso, la invalidación de dicho acto interno que es inconsecuente con la disposición internacional. Sin embargo, este ejercicio de control, así como la interpretación conforme lo que debe buscar es la integración de los elementos normativos para buscar ampliar los contenidos de los derechos humanos. 6.5.1.2 Control de constitucionalidad contra control de convencional. De acuerdo con la jurisprudencia nacional, el control de constitucionalidad hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respecto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la normativa en conflicto se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo cual deriva la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad. Por otra lado y de acuerdo con el mismo criterio, el control convencionalidad en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos humanos consagrados en la Constitucional Federal y en los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la contabilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos humanos que establece la Carta Magna y los tratados internaciones, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza vinculatoria de la normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso concreto. Por tanto, en el primer supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación. El control convencional es también una herramienta que permite el diálogo jurisprudencial entre diferentes órganos jurisdiccionales ya que en la realización de control de convencionalidad, los jueces y órgano vinculados a la administración de justicia nacional deben tomar cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos sino también la interpretación hecha por la Corte Interamericana. Atendiendo a dichas premisas, el juez responsable hizo lo correcto al mencionar que era innecesario realizar el ejercicio de control convencional, porque estableció como premisa el derecho constitucional previsto en el artículo 17, que no es inconvencional al privilegiar que la justicia sea gratuita, ni mucho menos, que el previo pago de los derechos registrales, sea un derecho mayor respecto a su reglamento interno, máxime, si es un auxiliar en la administración de justicia y por ende, existía supremacía constitucional, frente a las normas registrales. De esta manera, se consideran acertadas todas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en su resolución interlocutoria, debido a que cumple con todos los requisitos de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación a la que está obligado observar. 7. Conclusión. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados y al no existir queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita, negativa que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución del cobro de la multa, debido a que no se hacer valer por vicios propios. 8. Notifíquese en términos de ley.9. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Mario Alberto Nevárez Santana, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicadieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Certifico y doy fe.
- Incidental
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa *** para que acreditara ante esta autoridad que depositó ante la autoridad exactora correspondiente, la cantidad de $3,848.80 (tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta centavos moneda nacional), que asciende la sanción reclamada informada por la autoridad responsable en su informe previo, para garantizar la suspensión definitiva concedida el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. 1.1 Acuerdo. De conformidad con los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada resolución, por lo que la suspensión definitiva que le fue concedida deja de surtir efectos; infórmese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducente.
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