Rogelio David Nava Gutiérrez
Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rogelio David Nava Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Colima, Colima, tres de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a Álvaro Ramírez Rodríguez, albacea de la sucesión a bienes del aquí directo quejoso respecto de los actos realizados por el Director Interino de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida el once de octubre de dos mil veintiuno, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión a) Se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 3°, fracción III, inciso b), y 13, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima. En el entendido de que tal desincorporación no implicaba relevar al quejoso del pago de los derechos correspondientes por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en tanto que conforme al artículo 31, fracción IV, constitucional, todos los gobernados están obligados a contribuir al gasto público, por lo cual, la concesión del amparo se tradujo en que debería pagar la cuota menor establecida en la citada ley, por concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que es la prevista en la fracción I, del artículo 3° de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. b) Se hiciera la devolución de las diferencias que resultaran entre las tarifas señaladas en el inciso anterior y las cantidades enteradas por el quejoso por concepto de derechos por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, consignadas en el comprobante expedido a su favor, debidamente actualizada. Mediante oficio recibido en este juzgado el once de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, remitió copia del oficio 178/2021, del que se advierte la desincorporación de la esfera jurídica del quejoso los artículos 3°, fracción III, inciso b), y 13, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima. Aplicó la cuota menor prevista en el artículo 3 de la Ley de establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima. Por oficio recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Director interino de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, remitió el cheque expedido a favor del albacea de la sucesión a bienes de Rogelio David Nava Gutiérrez, por concepto de derechos por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debidamente actualizada. Parcialmente cumplida. Ahora, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se requirió a Álvaro Ramírez Rodríguez, albacea de la sucesión a bienes del aquí directo quejoso, a fin de que compareciera a recoger el cheque número 1054389, valioso por la cantidad de $368.76 (trecientos sesenta y ocho pesos con setenta y seis centavos), expedido por el Director Interino de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, apercibido que de no hacerlo se proveería lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Pues bien, el referido albacea de la sucesión testamentaria del directo quejoso no expuso nada respecto a la vista otorgada, ni compareció a recoger el cheque puesto a su disposición, a pesar de que la autoridad acreditó el cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo el cheque de que se trata; así pues ante la ausencia de inconformidad se entiende que la parte quejosa está conforme con esa cantidad y dado que no ha mostrado interés en recoger la citada cantidad, entonces resulta evidente su desinterés en el cumplimiento del amparo, pues es importante su participación para efecto de recibir la cantidad que se dejó a su disposición; por tanto, la omisión destacada no puede ser atribuible a la autoridad responsable, de ahí que se declara la imposibilidad material para declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 113/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materias(s): Administrativa, Novena Época, página 223, registro digital 168903, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARAR SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPIDIÓ UN CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES, EQUIVALENTE AL MONTO DE LOS TRIBUTOS QUE DEBÍAN REINTEGRARSE Y EL CONTRIBUYENTE LO ACEPTÓ. El mencionado certificado expedido por las administraciones tributarias a favor de los contribuyentes puede emplearse para pagar las contribuciones locales que deban cubrirse ante la Tesorería del Distrito Federal. En ese sentido, si la sentencia de garantías vincula a la autoridad responsable a devolver al quejoso determinada cantidad de dinero y de autos se advierte que aquélla, en cumplimiento al fallo constitucional, expidió un certificado de devolución de contribuciones equivalente al monto de los tributos que debían reintegrarse y que el contribuyente lo aceptó, es evidente que el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia, pues tal circunstancia es idónea para considerar cumplida la ejecutoria de amparo". En atención a lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Director Interino de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, el cheque número 1054389, valioso por la cantidad de $368.76 (trecientos sesenta y ocho pesos con setenta y seis centavos), mismo que se registró con el número 14/2022, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes, asimismo, solicítese a la autoridad el acuse recibo respectivo. Hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, penúltimo y último párrafo, 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de depuración. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integran de Seguimiento de expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, segundo párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Colima, Colima, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Director Interino de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio y remite el cheque número 1054389, valioso por la cantidad de $368.76 (trecientos sesenta y ocho pesos con setenta y seis centavos) para que sea entregado Álvaro Ramírez Rodríguez, albacea de la sucesión a bienes del aquí directo quejoso. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al albacea, con el documento de cuenta y anexos, y requiérasele, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, comparezca a las instalaciones del presente juzgado con identificación oficial fehaciente, para recibir el documento descrito en supralíneas. Apercibido que de no hacerlo, se acordará lo relativo al cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente; así como su conducta procesal. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger el documento de referencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Resguardo de documentos. Se debe guardar en la caja de valores de este juzgado federal el documento mencionado con anterioridad, con número de registro 14/2022, previa copia simple que de él se deje en autos para constancia. Finalmente, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva.
- Principal
Colima, Colima, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Colima, remite las constancias relativas a la audiencia de lectura de testamento de la sucesión a bienes de Rogelio David Nava Gutiérrez, en la que se tuvo Álvaro Ramírez Rodríguez, aceptando y protestado el cargo de albacea definitivo y ejecutor testamentario, con lo que cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de dos de febrero del año en curso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de dicha audiencia a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo y ponga a disposición del albacea Álvaro Ramírez Rodríguez, el cheque o documento equivalente del monto que resultó a favor de la parte quejosa. Se le apercibe, que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar cien por noventa y seis pesos con veintidós centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunado a lo anterior, se continuará el trámite del incidente de inejecución de sentencia del presente asunto en el Tribunal Colegiado, a fin de que resuelva, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. [...] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo". Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad, informa que señaló las nueve horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la lectura de testamento previsto dentro de los autos del juicio de origen, en el que se designó como albacea y ejecutor testamentario a Álvaro Ramírez Rodríguez. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase la Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad, como autoridad vinculada, para que, una vez desahogada la diligencia en comento, dentro del término de tres días hábiles, remita copia certificada de la misma a fin de proveer lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se le apercibe, que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar cien por noventa y seis pesos con veintidós centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Lo anterior, porque la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; además, de que el mismo no puede estar supeditado a la voluntad de las partes, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. Aunado a lo anterior, se continuará el trámite del incidente de inejecución de sentencia del presente asunto en el Tribunal Colegiado, a fin de que resuelva, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo". Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 54/2014 y P./J. 58/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese por lista.
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