Rogelio Cano Rivera
Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rogelio Cano Rivera
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por ******, en su carácter de Defensor Particular del quejoso Rogelio cano Rivera, contra actos del Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral, con residencia en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, en la comunidad de Atlamajac, Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, en su carácter de Defensor Particular del quejoso *******, personalidad que dice acreditar en la carpeta judicial *****, contra actos del Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral, con residencia en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, en la comunidad de Atlamajac, Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1417/2022 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de referencia, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Juez responsable la negativa de nulificar el juicio JO-******, en razón de las violaciones cometidas dentro de la etapa de juicio oral. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido, trasciende a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del procedimiento de la fase de investigación de origen y, la parte quejosa puede obtener al finalizar la carpeta respectiva, una determinación favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en los artículos 170, 171 y 173, fracción VI, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso, y oportunidad se promueva en contra de la sentencia, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra de la determinación que decidió el procedimiento natural, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye la negativa de nulificar el juicio JO-05/2022, en razón de las violaciones cometidas dentro de la etapa de juicio oral; es evidente que tal determinación no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcidas al dictarse la sentencia en el procedimiento natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Lo anterior, actualiza como se dijo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario, en tanto que no constituye un acto de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte. Se cita como criterio orientador, así como por las razones que contiene, la tesis 1a. XXIV/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024866, Undécima Época, Materias(s) Penal, Común, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, junio de 2022, tomo V, página 4667, que dice: Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que es legítimo el propósito del legislador al permitir, en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, que en amparo directo se estudien violaciones originadas en etapas previas a la de juicio oral. Sin embargo, las fracciones respectivas deben ser interpretadas en el sentido de que tales violaciones pueden ser materia de análisis siempre y cuando sean motivo de debate, por virtud de que alguno de los sujetos intervinientes en la audiencia de juicio oral incorpore información al respecto y, por tanto, eso genere contradicción entre las partes. Justificación: El artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo debe tener plena eficacia, sin embargo, es necesario precisar su correcto alcance. Considerando que los efectos y las consecuencias de ciertas violaciones ocurridas en fases preliminares naturalmente admiten ser enlazadas con los argumentos centrales de las partes, y que éstos sólo pueden manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa de juicio oral, se debe reconocer lo siguiente: a) La posibilidad de introducir alegatos sobre violaciones procesales suscitadas en fases previas no sólo está permitida, sino que es perfectamente connatural a la lógica de todo sistema acusatorio que genuinamente aspire a colmar el principio contradictorio; y, b) Cuando eso ocurra, esto es, cuando la valoración probatoria discutida en la audiencia de juicio oral se relacione con argumentos sobre violaciones cometidas en etapas previas, entonces, ese debate y la determinación judicial tomada al respecto, válidamente podrán integrar la materia de análisis en el juicio del amparo directo. Así, se mantiene la conclusión alcanzada en el amparo directo en revisión 669/2015, en el sentido de que en amparo directo sólo puede ser objeto de revisión una violación que se materializa durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Sin embargo, se debe entender que esa posibilidad de materialización no impide que la violación se haya originado en fases previas, pues una infracción procesal puede ocurrir en fase de investigación o en etapa intermedia, y aun así sólo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral. Cuando se dan estas condiciones, el juzgador de amparo no busca una calificación de invalidez o validez en sus propios méritos, sino analizar si la ilicitud de cierto acto tuvo un impacto en el material probatorio exhibido y argumentado por las partes. Ésta es, precisamente, la representación más lógica y natural de una violación que ha trascendido al resultado del fallo -fórmula que siempre ha definido la materia de un juicio de amparo directo-." Así como la tesis aislada XXVII.3o.84 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada con el registro digital 2019043, Décima Época, Materias(s) Común, Penal, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo IV, página 2196, de la literalidad siguiente: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ******, toda vez que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que menciona en el ocurso de cuenta, sin gozar de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios. En otro orden, téngasele señalando correos electrónicos y números celulares; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por otra parte, como lo solicita y de conformidad con la certificación de cuenta se autoriza a ****** con nombre de usuario "*******", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículos 55, 62 y 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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