Rogelio Caldiño Martínez

Expediente 1579/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1579/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
27/02/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Caldiño Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de uno de febrero del año en curso; con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso d), 84, 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO POR EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el sistema correspondiente y archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales en este juicio, por lo que con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que como prueba haya exhibido, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibido que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón de cuenta, y toda vez que la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de uno de febrero del año en curso; por los motivos que expone; por tanto, notifíquese por medio de lista el proveído en comento, así como este auto, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa el proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete. EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Secretario del Décimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución dictada el diecinueve de enero del año en curso, en la que declaró infundado el recurso hecho valer. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese sólo lo actuado en el cuaderno de antecedentes que obra por separado. Por otro lado, atendiendo a lo resuelto por el tribunal de alzada, REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Asimismo, de autos se advierte que mediante escrito registrado con el folio 20281 la parte quejosa manifestó a este órgano jurisdiccional que cesaron los efectos del acto reclamado, y por proveídos de veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se reservó acordar en relación con los oficios registrados con el folio 20529 y 20840 suscritos por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, se levanta dicha reserva y se determina lo siguiente: Atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, a través del cual cual informa que han cesado los efectos del acto reclamado, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe quedar sin materia el juicio; en consecuencia, a efecto de determinar si se actualiza dicha causa de improcedencia, resulta necesario destacar las constancias que obran en autos: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el veinte de octubre de dos mil dieciséis, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito, Rogelio Caldiño Martínez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado que a continuación se precisan: Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 11 y 12), se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual que quedó registrada con el número 1579/2016, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito registrado con el número de 20281 de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis (foja 44), la parte quejosa informó que habían cesado los efectos del acto recamado, toda vez que la autoridad responsable mediante oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de ese mismo año, dio contestación a la petición de nueve de mayo pasado; oficio que es del tenor siguiente: Con motivo de la respuesta contenida en el oficio citado, la quejosa manifestó lo siguiente: "(.) es mi deseo hacer de su conocimiento que las violaciones, manifestadas en la demanda inicial de amparo indirecto, interpuesta el día veinte de octubre de dos mil dieciséis ante dicho órgano jurisdiccional, han cesado en su totalidad ya que he de referir a usted que el día diez de noviembre de dos mil dieciséis el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que es señalado como autoridad responsable en la presente demanda de amparo indirecto, dio respuesta a mi petición mediante oficio número 702/08150/16, signado por el mismo. (.)" De lo expuesto, se deduce que se emitió la respuesta relativa a la petición formulada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de ese mismo año, el cual le fue notificado el diez de noviembre de dos mil dieciséis como se advierte de la constancia remitida por la autoridad responsable, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: ... El precepto invocado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado cesó en sus efectos, lo que implica que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativa, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Esta interpretación atiende a que el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, puesto que la finalidad de la protección constitucional consiste en restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, en términos de lo que se prevé en el artículo 77 de la ley en consulta. A efecto de establecer si en el particular se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza del acto reclamado, para luego establecer si la pretensión del quejoso está satisfecha con los actos desplegados por la responsable. En la demanda de amparo la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual solicitó que se le actualizara la percepción anual de aguinaldo y prima vacacional, así como el pago retroactivo de dichos conceptos. Entonces, en esta vía constitucional la parte quejosa demanda la protección del denominado "derecho de petición" consagrado en el artículo 8° constitucional, a través del cual se garantiza que cualquier gobernado que presente una petición a una autoridad reciba una respuesta. El ejercicio de este derecho por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos que se enlistan: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la contestación. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. C. La notificación: la autoridad debe hacer saber la providencia recaída a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En ese sentido, no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea de conformidad lo solicitado, está en libertad de resolver acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Bajo estas premisas, de las constancias que obran en el sumario se advierte que la quejosa formuló solicitud el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hecho que aceptó la autoridad responsable, quien en su informe justificado refirió que recibió la petición de la quejosa (foja 55); por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º constitucional, adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta congruente a la petición, en breve término y, además, notificarlo personalmente en el domicilio señalado para tal efecto. Asimismo el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, emitió el oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, notificado al impetrante el diez de noviembre siguiente, a través del cual dio respuesta al escrito de la quejosa. Los anteriores hechos denotan que se emitió la respuesta a la solicitud de la quejosa y que ésta tiene pleno conocimiento de ello a partir del diez de noviembre de dos mil dieciséis. Sobre esta base, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la obligación que le impone el artículo 8º constitucional, en razón de que emitió un oficio en el que dio respuesta a la petición de la promovente, y le notifico personalmente. Por ende, como la determinación que recayó a la petición de que se trata y la notificación correspondiente fueron realizadas, es claro que el acto omisivo reclamado, aunque cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la autoridad quedó insubsistente y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo conforme a lo establecido por la fracción II del numeral 77 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son: ... En tales condiciones, se estima acreditada fehacientemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, se debe sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63 del mismo ordenamiento legal. ...Atento a lo anterior, y respecto a los oficios con folios 20529 y 20840 suscritos por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de los cuales rinde informe justificado y remite copia certificada de las constancias solicitadas; no se hace mayor pronunciamiento atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes. No obstante lo anterior, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en términos de los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Secretario del Décimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución dictada el diecinueve de enero del año en curso, en la que declaró infundado el recurso hecho valer. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese sólo lo actuado en el cuaderno de antecedentes que obra por separado. Por otro lado, atendiendo a lo resuelto por el tribunal de alzada, REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Asimismo, de autos se advierte que mediante escrito registrado con el folio 20281 la parte quejosa manifestó a este órgano jurisdiccional que cesaron los efectos del acto reclamado, y por proveídos de veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se reservó acordar en relación con los oficios registrados con el folio 20529 y 20840 suscritos por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, se levanta dicha reserva y se determina lo siguiente: Atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, a través del cual cual informa que han cesado los efectos del acto reclamado, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe quedar sin materia el juicio; en consecuencia, a efecto de determinar si se actualiza dicha causa de improcedencia, resulta necesario destacar las constancias que obran en autos: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el veinte de octubre de dos mil dieciséis, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito, Rogelio Caldiño Martínez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado que a continuación se precisan: Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 11 y 12), se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual que quedó registrada con el número 1579/2016, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito registrado con el número de 20281 de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis (foja 44), la parte quejosa informó que habían cesado los efectos del acto recamado, toda vez que la autoridad responsable mediante oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de ese mismo año, dio contestación a la petición de nueve de mayo pasado; oficio que es del tenor siguiente: Con motivo de la respuesta contenida en el oficio citado, la quejosa manifestó lo siguiente: "(.) es mi deseo hacer de su conocimiento que las violaciones, manifestadas en la demanda inicial de amparo indirecto, interpuesta el día veinte de octubre de dos mil dieciséis ante dicho órgano jurisdiccional, han cesado en su totalidad ya que he de referir a usted que el día diez de noviembre de dos mil dieciséis el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que es señalado como autoridad responsable en la presente demanda de amparo indirecto, dio respuesta a mi petición mediante oficio número 702/08150/16, signado por el mismo. (.)" De lo expuesto, se deduce que se emitió la respuesta relativa a la petición formulada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de ese mismo año, el cual le fue notificado el diez de noviembre de dos mil dieciséis como se advierte de la constancia remitida por la autoridad responsable, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: ... El precepto invocado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado cesó en sus efectos, lo que implica que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativa, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Esta interpretación atiende a que el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, puesto que la finalidad de la protección constitucional consiste en restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, en términos de lo que se prevé en el artículo 77 de la ley en consulta. A efecto de establecer si en el particular se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza del acto reclamado, para luego establecer si la pretensión del quejoso está satisfecha con los actos desplegados por la responsable. En la demanda de amparo la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual solicitó que se le actualizara la percepción anual de aguinaldo y prima vacacional, así como el pago retroactivo de dichos conceptos. Entonces, en esta vía constitucional la parte quejosa demanda la protección del denominado "derecho de petición" consagrado en el artículo 8° constitucional, a través del cual se garantiza que cualquier gobernado que presente una petición a una autoridad reciba una respuesta. El ejercicio de este derecho por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos que se enlistan: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la contestación. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. C. La notificación: la autoridad debe hacer saber la providencia recaída a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En ese sentido, no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea de conformidad lo solicitado, está en libertad de resolver acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Bajo estas premisas, de las constancias que obran en el sumario se advierte que la quejosa formuló solicitud el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hecho que aceptó la autoridad responsable, quien en su informe justificado refirió que recibió la petición de la quejosa (foja 55); por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º constitucional, adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta congruente a la petición, en breve término y, además, notificarlo personalmente en el domicilio señalado para tal efecto. Asimismo el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, emitió el oficio 702/08150/16 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, notificado al impetrante el diez de noviembre siguiente, a través del cual dio respuesta al escrito de la quejosa. Los anteriores hechos denotan que se emitió la respuesta a la solicitud de la quejosa y que ésta tiene pleno conocimiento de ello a partir del diez de noviembre de dos mil dieciséis. Sobre esta base, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la obligación que le impone el artículo 8º constitucional, en razón de que emitió un oficio en el que dio respuesta a la petición de la promovente, y le notifico personalmente. Por ende, como la determinación que recayó a la petición de que se trata y la notificación correspondiente fueron realizadas, es claro que el acto omisivo reclamado, aunque cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la autoridad quedó insubsistente y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo conforme a lo establecido por la fracción II del numeral 77 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son: ... En tales condiciones, se estima acreditada fehacientemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, se debe sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63 del mismo ordenamiento legal. ...Atento a lo anterior, y respecto a los oficios con folios 20529 y 20840 suscritos por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de los cuales rinde informe justificado y remite copia certificada de las constancias solicitadas; no se hace mayor pronunciamiento atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes. No obstante lo anterior, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en términos de los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Actuaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo en que se actúa en atención al recurso de queja interpuesto por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, contra del proveído de veinticuatro de octubre pasado, mismo que se admitió a trámite por auto de veinticuatro de noviembre pasado, registrándolo con el número de toca Q.A. 268/2016, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

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