Rogelio Bernal Hernandez
Expediente 905/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rogelio Bernal Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en atención a su contenido, se le tiene informando que por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2020/2018, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo Rogelio Bernal Hernández, fórmese expediente y regístrese con el número 905/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente instancia, es la orden de arresto dictada por las autoridades responsables ordenadoras 1. Presidente de la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 2. Presidente de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y 3. Actuario Expedientes Pares de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Al respecto, es evidente que el acto reclamado deriva de un juicio laboral, que se rige por la Ley Federal del Trabajo; por lo que, en principio, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Ello, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, pues se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, esto es, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De esa manera, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina diversos tipos de competencias para los Jueces de Distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, así como de dos elementos fundamentales: 1. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se advierte que, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: IV. ACTO RECLAMADO: De la primera y segunda Autoridades señaladas como ORDENADORA les reclamo, LA ORDEN DE ARRESTO que se ha ordenado en mi contra, por motivo de la INEJECUCIÓN DE UN LAUDO de una razón social a la que legal y jurídicamente deje de pertenecer desde el DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE y que no obstante lo anterior a mis espaldas y habiéndome dejado en TOTAL Y ABSOLUTO ESTADO DE INDEFENSIÓN se pretende privarme de mi libertad personal, a través de las autoridades señaladas como EJECUTORAS de quienes se reclama la posible ejecución que pretendan darle a dicha ORDEN DE ARRESTO. Acto que no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a razón de que las resoluciones dictadas en un juicio laboral, no tiene naturaleza penal, sino laboral. En efecto, conviene destacar lo establecido en el artículo 731 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. De la transcripción anterior se advierte que los Presidentes de las Juntas, ya sean Especiales o Auxiliares, tienen a su alcance medios de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, entre los que se encuentran la orden de arresto. Ahora, si bien es cierto que la orden de arresto constituye un acto de autoridad que afecta la libertad personal del quejoso Rogelio Bernal Hernández, también lo es que cuando se decreta por un órgano jurisdiccional meramente labora y no penal, tiene naturaleza formal y materialmente laboral, por lo que el examen de su constitucionalidad debe de realizarse de manera autónoma al juicio de origen y, por ende, el conocimiento del amparo promovido corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Laboral. Bajo esas consideraciones, si el acto reclamado consiste en un arresto derivado de la inobservancia a disposiciones contenidas en una norma laboral y no penal, se está en presencia de sanciones de esa índole, ejecutadas por supuesto por autoridades que conocen dicha materia, y no ante conductas delictivas que implican una sanción a imponer por una autoridad del orden penal. En relación con lo anterior, en su demanda de amparo el quejoso manifiesta expresamente que la orden de arresto deriva de la inejecución del laudo dictado dentro del expediente D1/622/2012, y no de una conducta delictiva que implique una pena o sanción a imponer por un autoridad del orden penal, sino que dicha sanción está vinculada a la materia laboral. Por tanto, debe entenderse que la orden de arresto reclamada es competencia exclusiva de la autoridad laboral, pues deriva de hacer efectivo un medio de apremio a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones tal y como se advierte en el artículo anteriormente transcrito. Así, al tratarse de un medio de apremio dictado por el 1. Presidente de la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 2. Presidente de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y 3. Actuario Expedientes Pares de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que al reclamarse un acto a una autoridad de naturaleza laboral, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste, corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Laboral, conforme a lo establecido por el artículo 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 55.- Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y (.)". Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia laboral, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo;48 y 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 905/2018-C, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio convencional de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas indicadas, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo Rogelio Bernal Hernández, fórmese expediente y regístrese con el número 905/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente instancia, es la orden de arresto dictada por las autoridades responsables ordenadoras 1. Presidente de la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 2. Presidente de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y 3. Actuario Expedientes Pares de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Al respecto, es evidente que el acto reclamado deriva de un juicio laboral, que se rige por la Ley Federal del Trabajo; por lo que, en principio, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Ello, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, pues se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, esto es, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De esa manera, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina diversos tipos de competencias para los Jueces de Distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, así como de dos elementos fundamentales: 1. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se advierte que, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: IV. ACTO RECLAMADO: De la primera y segunda Autoridades señaladas como ORDENADORA les reclamo, LA ORDEN DE ARRESTO que se ha ordenado en mi contra, por motivo de la INEJECUCIÓN DE UN LAUDO de una razón social a la que legal y jurídicamente deje de pertenecer desde el DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE y que no obstante lo anterior a mis espaldas y habiéndome dejado en TOTAL Y ABSOLUTO ESTADO DE INDEFENSIÓN se pretende privarme de mi libertad personal, a través de las autoridades señaladas como EJECUTORAS de quienes se reclama la posible ejecución que pretendan darle a dicha ORDEN DE ARRESTO. Acto que no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a razón de que las resoluciones dictadas en un juicio laboral, no tiene naturaleza penal, sino laboral. En efecto, conviene destacar lo establecido en el artículo 731 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. De la transcripción anterior se advierte que los Presidentes de las Juntas, ya sean Especiales o Auxiliares, tienen a su alcance medios de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, entre los que se encuentran la orden de arresto. Ahora, si bien es cierto que la orden de arresto constituye un acto de autoridad que afecta la libertad personal del quejoso Rogelio Bernal Hernández, también lo es que cuando se decreta por un órgano jurisdiccional meramente labora y no penal, tiene naturaleza formal y materialmente laboral, por lo que el examen de su constitucionalidad debe de realizarse de manera autónoma al juicio de origen y, por ende, el conocimiento del amparo promovido corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Laboral. Bajo esas consideraciones, si el acto reclamado consiste en un arresto derivado de la inobservancia a disposiciones contenidas en una norma laboral y no penal, se está en presencia de sanciones de esa índole, ejecutadas por supuesto por autoridades que conocen dicha materia, y no ante conductas delictivas que implican una sanción a imponer por una autoridad del orden penal. En relación con lo anterior, en su demanda de amparo el quejoso manifiesta expresamente que la orden de arresto deriva de la inejecución del laudo dictado dentro del expediente D1/622/2012, y no de una conducta delictiva que implique una pena o sanción a imponer por un autoridad del orden penal, sino que dicha sanción está vinculada a la materia laboral. Por tanto, debe entenderse que la orden de arresto reclamada es competencia exclusiva de la autoridad laboral, pues deriva de hacer efectivo un medio de apremio a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones tal y como se advierte en el artículo anteriormente transcrito. Así, al tratarse de un medio de apremio dictado por el 1. Presidente de la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 2. Presidente de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y 3. Actuario Expedientes Pares de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que al reclamarse un acto a una autoridad de naturaleza laboral, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste, corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Laboral, conforme a lo establecido por el artículo 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 55.- Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y (.)". Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia laboral, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo;48 y 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 905/2018-C, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio convencional de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas indicadas, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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