Rogelio Benítez Torres
Expediente 70/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/04/2018
Partes del expediente
- Rogelio Benítez Torres
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el diecinueve de abril del año que transcurre (fojas 34 a 43), la Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinte del mes y año en cita (foja 44), se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesado con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó como se señala en la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecució.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 16 a 21), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en el ordinal 885 de la Ley Federal del Trabajo, disponga lo conducente para la elaboración del proyecto de laudo y emita el mismo; lo anterior, en los autos del juicio laboral 150/2015, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Disponer lo conducente para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo y se concluya con el dictado del mismo. Luego, a través del oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de abril de la presente anualidad (fojas 34 a 43), la presidente árbitro del tribunal responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que mediante proveído de diez de abril dictó el laudo del expediente laboral 150/2015 de su índice. Lo anterior, sin que pase inadvertido que no obre constancia por parte de la responsable, respecto de la constancia de notificación de dicha resolución laboral a las partes; sin embargo, ésta queda suplida por la notificación efectuada por este órgano jurisdiccional respecto de dicho cumplimiento, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Es aplicable al respecto por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "***Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual en cumplimiento al fallo protector remite copia certificada del laudo emitido el diez de abril del año en que se actúa, en el expediente laboral 150/2015 de su índice. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado con las referidas documentales, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibidos que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la sentencia y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad , a través del cual por las razones que expone en el libelo de mérito, solicita le sea concedida una prórroga para cumplir con el fallo protector. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se le concede al ente responsable de referencia una prórroga de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, a efecto de que acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que dé cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 26 y 27).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 16 a 21), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de la Materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las Juntas y Tribunales Laborales, no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son Organismos Jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la Ley de Amparo, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: ... percibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Finalmente, devuélvanse al Tribunal de referencia, las constancias relativas al acto reclamado.
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