Rogelio Bautista Canela

Expediente 2041/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2041/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Bautista Canela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó el amparo en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".Deje sin efectos la data lejana contenida en el acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral **/2017-C, señale una nueva fecha en la que tendrá verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas de inspección ocular admitida a la parte actora en el juicio laboral de origen, ciñéndose al lapso previsto por el artículo 883, primera párrafo, de la Ley Federal del Trabajo (diez días hábiles), haciéndola del conocimiento oportuno de las partes." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable en proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, hizo constar que no existen pruebas por desahogar y otorgo un término de tres días a las partes para que manifestaran su conformidad, dentro del juicio laboral **/20177/11-C de su índice; lo anterior de manera fundada y motivada. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una partes se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Que en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    Vista la copia certificada del oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Jalisco, mediante el cual, remite el diverso oficio signado por la Presidenta Auxiliar de la Décimo Primera Junta Especial de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con el que acompaña copia certificada de la actuación de cuatro de septiembre pasado, dentro del juicio laboral 26/2017-E de su índice. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables Presidente y actuario Notificador adscritos a la Décima Primera Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo emitida en autos, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Asimismo, que las aludidas autoridades responsables fueron notificadas del proveído señalado en el párrafo que antecede el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, como se aprecia de los acuse de recibo de los oficios 45618/2018 y 45619/2018, sin que a la fecha haya informado sobre lo requerido. II. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las autoridades responsables Presidente y actuario Notificador adscritos a la Décima Primera Junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, informe el estado procesal del juicio de origen, es decir, ".Deje sin efectos la data lejana contenida en el acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral DE ORIGEN, señale una nueva fecha en la que tendrá verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas de inspección ocular admitida a la parte actora en el juicio laboral de origen, ciñéndose al lapso previsto por el artículo 883, primera párrafo, de la Ley Federal del Trabajo (diez días hábiles), haciéndola del conocimiento oportuno de las partes.", remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. III. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la que se determina de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL: En Zapopan, Jalisco, siendo las once horas con cuatro minutos del trece de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2300/2017...De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Por lo anterior, es que en el presente caso se pidió la medida cautelar, en esencia, para el efecto de que las autoridades responsables no ejecuten la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada dentro de la visita número ***, que a su vez deriva del expediente **, del índice de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que no le sea aplicada al quejoso, la sanción consistente en la suspensión temporal de los efectos de la revalidación por un mes, y con ello no se le prive o se le impida desarrollar la actividad que realiza. Y, dado que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente. Ahora bien, los efectos de los actos reclamados tienen la naturaleza de actos de tracto sucesivo, ya que tienen por consecuencia la suspensión temporal de los efectos de la revalidación por un mes, y por consiguiente, que poder llevar a cabo la actividad que realiza. En consecuencia, se trata de actos que, según manifestaciones de la parte quejosa, no se han iniciado a ejecutar y por lo tanto no se han consumado, por lo que resultan susceptibles de suspenderse hacia el futuro. Asimismo, existe petición de parte agraviada, pues fue la parte quejosa, la solicitante de la medida cautelar, quien directamente es la afectada con los actos que se reclaman; misma que acredita su interés suspensional con las copias certificadas de la autorización de prestar el servicio de seguridad privada, bajo el registro ***, emitido la Secretaría de Gobernación. En tanto que, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la sanción aplicada en dicho procedimiento administrativo se ejecute, se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo. Además, que dejaría de percibir las remuneraciones que por la prestación del servicio de seguridad privada. Por otra parte, respecto de la orden de publicación de la referida sanción administrativa en el Diario Oficial de la Federación, que emite la autoridad vía resolución de visita número ***, que a su vez deriva del expediente **, del índice de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, este órgano jurisdiccional determina que al encontrarse satisfechos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, la medida suspensional fue solicitada por la parte quejosa, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la quejosa, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados a la moral quejosa para el efecto siguiente: No se publique la resolución reclamada en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de circulación nacional; ello hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, lo anterior es así, toda vez que se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, de continuar o permitirse la ejecución de los mismos. Lo anterior obedece a que, se considera que la presente determinación no encuentra obstáculo del interés público, puesto que, la publicación de datos personales o privados de las personas físicas o jurídicas en el Diario Oficial de la Federación, o en algún diario de circulación nacional, únicamente afecta a la persona moral o física, sobre su imagen y reputación comercial, en este caso, por tratarse la quejosa de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Ello aunado a que existe el riesgo de que, con motivo de la publicación de datos de la empresa de seguridad privada quejosa en los referidos diarios, se ocasionen afectaciones de difícil reparación, pues el daño al prestigio y confiabilidad de la persona moral quejosa que pudiera ocasionarse, puede traducirse a su vez en incertidumbre comercial, respecto a quienes se encuentra dirigido el objeto social de la empresa, y que realicen operaciones comerciales con ésta. Por tanto, a efecto de salvaguardar en forma cautelar los derechos de la quejosa respecto de los daños que pudieran generarse a raíz de las consecuencias de la publicación de sus datos personales en los referidos diarios, en detrimento además de su imagen, honor y reputación comercial, es que se concede la suspensión definitiva. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 112/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos noventa y tres, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva.". En la inteligencia que la concesión de la medida precautoria, se concede única y exclusivamente para los efectos que se precisaron, de tal manera que, si a la fecha de la emisión de esta determinación, ya se publicaron los datos de la persona moral quejosa en el Diario Oficial de la Federación, o en algún diario de circulación nacional, la suspensión no surtirá efecto alguno, toda vez que en dado caso a dicha publicación le revestiría el carácter de consumados. Asimismo, la medida cautelar otorgada no autoriza a la parte quejosa para que deje de observar las regulaciones que al efecto deba acatar, toda vez que la medida suspensional no tiene en forma alguna efectos constitutivos de derechos a favor de la promovente de amparo, los cuales no son propios de este órgano jurisdiccional. Por ello, la concesión de esta medida paralizadora no faculta a la inconforme a inobservar las disposiciones legales que en materia de seguridad privada le correspondan, ya que en ese aspecto, las autoridades respectivas conservarán intactas sus facultades previstas en las diversas legislaciones o reglamentos que en esas áreas rigen, pues insístase, la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o restringe las facultades de las autoridades mencionadas para ejercer sus derechos contenidos en las disposiciones legales aplicables. En razón de lo anterior, se resuelve: PRIMERO. Se niega a la moral quejosa, la suspensión definitiva del acto reclamado, en relación a las autoridades y por los motivos expresados en el segundo considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, por los motivos expresados en el último considerando de la presente resolución.

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